Usos y costumbres

Aquí le adelantamos la puesta en marcha del programa de regularización de los usos del suelo, que emprendería la administración municipal que preside la alcaldesa, Bárbara Botello.

Le informamos que comenzaría con los expendios de bebidas alcohólicas, en cualquiera de sus modalidades, y advertimos que el episodio de la empresa transportista de la familia de un diputado federal panista, era apenas el comienzo de las inconformidades que se harían sonar en la ciudad.

Bien, pues el turno es para otro personaje panista, nada menos que la exsecretaria del Ayuntamiento y (todavía) aspirante a la candidatura de Acción Nacional a la presidencia municipal de León, Mayra Enríquez Vanderkam, a quien los señores de Fiscalización le clausuraron su despacho de abogada, sí, por carecer del permiso de uso del suelo, correspondiente.

La historia nos la cuenta completita, la propia autoridad municipal. La Dirección de Verificación Normativa, denominación en turno para la vieja dirección de Reglamentos municipales, clausuró dos oficinas -que operaban sin permiso vigente de uso de suelo-, en la colonia Lomas del Campestre, en la calle Lomas del Sáuz 107 y 109, para más señas.

Dicen en el municipio que el proceso administrativo inició desde el 25 de junio de 2012 -cuando Mayra ya había renunciado a la secretaría del Ayuntamiento, pero todavía en la administración de su compañero de sector y de partido, Ricardo Sheffield-.

Que el 9 de julio del mismo año, se realizó una visita de inspección y la Dirección de Verificación Normativa, comenzó a dar entrada a quejas de los vecinos -fechadas el 12 de abril de 2013 y 23 de julio de 2013- en las que solicitan más inspecciones a esos inmuebles.

Una de las inconformidades, está firmada por la Asociación de Colonos de Lomas del Campestre de León AC., y su queja es muy concreta: “sabemos que no cuentan con permiso de uso de suelo, además de los problemas que nos ha generado respecto de no contar con suficiente estacionamiento y en ocasiones invaden la zona”.

El gobierno municipal, subraya que por acuerdo del Ayuntamiento -13 de octubre de 2011-, durante la administración panista de Sheffield Padilla, se aprobó la subclasificación al fraccionamiento Lomas del Campestre con el sufijo “F” que prohíbe la instalación y operación de cualquier uso de suelo que no sea habitacional.

Y las licencias como “oficina radiofónica o telefónica” (?), con las que funcionaba el despacho de Mayra Enríquez, ya habían vencido, además, sin posibilidad de renovación dada la clasificación de la zona.

Para Mayra Enríquez, la exsecretaria del Ayuntamiento, se trató de un mero “acto de autoritarismo” de la Dirección de Verificación Normativa. Pronto el asunto fue la comidilla doméstica en las redes sociales.

Adolfo Enríquez, hermano de Mayra, escribió en Facebook, que la exfuncionaria cuenta con el permiso de uso de suelo, el estudio de Bomberos, el de impacto ambiental; y la constancia de Protección Civil. Se quejó de no recibir respuesta a su solicitud de renovación de la licencia del uso de suelo.

Mayra, calificó de “indignante, que el poder se utilice como arma contra los críticos y no como herramienta del bien común”.

Obviamente, también habló el dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling -quien comparte con Mayra la mesita de los miércoles azules en la plaza principal-, y dijo que la clausura del despacho, prueba que la Administración de Bárbara Botello es visceral y aplica la ley 'del garrote' a sus adversarios políticos.

Para Alfredo Ling, el cierre del despacho de Mayra fue una reacción de la Alcaldesa a las críticas que ella había hecho.

Ayer mismo, la alcaldesa, Bárbara Botello, declaró que pese a la amistad que tiene con Mayra Enríquez -en no pocas ocasiones han coincidido en la defensa de género-, su gobierno tuvo que cerrar el despacho de la abogada, simplemente porque no tiene la licencia de uso de suelo.

Mayra Enríquez, con experiencia como regidora, secretaria del Ayuntamiento y diputada, abogada además, sabrá defender lo que a su derecho corresponda, la pregunta en el aire es: ¿vamos a tener un escandalito cada que la autoridad municipal tope con una finca propiedad de alguien, digamos, notorio?

¿No habíamos superado ya, eso? Son preguntas, nada más.

Van 17

Que la administración del gobernador Miguel Márquez, ha presentado, vía la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, nada menos que 17 denuncias penales en contra de funcionarios del gobierno de su antecesor y compañero de partido, Juan Manuel Oliva Ramírez.

Eso es lo que responde la Unidad de Acceso a la Información Pública, a la solicitud, de: “Información del origen y número de resolutivos, dictámenes o conclusiones que se han remitido a la Procuraduría de Justicia del Estado para acción penal por irregularidades detectadas, así como los nombres y cargos de los presuntos responsables de las diferentes instancias estatales y en su caso municipales de los ejercicios fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 1er. semestre del 2013”.

De esas denuncias, 11 se generaron en auditoría gubernamental, una de auditoría de Obra Pública y cinco por la mera presunción de hechos “probablemente delictuosos”.

Las denuncias, precisa, Eduardo López Goerne, coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Guanajuato, se presentan “contra quien resulte responsable”.

Y a la selección que hace el funcionario, habría que agregar la que presentaron en la PGR los diputados priistas, quienes sospechan de malos manejos en la compra de terrenos para la refinería, el tren interurbano, el Parque Bicentenario y pare usted de contar.

La Jaula

Que ahora sí, ya mero llega la paisana Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, recién trasladada de Florida (EUA) a un centro de detención en Luisiana, como aduana para seguir a México. Ávila Beltrán, de 52 años, se encuentra bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas, desde el pasado 30 de julio.

Sandra Ávila, extraditada a Estados Unidos hace un año, se declaró culpable del delito de “asistencia económica” a un narcotraficante convicto ante el tribunal de Miami. La mujer fue entregada al ICE tras cumplir 70 meses de cárcel, sentencia que le fue impuesta por un juez federal de Miami, que consideró cumplida su pena al computar el tiempo que estuvo en reclusión en México y Estados Unidos.

El caso comenzó acá, si lo recuerdan. Un mero dato para el anecdotario.

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