Mañana de sábado, bajo la sombra que brinda la Alhóndiga de Granaditas, los soldados se afanan por que todo esté dispuesto para la disculpa pública; el sistema de audio, las cámaras, las sillas perfectamente alineadas y un perímetro que mantuviera a los siempre incómodos periodistas a veinte metros de distancia del atril. Allí, el general de brigada Vicente Pérez López, comandante interino de la Décimo Segunda Región Militar, y el coronel Marco Antonio Ramírez Tenorio, cabeza del octavo Regimiento blindado de reconocimiento, leerán sus discursos. 

Uniformados y hombres de civil con corte militar van y vienen. Como telón de fondo se escuchan los compases de la sinfonía 3 de Henryk Górecki, escrita en homenaje a las madres que buscaban a sus hijos en los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Mientras, arriban algunos de los invitados, los activistas que representarán a los familiares y, ellos esperan, los familiares de José Salvador Cárdenas Fuentes, un joven de 19 años de la comunidad Rancho Nuevo del Llanito en Irapuato, que el 17 de marzo de 2017 fue privado de la libertad, torturado y probablemente asesinado por elementos del regimiento ya mencionado. 

La noche de la desaparición, la comunidad se volcó en su búsqueda y se lanzó hasta el destacamento militar para exigir su liberación. El cadáver de José Salvador apareció una semana más tarde a un costado de la carretera Federal Salamanca-Irapuato, con un disparo en la cabeza. Ocho años después, ni las fiscalías ni el Ejército mismo han identificado a los perpetradores. La disculpa por su desaparición forzada se realiza en cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 241/2017, emitida por el juzgado noveno de distrito en Irapuato.

Los turistas madrugadores ascienden y descienden por la calle 28 de septiembre y observan con curiosidad la parafernalia preparada para el encuentro, pasan junto a la camioneta del secretario de Seguridad Pública, Juan Mauro González Martínez, único representante del gobierno del estado de Guanajuato. Ellos no comprenden lo que sucede sobre la explanada de este edificio histórico donde todavía quedan restos de la villa navideña del año pasado y en cuya esquina sur pendió por años la cabeza del insurgente José Mariano Jiménez. No entienden quizá la importancia histórica del hecho. Como tampoco la Fiscalía Estatal, ni la CEAV, o la CNDH, pues ninguno envió a sus representantes. Pero sí está la madre de Sara Fernanda Mendoza López, quien desapareció el 17 de enero de 2020 en hechos que vinculan a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Ella sabe lidiar con el miedo, ha estado afiliada a varios colectivos; participó en la exhumación de 41 cuerpos humanos en la fosa clandestina de la colonia Santa Fe en Irapuato; conoce de primera de mano las omisiones, la negligencia, la revictimización. Ha sido maltratada por diversas instancias estatales, y a pesar de ello insiste en la búsqueda de esa hija que dejó en la orfandad a su nieta de tres años.

Unos segundos antes de las diez da comienzo la primera disculpa pública en México realizada fuera de instalaciones militares, donde altos mandos reconocen su responsabilidad en la violación de los derechos humanos. Porque en este país los militares no tienen tradición alguna de reconocer las atrocidades que cometen. Lo usual es que sean civiles quienes den la cara; cuando el estamento se ha pronunciado al respecto, lo hace sólo desde sus cuarteles. 

Los dos discursos castrenses, casi calcados uno del otro, se suceden y terminan en un silencio amargo, ominoso. No hay aplausos, no hay arengas; en los segundos que siguen a las breves intervenciones se percibe una mezcla de estupor, miedo e incredulidad. Se escuchan los obturadores lejanos de las cámaras, el leve fragor de la capital que aún se despereza. 

Reverberan en la memoria algunas de las frases expresadas en el castellano golpeado propio de los militares: “no es solamente un acto simbólico, sino un compromiso firme para que la actuación del personal militar se realice conforme al marco legal establecido en nuestro país". “Con este acto no solamente se busca cumplir con la medida de satisfacción ordenada por la autoridad judicial, sino hacer patente nuestro compromiso con la sociedad de respetar de manera irrestricta los derechos humanos."

Se mencionó la palabra humanismo e incluso algunos soñamos con que esos pocos minutos, esas frases que se comprometen a la no repetición, fuesen un punto de inflexión para unas instituciones castrenses que no salen de la dinámica impuesta por la Guerra Fría. 

Con todo, es una señal positiva: es posible que el Ejército reconozca sus errores y que se ejerza control civil sobre su actuación. Sin embargo, ese control también parece sentirse intimidado: durante los siete años que transcurrieron desde la primera sentencia de amparo en 2018 y esta disculpa pública, la atracción del expediente fue rechazada dos veces por la Suprema Corte de Justicia; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito evadió lo sustancial del caso, revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento, que llegó en octubre de 2023 a la misma conclusión de la primera y amparó a la parte quejosa.[1] Entre las medidas de reparación y compensación, también dictamina que el Ministerio Público deberá “realizar una investigación exhaustiva del delito que incluya el contexto en el que aconteció, y recabar al menos los datos de prueba referidos en la sentencia, hasta que formule imputación a todos los responsables de la desaparición del quejoso.”

La presentadora en uniforme de campaña invita a los familiares de José Salvador a dar su testimonio, pero ellos no están allí porque tienen miedo: no sólo tuvieron a la tropa persiguiendo huachicoleros en su comunidad cuando desapareció su hijo; ellos y los testigos de la desaparición fueron intimidados entonces para no declarar. Reza el expediente: “me dijeron que si metía una demanda me iba a ir mal, porque la acusación que les estaba haciendo era muy grave”. La docena de vehículos artillados sobre la calle Alhóndiga no inspira la confianza suficiente para intervenir en la ceremonia. Tampoco su comunidad permitió que la ceremonia se transmitiera en vivo en la cancha donde José Salvador jugó como portero y delantero. Son conscientes del poder del Ejército Mexicano. 

Pocos lo saben, pero la familia está en una de las esquinas de la plaza siguiendo los pormenores a la distancia. En su representación hablarán dos activistas, Raymundo Sandoval y Fabrizio Lorusso, pertenecientes a la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Ambos cargan un cuadro confeccionado por la familia donde el rostro de José Salvador sonríe y bromea con otro retrato suyo. 

Sandoval es breve y preciso; exhibe las cifras, la crisis de más de 120.000 desaparecidos en México, los 4.449 en Guanajuato; menciona las carpetas de investigación que no muestran avance alguno: 27956/2017 de la FGR, y la CNDH/2/2017/2762/Q; llama al fiscal Gertz Manero por su nombre, ¿dónde está?, reclama.

Lorusso inicia su intervención señalando el daño al tejido social, a las aspiraciones y proyectos de la gente común, que algunos de nuestros políticos denominan “pueblo”.[2] Destaca la importancia de la actuación de “una jueza que debería ser la norma y no la excepción”, pues a través del amparo el buscador realizó con su equipo las investigaciones que ninguna de las instancias obligadas a ello quiso realizar. Si la red de juzgados federales que cubre todo el país hiciera lo mismo, otra sería la realidad en México. 

Lorusso reivindica el nombre de José Salvador; un joven alegre y honesto que no merecía esa suerte, que anhelaba una vida sencilla y digna, que trabajaba la tierra con sus familiares para llevar sorgo, maíz y zanahorias a nuestras mesas. Bailador, aficionado al futbol, amiguero. “Sus papás, su hermano y sus sobrinos extrañan su canto y voz, y lo harán por siempre, piden que no se repita lo que sucedió, que las autoridades respeten la vida y la legalidad, que nunca más haya justicia por propia mano, pues eso no es justicia. El respeto a nuestros derechos sí lo es. Lo es saber qué pasó y por qué pasó. Por eso ellos esperan, junto con todos y todas, el tiempo de la memoria, de la verdad y de la justicia”. Nadie aplaude. El silencio tras ese cierre se antoja aún más denso, pero se evapora con facilidad gracias al protocolo: “Una vez cumplido el mandato judicial anteriormente descrito, damos por concluido este acto de disculpa pública”, declara la presentadora.  

Se rompen filas, la prensa se abalanza sobre el secretario de Seguridad Pública e inicia el repliegue de personal y equipos. Tras unos minutos, junto al tobogán inflable que dejó la villa navideña, nos reunimos con la numerosa familia de José Salvador; sus padres, ejemplo de fortaleza y dignidad, vienen acompañados por tíos, primos, sobrinos; algunos no pudieron contener el llanto al escuchar el último discurso. Su proceso para establecer la reparación continúa. Los activistas los animan también para sobrellevar su pérdida con dinámicas acompañadas por otras víctimas; bordado, teatro, gastronomía. Se intercambian números de teléfono y solidaridad. 

Tras unos minutos la Alhóndiga nos despide, en sus esquinas colgaron las cabezas de quienes clamaron por libertad, justicia e igualdad. Sus descendientes exigen hoy Estado de derecho, dignidad, y que los responsables de los crímenes cometidos contra José Salvador Cárdenas Fuentes y otros miles de mexicanos respondan ante la ley. 

Posdata: Rabia, decepción y náusea

Ver la terna para la elección de nuevo fiscal general de Guanajuato causa esta mezcla de sensaciones. Dos esbirros fieles de Carlos Zamarripa. Un funcionario mediocre de una entidad federal disfuncional. Ese es el Nuevo Comienzo.

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