Tigres de Papel • Las tablas de la ley • Francisco Javier Mares
Este martes tocó a Guanajuato la presentación del informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, que elabora la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, con el acompañamiento de la Unión Europea,
Para la Fiscalía del estado, rollos aparte, acatar sus recomendaciones ha de sonar más complicado que seguir las tablas que trajo Moisés.
Las de la oficina del ACNUDH en México, son las siguientes:
a) Incluir como obligación específica la consideración y el agotamiento de una línea de investigación relacionada con los intereses que podrían verse afectados por la labor de la víctima.
b) Promover entre los funcionarios de las fiscalías una sólida comprensión respecto del rol social de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, asegurando que sean registradas como tal desde la presentación de la denuncia.
c) Formar al personal de las fiscalías sobre el efecto inhibitorio provocado por estos delitos y el costo para la sociedad en su conjunto. Promover además que la rendición de cuentas y el derecho a la verdad sean orientados como un derecho colectivo.
d) Asegurar la publicación de indicadores de desempeño por parte de las fiscalías en un informe anual nacional sobre los casos en investigación, las acusaciones y las sentencias, que permita que los datos desglosados sean analizados a nivel nacional para orientar políticas públicas con un enfoque preventivo.
e) Seguir reforzando las medidas destinadas a aumentar la capacidad del funcionariado de las fiscalías para actuar con perspectiva de género, intercultural e interseccional en los casos de estos delitos.
f) Establecer, en línea con lo establecido en el Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, para casos de homicidio, tortura o desaparición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la obligación para el agente del MP de solicitar la realización de un análisis de contexto mandatorio.
g) Priorizar la judicialización y resolución de las investigaciones por amenazas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Asimismo, elaborar y distribuir herramientas que fortalezcan las capacidades para investigarlo.
h) Adoptar lineamientos de actuación para casos en los que existen indicios o señalamientos de participación de funcionarios públicos en la comisión de los delitos denunciados.
i) Determinar criterios de priorización para aplicar la facultad de atracción por parte de la FGR, cuando la ley lo permita. Cuando no se atraigan los casos, considerar la adopción de un rol de colaboración y coadyuvancia a las investigaciones del fuero local.
j) Dotar a las fiscalías de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar que las investigaciones se realicen conforme a los principios generales de debida diligencia.
k) Retomar los trabajos para la construcción de un protocolo homologado de investigación, a través de consultas con las y los operadores de justicia que lo implementarán, y con la participación de sociedad civil.
l) Promover un proceso de evaluación de la implementación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
m) Garantizar la participación de sobrevivientes y familiares de las víctimas en las investigaciones y, particularmente, brindar información sobre los avances de estas y facilitar el acceso pleno a la carpeta de investigación.
n) Evaluar inmediatamente tras la presentación de la denuncia la necesidad de protección a las víctimas y, en su caso, otorgar las medidas pertinentes y dar seguimiento a su implementación adecuada.
o) Implementar un programa sistemático de formación teóricopráctico, especializado sobre delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas, para agentes del MP, policías de investigación y peritos, y asegurar su participación, así como la evaluación subsecuente.
p) Identificar y compartir buenas prácticas de las fiscalías en el desarrollo de investigaciones sobre delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Considerar hacerlo a través de recopilaciones por tipo de delito.
Estas son prioridades en el fortalecimiento democrático del Estado Mexicano. No adoptarlas en el plazo de cinco años implica que la violencia reiterada contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas no cesará, lo que afecta directamente el goce de los derechos humanos para todas y todos, asienta el Informe.
Todos juntos ya
Para el Gobierno de Guanajuato, la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es una convicción ética y una obligación que se asume con seriedad. Ejercen la vigilancia ciudadana que todo gobierno necesita y su labor debe ser garantizada con herramientas técnicas, sensibilidad y voluntad institucional, respondió la Gobernadora Libia García al Informe en el feudo de la Fiscalía.
Se encontraron allá, como en crónica de sociales: Gerardo Vázquez, el Fiscal estatal; Ricardo de Sousa Cancela, Oficial en el despacho del ACNUDH en México; Angélica Casillas, Presidenta en turno del Congreso local; Alma Delia Camacho, jefa del Poder Judicial del Estado; Maia Campbell, en representación de Humberto Henderson, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Jaime Fernández Rúa, con la representación de la Embajada de la Unión Europea; Karla Alcaraz, Procuradora estatal de los Derechos Humanos; Jorge Jiménez, el secre de Gobierno, y reporteros y colectivos de búsqueda y estudiantes y…
Que el informe documenta retos y experiencias positivas en la investigación de delitos contra estos gremios, y reconoce la disposición de Guanajuato para dialogar con organismos multilaterales y fortalecer sus capacidades institucionales, difundió la oficina prensa del Gobierno del Estado.
Libia diría que durante el último año, el gobierno estatal extendió medidas de protección a 50 personas, de las cuales 34 son periodistas y 16 personas defensoras de los Derechos Humanos, además de activar 87 acciones proporcionales al nivel de riesgo, “con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus derechos.”
Ya para terminar, la gobernadora llamó a los periodistas, a las personas defensoras, a las instituciones y a la sociedad en general, a hacer de este informe “un estándar de actuación y un compromiso compartido.”
Todo mundo asintió.
(A)La Jaula
Que regrese Rigo
Ido Rigo, a los animalistas no les cayó en gracia su relevo en la dirección del Zoo León. Que Alejandro de Jesús Román Salazar, llegado de Tijuana, hace sonar peor el remedio que la enfermedad. Más/ menos, que de allá lo corrieron por lo mismo que acá se fue ‘el profe’. Alejandra Gutiérrez, la Alcaldesa, arguye que a ella nada dijeron de irregularidades los ‘cazadores de cabezas’ contratados. Y mire que cobraron más de 400 mil pesillos.
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‘X’: TigresDePapel