Mientras los ejecutados en el estado cada fin de semana se cuentan por decenas, entramos en una zona cada vez más nebulosa, donde nos enteramos lo que ocurre por los medios nacionales y no por los locales, y los comunicados oficiales al respecto generan más dudas que tranquilidad.

Hace poco más de un mes del ataque armado al bar La Parranda en la zona de restaurantes de Irapuato, que cobró cinco vidas, entre ellas la de una muchacha de dieciocho años que trabajaba como mesera en el establecimiento. Al día siguiente, el video de las cámaras de seguridad con los agresores encapuchados podía verse en las redes sociales. Un par de días después, recibí un comunicado de uno de mis respetables contactos, donde se anunciaba un toque de queda, plagado de errores de ortografía y obscenidades. Con la pena del caso, le pedí a mi amigo que dejara de reenviar ese tipo de mensajes, y aduje algo que siempre he comentado aquí: difundir ese tipo de recados sólo colabora a aumentar el pánico. Mi amigo, por fortuna, hasta la fecha ha cumplido sin falta.

Pero además de que la situación general de violencia en la zona ha ido escalando, echo en falta verdadera información por parte de nuestras autoridades, y me exaspera escuchar tanto al Gobernador como al Procurador (que pretende extenderse en funciones por nueve años más) negando que lo ocurrido tenga algo que ver con su jurisdicción.

Tras el atentado de La Parranda, una patrulla policial estuvo una semana vigilando las 24 horas frente al local. Durante la noche, alumbraba al aburrido pueblo con su deslumbrante e inútil torreta. Como si hubiera sido poco lo ocurrido, con patrulla y guardia, el local fue robado por la parte de atrás. Al día siguiente desapareció la unidad de vigilancia.

Esta semana, mientras se promueve la seguridad durante el Festival Cervantino, por boca de uno de los lugareños me entero de los levantamientos de jóvenes en Lo de Juárez, que luego aparecen ejecutados. No hay nombres, no hay detenidos. Se menciona al huachicol y todos le echan la culpa a Pemex, ésta a quienes deben clausurar las tomas y vigilar los ductos; se habla de una lista de gasolineras que ayudan en la distribución del combustible robado, pero no hay nombres, ni detenidos. Sí tenemos, un Procurador que quiere seguir nueve años más en el puesto y un gobernador que quiso animarse a ser Presidente de la República, y no se animó.

Esta semana, también, aparece un video escalofriante de un grupo armado que dice pertenecer al Marro y que amenaza, con el lenguaje que los caracteriza, a bandas advenedizas. Por supuesto, fue trasmitido íntegro, balacera al aire de unos sesenta rifles de asalto incluida, en el horario fuerte de los noticieros nacionales. Acto seguido, la descoordinación de los comentarios tanto de los encargados de comunicación, como del Procurador (que quiere nueve años más en su puesto) y nuestro Gobernador, que ni afirma ni desmiente, y quería llegar a la Presidencia, no abonan a la tranquilidad ciudadana.

Y ese silencio, esa indefinición, esa apatía para informar, a veces bajo la endeble disculpa de no entorpecer las investigaciones, conforma el caldo de cultivo perfecto para que algunos en la redes, reducto muchas veces falsamente fidedigno, contribuyan a sembrar más temor.

Parece imposible pedir a los medios un código de ética para la difusión de comunicados, como lo ha sido amalgamarlos para protesta y exigir respeto a la vida de sus periodistas y resultados en las investigaciones de los asesinados. Como también lo es pedir explicaciones a la autoridad sobre qué está pasando en la seguridad de un estado “protegido” por un costosísimo Escudo.

¿Sólo nos queda esperar los próximos videos en las noticias nacionales? ¿Así de lejos estamos de lo que tenemos tan cerca?

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