En 1951, mismo año en que un presidente encabezó por primera vez el desfile del 1ro de mayo, Miguel Alemán Valdés instituyó el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión en México, aunque pocos años antes había desatado todo el peso de la censura oficial sobre la obra de teatro de Rodolfo Usigli, El gesticulador. Bajo ese sistema que acallaba las críticas y controlaba hasta el papel imprenta de los diarios, algunas décadas después, en 1976, el también tristemente célebre presidente Luis Echeverría iniciaría la entrega en esa misma fecha del Premio Nacional de Periodismo.

Por la cercanía de la efeméride y la celebración de cuarenta años de trayectoria periodística, invitamos a César Sánchez, director de un conocido programa radial de noticias en la región para charlar con nosotros en La nave de Argos. Hacia el final de la entrevista, y tras comentar las estadísticas publicadas por la organización Artículo 19 en México, como los 47 periodistas asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, o los 6 que llevamos en apenas unos meses de la Cuarta Transformación, o las 389 agresiones reportadas contra el ejercicio profesional reportadas en 2018, de las cuales el 99.2% permanece impune, pregunté si durante su carrera había sentido miedo por su integridad física. Para mi sorpresa, César Sánchez reveló que había recibido amenazas durante los últimos meses por parte de grupos delincuenciales. “Hemos sido infiltrados incluso en mi teléfono personal me han llegado advertencias.”, y agregó: “Sí, se siente miedo, más cuando no tenemos acceso a un equipo de seguridad.”

A las amenazas y al ambiente agresivo para reportear por la violencia que cubre el estado, podríamos sumar un ingrediente más, aunque de otra índole: la empresa para la cual laboran les ha retirado la prestación de seguro de vida aduciendo ahorro de costos en la operación.

La denuncia de esta situación se suma a lo comentado en este espacio hace unas semanas en mi artículo La manera burda y la refinada, sobre la carta del Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato que exige investigaciones al interior del gobierno del estado por ataques cibernéticos, campañas de desprestigio y suplantación de identidades, entre otras formas de acoso e intimidación.

A lo anterior, por si fuera poco, agregaré un elemento amenazante más: demandas millonarias por daño moral como la recibida por el periodista Arnoldo Cuellar y el abogado activista Roberto Saucedo por denunciar impagos de la empresa dirigida por Jorge Rodríguez Medrones al municipio de Guanajuato, un hecho que ha sido constatado por la Auditoría Superior de Estado de Guanajuato (ASEG). Por entonces, cuando se hizo la denuncia en el portal Zona Franca, el adeudo rondaba los 84 millones de pesos, misma suma solicitada para resarcir el supuesto daño causado por publicar un posible quebranto a las finanzas pública que, según la misma ASEG, a la fecha asciende a 115 millones.

En los tiempos de la posverdad, donde muchos intereses, públicos, privados o delincuenciales, desean ocultar la verdad objetiva y evidente para imponer ficciones a su acomodo o acallar la crítica, necesaria en toda sociedad que busca igualdad y libertad, ¿quién defiende a los periodistas?

No podemos negar los avances que se han logrado desde los tiempos de Miguel Alemán hasta la fecha, pero las fuerzas oscuras continúan actuando de diversas formas, algo que no puede soslayarse durante la celebración de este 7 de junio.

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