Parentalidad y buenos tratos • El derecho a vivir en familia • Gaudencio Rodríguez

En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño encontramos que todas las niñas, niños y adolescentes, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Tienen derecho a vivir en familia. Sin embargo, en México miles de ellas y ellas tienen ese derecho vulnerado y con éste, en muchos casos, otros más: el derecho a la identidad, a la educación, a la salud, a la no discriminación, a la participación, etcétera.

Sólo podemos decir que son miles debido a que aún hoy no existe un censo preciso a pesar de los esfuerzos y resultados parciales al respecto.

En los últimos años se viene informando que se trata de 29,000 niñas, niños y adolescentes viviendo en centros de asistencia social o casas hogar. No obstante, en una proyección elaborada, casi dos décadas atrás, en el 2006 o 2007, por el Sistema Nacional DIF y basada en las estimaciones de crecimiento del Consejo Nacional de Población (Proyecciones de la Población de México 2005-2050), se estimó que, de continuar las tendencias sociodemográficas de aquel tiempo, para el año 2010 tendríamos aproximadamente 29,310 niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales e institucionalizados. 

No podemos pensar que quince años después del 2010 la cifra siga siendo 29,000. Esto ocurriría si como país se estuviera trabajando en la creación de políticas públicas y programas para la prevención de la pérdida de los cuidados parentales y para la restitución del cuidado parental donde hubo dicha pérdida, lo cual, sin negar los esfuerzos, no está sucediendo de manera significativa.

Se estima que cerca de 5 millones de niñas, niños o adolescentes están en riesgo de perder el cuidado de su familia por causas estructurales, como la pobreza, las adicciones, la violencia familiar, la ruptura del tejido social, el desempleo, la migración o procesos judiciales.

Aun cuando se desconoce con precisión cuántos son, dónde están y en qué condiciones viven las niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales, así como los que viven en centros de asistencia social —observación hecha a nuestro país por parte del Comité de los Derechos del Niño, de la Organización Naciones Unidas desde el 2006—, algunos avances se han logrado.

El Estado Mexicano poco a poco ha ido atendiendo el tema, aunque no sea al ritmo que la realidad de este sector de la población requiere.

Aún son muchas niñas, niños y adolescentes viviendo estancias prolongadas e injustificadas en los centros de asistencia social, a las que se les suma la incertidumbre de no saber por qué están ahí ni cuándo y con quién egresarán (debido a que en muchos casos no se les explica tal cosa). Lo anterior es fuente de sufrimiento además de violación a sus derechos humanos.

Es sabido que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que viven en los centros de asistencia social tienen progenitores; los cuales atraviesan por juicios de pérdida de patria potestad, o están en procesos de fortalecimiento familiar para reintegrar a su hija o hijo cuando las condiciones lo permitan. 

Pero desafortunadamente, existen casos en los que no hay un plan de restitución de derechos humanos claro. Lo cual trae como consecuencia que muchas niñas, niños y adolescentes se mantengan en un futuro incierto, creciendo y creciendo sin que su derecho a desarrollarse en un entorno familiar se haga realidad, condenados a convertirse en mayores de edad en una institución, para después salir a una sociedad donde nadie los espera. Esto es violencia institucional. La pregunta es: ¿quién se hace responsable de esto?

En los últimos tiempos se empieza a trabajar en programas de fortalecimiento familiar en aquellos casos donde aun cuando existió cierta negligencia o vulneración de derechos, esto no fue lo suficientemente grave como para promover la pérdida de patria potestad. Se trata de proporcionar recursos para la revinculación de la hija o hija, posibilitando de esta manera el egreso de la institución, como mencioné antes.

Cuando la pérdida de la patria potestad fue el resultado de las medidas de protección, la adopción puede ser la alternativa familiar definitiva. De manera permanente existen muchas niñas, niños y adolescentes con este trámite resuelto, es decir, susceptibles de adopción, que, no obstante, siguen viviendo en una institución residencial. ¿Por qué? Una de las principales razones es porque no empatan con las expectativas de los adoptantes. Se trata de niñas y niños grandes, adolescentes, o con alguna discapacidad o enfermedad, o grupos de hermanos.

Lo llamativo es que esta problemática está identificada desde inicios de siglo por las autoridades competentes (en el Diagnóstico de la Adopción en México, hecho por el DIF Nacional en 2006 o 2007). La pregunta es: ¿qué se ha hecho en estas dos décadas al respecto? Detectar el problema fue un primer paso, pero no el definitivo. Tengo la impresión que nuestro país se ha quedado estancando al respecto. Hay mucho por hacer, comenzando por difundir esta información; enfatizar el derecho de la niña, niño o adolescente a la adopción independientemente de sus características y condición; proporcionar apoyos a quienes adoptan a este sector infantil y adolescente; contribuir a la cultura de la adopción; etcétera.

Definitivamente, se puede hacer más. No se puede quedar en la generación de diagnósticos sobre la situación sin actuar en consecuencia.