Estulticia electoral
“Una larga tradición de elecciones amañadas impunemente (hago énfasis en esta última palabra) han creado un monstruo que piensa que sobrerregulándose logrará mayor veracidad a costa de la rapidez….”
Entre más busca uno las cifras, más indignante se observa el panorama electoral de este año. Y no hablo de las campañas, con sus habituales exabruptos, ni de los indicios que ya empezamos a ver, de persecuciones políticas mediante el uso del aparato de Estado. Me refiero a la cantidad de dinero que nos cuesta a los contribuyentes mexicanos el sistema electoral. La sobreinstitucionalización electoral mexicana costará este año casi 1.500 millones de dólares si se suman los presupuestos del INE y el TEPJF, es decir, 24.215 millones de pesos más 3.893 millones, respectivamente. Piense que los sismos del pasado septiembre costaron poco más que esto.
Me tranquilizaría afirmar que ese dinero garantiza unas elecciones impolutas, con resultados confiables y veloces, pero ya me he quejado antes en este espacio, de la lentitud del proceso de escrutinio y publicación de datos. Como muestra: en el proceso electoral local de hace tres años, al filo de la medianoche del 7 de junio, el IEEG apenas había capturado y computado 39 de las 636 casillas de Irapuato; apenas el 6% de la votación. Mientras, León llevaba 24 de 1728, es decir, 1.3% del total instalado. ¿Qué podemos esperar de la elección del 1 de julio, donde se juntarán con las elecciones locales las del Senado, la Cámara y la Presidencia?
La controversia de esta semana entre el TEPJF y el INE con respecto al conteo rápido hará aún más difícil tener celeridad en las cifras, algo esencial para evitar suspicacias y arreglos. El TEPJF, desde su visión legal desprovista de todo sentido común (algo que muchos pensamos debe estar relacionado con el derecho), afirma que prefiere la certeza a la velocidad. Así, como si fuera imposible tener ambas, y no tuviéramos el ejemplo de procesos electorales en países mucho menos desarrollados que México, donde el escrutinio llega a porcentajes superiores al 90%, tres o cuatro horas después de cerrados los comicios. Porque la velocidad y el flujo constante de información por medio de boletines parciales permiten analizar el avance de los escrutinios y brindan certeza a todas las partes en contienda. Sólo un escrutinio realmente veloz y bien difundido dejaría sin sustento cualquier reclamo de fraude. Hablar de resultados confiables entre las 2 o 5 de la mañana del día siguiente equivale casi a decir que el sistema se ha caído, que los 1.500 millones de dólares invertidos en esta estulticia electoral tendrán el mismo resultado que el Programa Escudo en Guanajuato.
Bueno, tal vez exagero en mencionar los 1.500 millones, porque de ellos, más de 500 millones de dólares se reparten entre los partidos políticos, en dos rubros: Financiamiento público campañas (166 millones) y Financiamiento público actividades ordinarias (357 millones). Y para mostrar el decidido apoyo a los candidatos independientes, que han invertido millones en levantar firmas en apariencia legítimas (porque también hay un costoso sistema que se encarga de verificarlas), se les entregarán en total 42 millones (de pesos) para sus campañas. Así también la desigualdad.
¿Algo mareado o indignado por las cifras? Piense que en otros países no hay órganos especializados en el tema electoral; las elecciones las realiza el Registro Civil, y tampoco existe un Tribunal especializado en comicios; las controversias las resuelve en la mayoría de los casos la Suprema Corte. En el caso mexicano, vale la pena dar la cifra, la Suprema Corte nos cuesta al año casi otros 500 millones de dólares, más del doble que el TEPJF.
Pero, ¿por qué tanto control sobre control? Una larga tradición de elecciones amañadas impunemente (hago énfasis en esta última palabra) han creado un monstruo que piensa que sobrerregulándose logrará mayor veracidad a costa de la rapidez. Y si volteamos a ver, por ejemplo, las sentencias de TEPJF de los últimos años, veremos que detrás de ellas hay mucha más política que apego al derecho. (Algo que con seguridad podrán reclamar los nietos de los actuales magistrados si revisan las sentencias.)
Y para tranquilizar a los lectores, sólo quiero agregar que ante las posibles controversias y desestabilizaciones que pueden generar los resultados de un sistema tan ineficiente, el Estado Mexicano se ha curado en salud con un Estatuto de Seguridad que le permite el uso de la fuerza militar bajo cualquier circunstancia.
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