Desde una pluma insistencialista • Prudencia obliga: el Fiat notarial que debe esperar • Iovana Rocha Cano
“…La grieta ética que se abre con esta situación no solo afecta a la secretaria; también daña la credibilidad del gobierno que representa y, por ende, a la gobernadora…”
La secretaria de Honestidad, Arcelia González, ¿es la funcionaria idónea para ser notaria? En un estado donde la impunidad y la falta de respuesta a las denuncias de violencia contra las mujeres en espacios laborales son una realidad cotidiana, la posibilidad de que su titular se postule para un cargo que requiere transparencia y honestidad, resulta no solo cuestionable, sino mensaje negativo a las víctimas. La semana pasada, en esta misma columna, abordé los altos números de denuncias no atendidas por la secretaria de Honestidad, y hoy, la posibilidad de que Arcelia González se postule para notaria es un ejemplo de la cultura de la impunidad que contradice los afanes de la gobernadora.
En medio de estas semanas de cuestionamiento a los resultados de una secretaria que se anunció, a inicio del sexenio, como un espacio de actuación estratégica para abatir la corrupción y malas prácticas, el anuncio de la presencia de la secretaria entre las y los postulantes para obtener una notaría en Guanajuato ha generado un consenso de sorpresa y rechazo. La noticia ha sido recibida con incredulidad, especialmente porque la secretaria había mantenido una postura pública de mayor cuidado y prudencia en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión, su defensa de lo indefendible ha sido sorprendente: “Estudiamos lo mismo, participamos de manera integral; no se me dio ninguna oportunidad distinta a la de los ciudadanos”. Esta declaración ha generado más preguntas que respuestas, ¿acaso no es responsabilidad de la secretaria de Honestidad garantizar la transparencia y la rendición de cuentas?
La respuesta de Arcelia González, acompañada de otros (no) argumentos en torno a la validez de lo que calificó como 'su decisión', fue igualmente desconcertante. La mujer inteligente y prudente que hemos visto en otros momentos, esta vez se mostró lejos de toda prudencia y consciencia de las implicaciones que conlleva su cargo. Intentó, sin éxito, legitimar una aspiración personal en condiciones supuestamente simétricas a las de cualquier otro postulante, ignorando que su posición de poder como integrante del gabinete estatal central la excluye de esa igualdad. En realidad, su participación en el concurso es un ejemplo claro de conflicto de intereses, donde su posición le otorga una ventaja injusta.
No ha lugar a defender que una secretaria de estado se equipare en ejercicio de derechos con el resto de la ciudadanía, no en un frágil estado de derecho donde el conflicto de intereses se disfraza de "legalidad". La ausencia de impedimento legal para su participación no es sinónimo de legitimidad ética. La grieta ética que se abre con esta situación no solo afecta a la secretaria; también daña la credibilidad del gobierno que representa y, por ende, a la gobernadora Libia Dennise, con quien se sabe que tiene una amistad cercana. Esto último es un hecho conocido, gracias a sus propias publicaciones y testimonios en el círculo de amistades e intereses que se construye con los años en trayectorias políticas compartidas.
Al asumir con terquedad la aspiración, la secretaria de la Honestidad parece relegar sus méritos académicos, de formación y experiencia que, sabemos, también ha cultivado. No es el momento de un concurso notarial, donde el resultado, previsiblemente, será visto como un acto de privilegio más que de mérito. La primera en cuidar su trayectoria de cualquier suspicacia debe ser ella; ahora mismo, se ha puesto en un riesgo innecesario para el tipo de carrera política que ha ido construyendo.
En las condiciones actuales, el ansiado fiat notarial representa un alto costo personal que no se equipara con cualquier beneficio que pueda obtener la servidora pública concursante. Es más, la lectura pareciera ser más de autosabotaje que de estrategia política. Arcelia González ha tenido un veloz crecimiento en los espacios públicos en los últimos años: diputada local, magistrada y hoy secretaria estatal, velocidad que no suele ser común para las mujeres, no para todas, no siempre. Esos ‘niveles de velocidad en crecimiento’ deben ser administrados para que no deriven en extravío. La gobernadora, ahora mismo, es un ejemplo de administración de carrera política; mide cuidadosamente sus movimientos.
Me parece indispensable que Arcelia construya nuevas narrativas discursivas que la alejen de los lugares comunes y la coloquen en un liderazgo femenino disruptivo, capaz de reconocer que el debate no es solo legal, sino ético. Como servidora pública de alto nivel, no puede permitirse reducir su participación a un simple "no tengo impedimento", ignorando la percepción pública y el impacto que su acción tiene en la credibilidad institucional. Liderazgos como el suyo deben trascender la narrativa de la "legalidad a toda costa" y asumir la responsabilidad de actuar con integridad, priorizando el compromiso presente que tiene al frente del gabinete estatal.
En este sentido, recurrir al principio de legalidad "lo permitido" y evadir el debate de fondo, la decisión ética, es un error estratégico para una mujer que siempre se había exigido otros estándares en su desenvolvimiento público. Un paso atrás en la construcción de un liderazgo auténtico y disruptivo, podría dejar una huella indeleble en su carrera y en la percepción pública de su compromiso con la integridad.