Las imágenes de la entrada del ejército mexicano en la tierra caliente michoacana son dantescas: vehículos incendiados, huertas de cítricos abandonadas con árboles quemados o resecos y trincheras excavadas para resistir ataques armados. ¿Cuántos años de abandono de gobiernos estatales y federales se condensan en la mirada de los habitantes de Aguililla, Tepaltepec o Buenavista? ¿Cómo es posible que este avance se haya concretado sin que exista un solo detenido por la fuerza pública?

Frente a la falta de detenciones, los carteles locales, dueños y señores de las economías agrarias de las zona, registran dos víctimas mortales por el uso de minas antipersonales; un campesino y un soldado. Recordemos que el uso sistemático de este tipo de armamento, que en nuestro continente sólo se ha documentado en Colombia por parte de grupos guerrilleros, y podría catalogarse ante la Corte Penal Internacional como crimen de lesa humanidad.

¿Tendrá un final a la vista la tragedia de los desplazados de la zona por la violencia? En sus comunicados, SEDENA habla de establecer una mesa de diálogo con los grupos que extorsionan, trafican y matan en Michoacán. Se tienen detectados nueve: el CJNG, La Nueva Familia Michoacana, La (antigua) Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec, de Los Reyes, de los Correa, el de el Camaleón y el de Zicuirán. ¿Sobre qué van a dialogar? ¿Van a definir los montos de las extorsiones o los mínimos para operar “el negocio”? ¿Las estrategias fallidas del tristemente famoso virrey de Michoacán, Alfredo Castillo, durante el sexenio del michoacano Felipe Calderón, volverán a ponerse en práctica? Aún está fresca en la memoria cómo en este sexenio se claudicó ante el poder armado del narco, recordemos el Culiacanazo, cuando los miles de efectivos militares, de guardia nacional y policías estatales y locales se mostraron impotentes ante las células delincuenciales con las que están acostumbrados a convivir. ¿Estaremos en los prolegómenos de algo similar?

Paralela a la violencia de Michoacán, continúa la de nuestro estado; en Celaya han sido asesinados tres policías en lo que va de este mes. Siete durante los poco más de 100 días como presidente municipal de Francisco Mendoza Márquez. Según los datos de PopLab, en su micrositio Oficial caído, entre 2018 y 2021 han sido asesinados 288 agentes de la fuerza pública en nuestro estado. No se tiene el dato de cuántos de estos crímenes siguen impunes, en buena parte debido al gran hermetismo con que las autoridades de los tres niveles manejan estos hechos.

La violencia se extiende también sobre la infancia: el asesinato de una bebé de 8 meses, Nahomi, en el barrio de San Juan de Celaya, se suma a la lista infame de cientos de menores víctimas de las balas del crimen organizado en Guanajuato. Muchos más que los fallecidos por Covid. La impunidad de estos delitos sigue siendo el gran pendiente que parece no preocupar a nuestros políticos, como tampoco el aumento en las desapariciones de jóvenes.

Antes de despedirme, comparto un dato publicado esta semana por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM): se calcula que sólo en el caso de Guanajuato, la población en riesgo de reclutamiento o utilización por parte de grupos delictivos ascendía en 2021 entre 10,584 y 18,310 niñas, niños y adolescentes. De este tamaño es el ejército de reserva.

En el contexto de la retoma de Tierra Caliente en Michoacán, sacuden estas palabras de una mujer anónima interrogada por periodistas de Los Ángeles Times: “Estamos bien, gracias a Dios... es lo mismo, antes estaba tranquilo también, era normal. No puedes hablar ni decir nada tampoco”. ¿Faltará mucho para llegar a estos extremos en el resto de México?

Comentarios a mi correo electrónico: [email protected]