Opinión • La herencia • Jaime Panqueva
“…viejos negocios chuecos y la misma sangre que se esparce en las banquetas de nuestras ciudades.”
La mañana del 25 de junio, las cámaras de Ágora, un medio periodístico local vía internet, captaban la desolación de la calle Bustamante en Irapuato, donde fueron acribilladas decenas de personas por las balas del crimen organizado. La sangre de los doce muertos, entre ellos dos niños de uno y tres años, y más de veinte heridos, mezclada con agua y detergente, se apuraba por desaparecer en las coladeras de la colonia Barrio Nuevo.
El especialista en seguridad David Saucedo, aunque previamente comentó que no deseaba revictimizar a los muertos, atribuyó la matanza al cártel de Santa Rosa de Lima. “no es la primera vez que lo hacen en Irapuato... en contra de la población civil en auténticos actos de narcoterrorismo y en ocasiones lanzan ataques contra familias de las estructuras de halconeo, sicariato y narcomenudeo del cártel Jalisco [Nueva Generación]”.
La estrategia de dicho cártel consiste en lanzar “ataques en distintas zonas del estado de Guanajuato; Dolores, San Felipe, Irapuato, Salamanca, Celaya… que buscan generar eventos de alto impacto para provocar el efecto de calentar plaza. Es decir, provocar que las fuerzas estatales y federales se concentren en ciertas regiones de Guanajuato y dejen descubiertas otras en donde ellos podrían actuar con plena libertad.”
Frente a la macabra estrategia de guerra desarrollada por los cárteles a lo largo de los sexenios de Miguel Márquez Márquez (2012-2018) y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (2018-2024) se contrapuso por parte del gobierno de Guanajuato un proyecto de vanguardia tecnológica. Lo llamaron Escudo y aseguraron sin cortapisas que con él devolverían la paz al estado, de la mano de la intachable labor de la FGE a cargo de Carlos Zamarripa.
Justo el día antes de la masacre de Barrio Nuevo, PopLab y Conectas publicaban un reportaje sobre el retiro dorado de Diego Sinhue a costa de contratistas ligados a Seguritech, la empresa que opera el proyecto Escudo.[1] Aunque por sus pésimos resultados ya no se le llame de esta manera, los contratos siguen vigentes y se hallan fuera de cualquier iniciativa de transparencia por supuestos motivos de seguridad.
El exgobernador afirmó en varias entrevistas que no abandonaría el país, pero vive buena parte de su tiempo en The Woodlands, cerca de Houston, en una casa “normal”, valuada en casi un millón de dólares, perteneciente a un funcionario y socio de Seguritech. El pretexto de este exilio es más que lógico: quiere que sus hijas aprendan inglés.
Mientras tanto, los habitantes del estado que gobernó se hallan muy lejos de la seguridad de los suburbios tejanos. Retomo otro de los comentarios de Saucedo: “el desempeño de la policía de Irapuato ha sido lamentable, por decir lo menos. En ocasiones queda claro que hay una especie de complicidad, un anillo de protección de la policía local hacia las estructuras del cártel Jalisco Nueva Generación.”
Ni los 10.767 millones presupuestados en Fiscalía y Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato este año, ni los casi 600 millones anuales en Seguridad Pública que destina Irapuato, ni los más de 2.842 millones invertidos en el proyecto Escudo de 2012 a 2019 (el resto es inauditable) explican estos niveles de violencia, ni que tantos casos sigan impunes.
Sin embargo, las cifras revelan el tamaño del mercado de la seguridad y la razón de mantener en la opacidad contratos que proveen recursos suficientes para comprar bienes de lujo en el extranjero y pagar los favores recibidos. Y no es la única área con tufo a corrupción: recordemos Planet Youth, Guanajuato Leasing, la mentefactura…
Al interior del PAN hay posiciones encontradas. Por una parte, Erandi Bermúdez y Román Cifuentes exigen congruencia e investigación; por otra, Aldo Márquez Becerra y Jorge Espadas lo absuelven con base en la misiva de cuatro líneas del exgobernador, que nada explica.
La gobernadora Libia Dennise García todavía guarda silencio. Es un buen momento para recordar que al inicio de su mandato, tras rebautizar la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, firmó un manifiesto por la honestidad,[2] donde afirma: “En este gobierno no habrá cabida para actos deshonestos, conflictos de interés o conductas poco éticas. Ninguna persona que ocupe un cargo público o colabore con el Poder Ejecutivo estará por encima de la ley.”
Ante un conflicto de intereses de estas dimensiones, la opinión pública exige una investigación seria. Sin embargo, ni la Secretaría de la Honestidad, la Auditoría General del Estado, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, mucho menos el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pueden garantizar la imparcialidad requerida, pues sus integrantes proceden directamente del gobierno de Rodríguez Vallejo, al cual perteneció también la gobernadora misma.
¿Quién podrá investigarlo? ¿Quizás la Federación? Ésta es la herencia del Nuevo Comienzo: viejos negocios chuecos y la misma sangre que se esparce en las banquetas de nuestras ciudades.
Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com