Desde una pluma insistencialista • Jessica Magdalena: No falló la Alerta. Falló lo ordinario • Iovana Rocha
"Estuvo 7 días en la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas (UIPF). La Alerta tiene 2 años. La violencia contra mujeres lleva más de una década creciendo en Guanajuato. El problema no es el mecanismo: es que prevenir no está en la agenda de gobierno."
Jessica Magdalena Flores tenía 33 años. Desapareció el 10 de junio en el municipio de León. Su cuerpo fue localizado el 14 de junio en un camino rural entre León y San Francisco del Rincón, pasó siete días en la UIPF sin que su familia fuera notificada. Se enteraron el sábado, después de bloquear el bulevar López Mateos.
El bloqueo no fue “caos vial”. Fue la declaración pública de que la vía institucional había fallado. Cerrar una calle es declarar que todas las ventanillas oficiales ya estaban cerradas.
Y aquí hay que decirlo claro: No falló la Alerta de Género. Falló la política ordinaria. La que obliga a estados y municipios a establecer presupuesto considerable para atender las realidades. La que obliga a tener personal capacitado, protocolos útiles, procesos con perspectiva de género. Falló que en la agenda pública existe la urgencia y la demanda, pero en la agenda de los gobiernos no es prioridad ni la violencia ni la desaparición de las mujeres y niñas.
Falló la Fiscalía. Una Fiscalía que confunde la entrega de los cuerpos a las familias y con esto las revictimiza. Una Fiscalía que desdeña la capacitación como un proceso
permanente y la supervisión del personal para garantizar el acompañamiento con
perspectiva de género, y esto lo constatamos en las denuncias de las víctimas y las familias. Con Jessica no fue la excepción.
Falló el Estado. Convertir al IMUG en la Secretaría de las Mujeres no impactó la erradicación de la violencia feminicida. Cambiar de nombre sin presupuesto ni peso político no sirve. La Secretaría se enfoca en eventos, conferencias y sensibilizaciones. La política pública de atención transversal no existe. La Tarjeta Rosa es transferencia, no prevención. No atiende las causas estructurales de la violencia feminicida.
Y los nombres importan. Alejandra Gutiérrez e Itzel Balderas son dos mujeres en posiciones de poder. Tienen una voz cuyo alcance tendría repercusiones. No nombran. No mencionan. No lo dicen. Todo indica que, a Alejandra Gutiérrez, en su segundo periodo ahora en Movimiento Ciudadano, poco o nada le interesó aprender sobre la violencia feminicida.
El 10 de agosto de 2023, con Alejandra Gutiérrez como alcaldesa, ocurrió el feminicidio de Milagros Monserrat. El 14 de enero, Denisse, 12 años, sobrevivió a un ataque: le cortaron el cuello. Denisse pidió ayuda. La reacción tardó. No hay aprendizaje. Las condiciones que rodean la vida de las mujeres favorecen a los agresores y ponen en desventaja a las mujeres: sin iluminación, sin autoridades, sin accesos seguros, sin tejido social, con movilidad que las expone. Esas condiciones permanecen.
No toman el micrófono en sus gabinetes para decir que falta Jessica Magdalena, que falta Milagros, que fue agredida Denisse y sobrevivió a la violencia feminicida. El silencio de Alejandra Gutiérrez e Itzel Balderas es inquebrantable cuando de violencia feminicida se trata. Y el silencio acompaña a los agresores, no a las víctimas ni a las familias. Ni tampoco a las mujeres sobrevivientes de un territorio feminicida. Son autoridad. Encabezan espacios donde nombrar sería un acto de digna rabia. Su silencio es cuestionable, duele, cala. Son dos mujeres en espacios de estratégicas decisiones que renunciaron a cumplir su compromiso en materia de prevención, atención y denuncia.
La familia de Jessica señala a la expareja. El patrón se repite. En Guanajuato, la violencia contra mujeres no es excepción. Es regla con expediente. Y cada vez que el Estado llega tarde, el mensaje es el mismo: para encontrarlas, hay que estorbar.
La Alerta no es para prevenir: es para atender. Atiende el estado de emergencia. Es una política pública extraordinaria que llegó a nombrar y a sancionar cuando lo ordinario ya falló. La que sí previene, la que sí evita, es la política ordinaria. Y la prevención es obligación del municipio y del estado.
Por eso culpar a la Alerta es encubrir que lo ordinario no se hace: presupuesto, personal capacitado, búsqueda inmediata. La Alerta llega cuando ya hay víctimas. La prevención trabaja para que no las haya.
No vemos a las autoridades problematizando cuáles son las variables del contexto feminicida. No vemos a las autoridades proponiendo un debate especializado para identificar qué está ocurriendo y por qué en León, y por qué en Guanajuato, siguen matando a las mujeres y a las niñas.
Con Jessica Magdalena ocurrió lo que se denunció hace años: desaparecida, luego localizada sin vida. El deficiente acceso a la justicia es una historia que se repite todos los días en Guanajuato.
¿Cuántos días en SEMEFO para que la Fiscalía avise?
¿Cuántos bulevares cerrar para buscar a tiempo?
¿Cuántos silencios más de Alejandra e Itzel contaremos?
Nota al pie: En defensa de la Alerta
El debate sobre la eficacia de la Alerta de Género debe considerar la obligación primaria del Estado. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtió en abril de 2026: “Cuestionar el alcance del mecanismo sin asumir la responsabilidad institucional en su operación, desvía la atención de lo fundamental que es la obligación del Estado de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres”. La Alerta se declaró en Guanajuato el 26 de septiembre de 2024; la violencia contra mujeres tiene más de una década documentada.