Desde una pluma insistencialista • Samantha Smith privatiza el agua • Iovana Rocha

El gobierno panista de la capital de Guanajuato convirtió lo público en negocio personal y familiar. En Guanajuato todo se vende si hay quien lo compre. Hace meses lo hizo con calles y banquetas: las entregó a particulares para todo tipo de negocios. No importa el tamaño ni el giro. Todo se negocia, se autoriza y se cobra.

Autorizan eventos cuyos ingresos no se reflejan en la ciudad. Lo único que impacta son las molestias y los efectos colaterales a los habitantes.

Un gobierno que todo vende.

Lo han cooptado todo. Incluidas voluntades y votos de varios integrantes del Ayuntamiento que votan sin recato se hacen los que no ven y hasta viajan con ella a (re)conocer España.

En esa vorágine de complicidades, la voz de Víctor Larios sigue estoica. Otras se sumarán por algún disenso, pero luego liman asperezas en eventos donde acuden en representación de la presidenta Samantha Smith, no del Ayuntamiento. Como si fuera presentable tal representación.

En ese sistema de ventas e intercambios discrecionales, implementado por la panista Smith Guerrero y tolerado por autoridades dentro y fuera del gobierno, hoy amenazan con descarrilar el Consejo Directivo del SIMAPAG en su próxima renovación parcial.

La convocatoria se emite para cumplir formalidades que poco importan. La realidad: los perfiles ya están decididos. El común denominador de los elegidos es la cercanía con la presidenta o su familia.

La manipulación y el desaseo que ya se anuncian pueden agravarse con las designaciones. No es menor el hecho. En entrevista con Gustavo Lozano, abogado de Acción Colectiva Socioambiental A.C., la utilidad de los Consejos dista mucho de ser un espacio de colocación:

“…Lo primero que hay que decir es que Guanajuato, como prácticamente la totalidad de los municipios del estado, enfrenta un escenario hídrico complejo, marcado por limitaciones estructurales en la disponibilidad de agua, presión creciente sobre las fuentes de abastecimiento y una demanda en aumento… En este sentido, los organismos operadores de agua, como el SIMAPAG en Guanajuato, la JAPAMI en Irapuato o el SAPAL en León, son entidades paramunicipales creadas con el objeto de asumir la responsabilidad de prestar de manera “más eficaz” el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; responsabilidad que originalmente, y por mandato constitucional, corresponde a los municipios.

Bajo esta lógica, los organismos operadores, ahí donde existen, son la ‘autoridad municipal del agua’ y, a su vez, los consejos directivos son la instancia máxima de decisión y conducción de esos organismos.

Desde este punto de vista, el diseño e integración de los Consejos Directivos de los organismos operadores de agua, a cargo de los Ayuntamientos, es en mi opinión, un asunto de interés público críticamente importante y su designación adquiere un significado especial, pues las y los consejeros tienen la responsabilidad de decidir -con autoridad pero también con base y en apego a la ley- de qué manera y a través de cuáles políticas públicas el organismo operador distribuye el agua entre los diferentes grupos de la sociedad, incidiendo directamente en la garantía del Derecho Humano al Agua de las y los ciudadanos, determinando incluso -en un contexto de escasez- quién o quiénes reciben más o menos agua. Esto implica que el consejo directivo de un organismo operador no sólo administra un servicio, sino que define, en los hechos, las reglas de acceso a un bien público esencial, impactando directamente la vida de las personas…”

En la lógica política de Samantha Smith ocurre justo lo contrario. El Consejo no será autoridad del agua: será extensión del apellido.

Una persona en el proceso actual lo cuenta, en anonimato: “Ha sido complicado. Sacaron la convocatoria en Viernes de Dolores y luego cerraron la Presidencia. La constancia de residencia tarda 48 horas. Los tiempos fueron limitados. No se dan a conocer los perfiles inscritos ni se toma en cuenta la opinión ciudadana. A la fecha no hay currículums publicados. No hay evaluación ni entrevista. La designación es discrecional”.

Para el experto y activista Gustavo Lozano, los consejos de agua —y el recurso vital mismo— se han convertido para las autoridades, en este caso para Samantha Smith, en botín político y económico:

“…El riesgo no es menor. Cuando los organismos operadores se convierten en botín político o económico, pierden su capacidad de gobernar el agua con criterios de equidad, sustentabilidad y largo plazo. Hay que decirlo con claridad: quien controla el agua, controla las condiciones de vida de una sociedad. Por eso la captura de estos espacios no sólo es un problema administrativo, es un problema de poder…”.

En la misma reflexión, Lozano desnuda el origen de la manipulación en los modelos de consejo ‘ciudadanos’:

“…Los consejos directivos no son órganos electos por la ciudadanía, no responden a procesos abiertos ni deliberativos y, en la práctica, no garantizan pluralidad ni diversidad. Por eso, aunque formalmente se presentan como espacios ciudadanos, no suelen representar a las y los usuarios del agua, sino a ciertos sectores influyentes. A esto se suma una cuestión de fondo: la visión del agua que predomina. Con frecuencia, el agua se entiende como un insumo económico, un recurso a administrar o a distribuir eficientemente, y no como un derecho humano que debe garantizarse con criterios de equidad, accesibilidad y justicia. Esa diferencia no es menor: determina el tipo de decisiones que se toman. Este modelo ha facilitado procesos de captura institucional…”.

El abogado Lozano Guerrero es preciso sobre perfil y experiencia:

 “…Un consejo directivo no necesita especialistas, pero sí personas con criterio, independencia, capacidad de deliberación y compromiso con el interés público. Cuando esas condiciones no se cumplen, las decisiones se toman sin cuestionamiento, sin debate real y, en el peor de los casos, alineadas a intereses particulares. El riesgo no es la ausencia de pericia técnica, sino la falta de autonomía y de integridad. Un consejero sin conocimientos técnicos puede apoyarse en el aparato institucional; un consejero sin independencia o con conflictos de interés compromete el sentido de las decisiones. Por eso, más que preguntarnos si tienen perfil técnico, hay que preguntarnos: ¿a quién representan?, ¿qué intereses tienen?, ¿qué capacidad tienen de cuestionar y de sostener decisiones en favor del interés público...”

Una lista publicada por distintos medios destaca a las y los finalistas para el encargo. A manera de serpientes y escaleras, se ubican perfiles con integrantes actuales del gobierno, de su presente o de su pasado. La condición de “ciudadanía” que promueve esa lista está estrechamente vinculada a las historias y entramados del poder de quienes hoy deciden.

Una convocatoria con nueve requisitos mínimos. Ninguno contempla la afinidad o subordinación con la autoridad municipal. Parece que ‘ese décimo requisito’ es la supra línea de los usos y costumbres de un gobierno familiar.

De acuerdo con el testimonio de una persona que participa en el proceso, las designaciones recaerían en: Ludovico Mata, Patricia Elain Sánchez Stevenson y Minnette Leticia Rodríguez González. Podrían sumarse Luis Eligio Rubalcava Moreno y Salvador Alejandro Jaime Arroyo.

Samantha Smith no nombra aliados en Guanajuato Capital. Asegura operadores. No reparte cuotas: controla válvulas. Mantiene la lógica patrimonialista porque en un escenario de crisis hídrica, quien controla el SIMAPAG controla contratos, obra, pozos y facturación. No es favor. Es negocio. No tienen pudor

El sello de la casa panista de la capital es el nepotismo filial y el político. Pecados que no apuran a la misma clase política que en mayo estará en primera fila de las procesiones. Se persignan con una mano y con la otra blindan el agua. No colocan a los suyos por lealtad. Los colocan para quedarse con el recurso. En plena escasez, el SIMAPAG no es favor político: es activo económico. El resultado lo conoceremos en mayo. No importan los fieles. Importa quién cobra el recibo