No estaría mal empezar este espacio con una pregunta: ¿Qué tienen en común México, Marruecos, Nigeria, Filipinas y Uzbekistán? Entre las cinco se reúne una población de casi 500 millones de habitantes, son países en vía de desarrollo y, en el papel, son democracias. Sólo México pertenece a la OCDE (y le gusta jactarse de esto) pero está lejos de sus estándares. Respuesta: los cinco están en la lista de prioridades de la ONG Amnistía Internacional, AI, en la lucha contra la tortura, ya que la práctica de ésta es generalizada y su impunidad alcanza niveles epidémicos.

Hace unas semanas se presentó el informe de la seccional de AI en México, titulado Promesas en el papel, impunidad diaria – La epidemia de tortura en México continúa, que puede consultarse aquí.

El panorama es muy desalentador. Las denuncias de tortura y malos tratos se han disparado a más del doble entre 2013 y 2014, de 1,165 a 2,403, es decir, casi siete diarias. Y es muy posible que falten, porque deben considerarse las graves deficiencias en la recolección y clasificación de los datos por parte de la Procuraduría General de la República.

Aquí vale la pena citar el informe:

Resulta preocupante que las autoridades federales no sean capaces de explicar por qué motivo se han duplicado las denuncias de tortura; pese a que el número de investigaciones también ha aumentado, ese aumento no ha dado lugar a un incremento del número de cargos presentados o condenas dictadas.

Del número duro de investigaciones en proceso es imposible determinar información desglosada por género, nacionalidad y edad, ya que dicho organismo carece de ella. Amnistía Internacional denuncia la falta constante de investigación, en parte por falta de personal capacitado suficiente, pero principalmente por falta de interés, debido también a un sesgo institucional: “las autoridades han dicho a Amnistía Internacional que creen que los abogados defensores utilizan las denuncias de tortura como herramienta en su estrategia legal para exculpar a sus clientes.” Bajo esa perspectiva se justifica la tolerancia hacia el abuso de autoridad que conduce directamente a la impunidad: “En muchos casos, a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación.” Como ya he comentado en este espacio, la ineficacia de la procuración de justicia en contra de la delincuencia común es tan evidente, que no sorprende su presencia también cuando debe controlar los desmanes de la propia institución o de otros organismos del Estado.

Como en el Manual del inquisidor redactado en el siglo XIV por Nicolas Aymerich, las autoridades mismas se absuelven de cualquier culpa. Dice el viejo texto: “pareció más conveniente y provechoso atribuir a los inquisidores la facultad de sentenciar a tormento sin intervención de los jueces seglares, dándoles junto con ella la de absolverse mutuamente de la irregularidad en que algunos casos pudieren ocurrir. (Exemplo: cuando muere el reo en el tormento).”

Y regresemos al XXI con el informe de AI: “la PGR apenas presenta cargos contra los sospechosos de haber cometido actos de tortura u otros malos tratos. Los agentes del Estado sospechosos de haber infligido torturas a menudo permanecen en sus puestos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos y, en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan las pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave.”

El encubrimiento inicia desde el momento de la detección de las lesiones por parte de los médicos oficiales empleados por la PGR, pues no se permite ningún peritaje independiente, ya que éstos, por la reglamentación actual, carecen de validez legal. El informe presenta dos casos concretos: el del activista Enrique Guerrero Aviña, golpeado durante horas, asfixiado con una bolsa de plástico y abusado sexual y psicológicamente, y el de Tailyn Wang, una mujer embarazada detenida en 2014, quien “tras largas palizas y abusos sexuales a manos de policías federales, perdió el feto en las oficinas de la PGR en Ciudad de México.”

En diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia emitió directrices para que los jueces, al encontrarse con denuncias de tortura y malos tratos, actúen sin demora, con el fin de remitir cuanto antes dichas denuncias al ministerio público, para su investigación. De realizar bien su trabajo, es muy posible que el número de demandas para este año supere ampliamente las estadísticas del 2014. No obstante, poco servirán sus denuncias si la actitud del ministerio público no cambia: sólo serán más expedientes sin consecuencias efectivas, que seguirán abonando al desprestigio de dicha institución ante los mexicanos, y también ante gobiernos y organismos internacionales.

El pasado jueves, el titular del Ejecutivo envió al Congreso dos nuevos proyectos de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la tortura en el país. Ante esto, vale la pena cerrar este espacio con otra cita del informe de AI: “Las promesas en el papel no bastan para revertir la marea de la impunidad en México. Pese a los nuevos estándares y los nuevos marcos obligatorios, los resultados están aún por verse.”

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