Parentalidad y buenos tratos • Implicaciones y derechos al vivir en una casa hogar• Gaudencio Rodríguez Juárez
En una reciente entrevista que me hicieron acerca de las niñas, niños y adolescentes viviendo en instituciones residenciales o casas hogar, me preguntaron hacia lo siguiente: “si tú fueras uno de ellos y pudieras pedir algo, ¿qué sería?”.
Después de todo lo que me habían hecho reflexionar las preguntas de la interesante entrevista mi respuesta fue: “pediría que mientras vivo en la casa hogar me digan cuáles son mis derechos humanos, su alcance e implicaciones, dónde y a quién se exigen, y, sobre todo, desearía que existan los canales adecuados y suficientes para poder exigirlos”.
Y es que, en la actualidad, las niñas, niños y adolescentes que viven en las instituciones residenciales difícilmente pueden exigir sus derechos humanos. Muchas veces por desconocimiento, y en otros casos por la dificultad que existe para hablar con las autoridades correspondientes.
La sociedad sigue siendo adultocéntrica. Las niñas, niños y adolescentes siguen siendo considerados objetos propiedad de sus padres/madres o del Estado. Esto a pesar de que por ley deberían ser considerados sujetos de derecho.
Lo anterior genera que desconozcan sus derechos. Los muros de la institución los aíslan de la sociedad y les impiden conocer e interactuar de manera suficiente con las instituciones y autoridades que deberían resolver su situación familiar, administrativa o jurídica.
Ante la pregunta que me hicieron vino a mi memoria un caso de un niño que atendimos en una casa hogar en la que laboré hace años.
Se trató de, llamémoslo Ulises, un niño de ocho años de edad que llegó a la institución teniendo cuatro por negligencia y abandono de sus padres. Al principio la procuraduría auxiliar de protección de niñas, niños y adolescentes en turno hizo el trabajo correspondiente: atendió la denuncia de maltrato, lo trajo a nuestro centro de asistencia social o casa cuna y comenzó a investigar la situación.
Por un tiempo nos mantuvieron informados acerca de lo que iban encontrando y nosotros se lo informábamos a Ulises y lo acompañábamos en sus estados emocionales que se activaban. Sin embargo, después de un tiempo los comunicados de la autoridad se fueron espaciando. Luego, con el cambio de administración llegó personal nuevo y el caso se quedó en el limbo.
Los meses pasaron y se convirtieron en años. Durante este tiempo se logró retomar el contacto con la nueva procuradora auxiliar. Entre que la pusimos al tanto del caso (porque al parecer cuando ella tomó el cargo no existía expediente del niño, ¡se había extraviado!) y retomó las investigaciones pasó mucho tiempo.
Para entonces Ulises presentaba muchos problemas en la institución. Su comportamiento era impulsivo, agredía a las niñas, niños y a sus educadoras, no colaboraba, se aislaba, presentaba problemas y desmotivación para el aprendizaje, etcétera. El equipo hacía todo para sostenerlo.
Su psicoterapeuta trabajaba de manera constante. Un día, con cierta desesperación me comentó que sus recursos terapéuticos se estaban agotando y que no lograba que Ulises mejorara. Lo que más le preocupaba eran sus rasgos depresivos. Estaba muy triste al mismo tiempo que enojado. “Qué tal si como director de la institución hablas con él para ver si te dice algo en lo que lo podamos ayudar”, me propuso mi colega.
Así lo hice. Ulises y yo nos conocíamos, pues aun teniendo funciones administrativas mantenía una relación con las niñas y niñas que generaban un vínculo de familiaridad y confianza. Desde la seguridad que da el vínculo le dije que estaba al tanto de su situación y de su comportamiento y que seguramente este era consecuencia de algún malestar y que me gustaría conocerlo para saber cómo ayudarlo.
Con sus ocho años de edad y la claridad que tenía sobre su necesidad, así como con el enojo acumulado desde no sé cuánto tiempo me dijo: “Es que yo ya me quiero ir de aquí con unos papás y nadie me dice cuándo me iré. Otros niños llegaron después que yo y ya se fueron. ¡Quiero saber qué va a pasar conmigo! Quiero que los del DIF vengan a decírmelo (así los identificaba)”.
Quería aquello a lo que tenía derecho: información y vivir en una familia, no en una institución.
Hablamos con la procuradora auxiliar. Le compartimos las palabras de Ulises y le pedimos que viniera a explicarle la evolución o estado de su caso, así como a escuchar de viva voz sus demandas. Así lo hizo. Vino, lo escuchó y en un primer momento sólo atinó a decir: “Qué ternura”. Era claro que no alcanzó a detectar la pertinencia, profundidad y urgencia de las palabras del niño, por lo que amablemente le invité a que respondiera a sus inquietudes y se comprometiera con él. Titubeante le respondió y se comprometió a resolver su situación con la celeridad posible. Afortunadamente cumplió.
Cada avance en los procesos y procedimientos se lo informábamos a Ulises, y gracias a esto su estado de ánimo y su comportamiento se fue organizando y estabilizando.
Conocer este tipo de situaciones es lo que motivó mi respuesta en la entrevista. Las niñas, niños y adolescentes que viven en los centros de asistencia social o casas hogar necesitan y es su derecho saber en todo momento acerca de su situación para que su salud mental no quede comprometida. No son objetos inanimados, sino sujetos con subjetividad propia, con un mundo interno que requiere predictibilidad y figuras de apego seguro. Es su derecho que esto sea garantizado.
Psicólogo / gaudirj@hotmail.com