Dentro de las nuevas facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) se incluyó la de designar a los consejeros generales de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) de los estados de la federación. Esta medida respondió a la voluntad del legislador de darle homogeneidad y confiabilidad al proceso de selección de los máximos órganos de gobierno de esos institutos estatales. La disparidad previa en esos procedimientos generó incertidumbre entre los actores políticos que participaban en los comicios locales, e incluso señalamientos de falta de equidad y/o favoritismos. Esto explica el cambio hacia un modelo centralizado y homologado, que puede interpretarse como una solución salomónica ante una realidad de dispersión y contrastes en los desempeños concretos de los OPLE’s.

Lo sé porque me consta. Hace casi tres lustros participé, en conjunto con mi colega Todd Eisenstadt entonces en la Universidad de New Hampshire, en un proyecto de investigación sobre el desempeño de los institutos electorales de ocho estados del país. Acudimos a observar el desarrollo de los comicios locales, con la participación de estudiantes de Derecho y Administración Pública. Varios coautores estudiamos las legislaciones particulares y los indicadores de confiabilidad institucional. En 2001 publicamos un libro que se llamó “La Democracia Observada: Las instituciones electorales locales en México”. Ese esfuerzo académico nos permitió evaluar la institucionalidad, el profesionalismo y la confianza que despertaban los órganos electorales de Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, Yucatán y Guanajuato en aquel entonces, y en efecto detectamos una gran disparidad entre los institutos y consejos electorales, que en buena medida correspondía a los diferenciales en maduración de la cultura y participación ciudadana, así como la institucionalización de los partidos políticos. Cito una parte de la introducción del libro:

El grado de madurez o institucionalización de los 33 diferentes organismos electorales del país fue y es sumamente dispar. No fue ninguna sorpresa constatar esta verdad de Perogrullo mediante los materiales que constituyen el presente volumen. La cultura política en México es un ámbito sumamente diferenciado, determinado por los diversos grados en que se expresan los valores de la participación ciudadana —individualismo, comunitarismo, solidaridad, egoísmo, autoritarismo, indiferencia o ignorancia— dentro de las culturas regionales, que a su vez mantienen una clara diferenciación entre los ámbitos rurales y urbanos, indígenas y mestizos, desarrollados y deprimidos.

Con evidentes diferenciales, estas instituciones evolucionaban trabajosamente en entornos que podían ser aún más restrictivos que el federal. Algunas entidades que tempranamente se iniciaron en la competencia, la alternancia y en los gobiernos divididos —Baja California, Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua, el Distrito Federal— pudieron hacerse de códigos electorales que incluso rebasaron al federal en cuanto a la independencia del órgano electoral y la regulación de condiciones de equidad para los actores de la competencia. Pero esas entidades contrastaban fuertemente con otros espacios regionales que mantuvieron durante más tiempo los es-quemas interesados y parciales. No es difícil proponer que la transformación democratizadora en México avanzó de forma diferencial, a ritmos irregulares y con poca sincronía entre regiones, entidades y el espacio federal. (Eisenstadt y Rionda, 2001)

Esta situación cambió poco en los años siguientes, y fue señalada principalmente por los partidos opositores en cada entidad. Era claro que aunque se avanzaba en el perfeccionamiento de los procesos federales, a nivel local se evidenciaba un estancamiento. La reforma política reconoció el hecho y procedió a aplicar un correctivo, que si bien lastima la soberanía de las entidades, les provee a sus OPLE’s de un nuevo recurso para fortalecer su independencia: su lejanía de los factores de poder locales, que en el pasado buscaron –y muchas veces lograron- mantener un control directo o indirecto sobre la autoridad electoral.