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Habrá presupuesto en 2023 para la comunidad LGBQT+

Morena y PAN debaten en comisiones sobre temas de derechos humanos
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Mesa de trabajo de la Comisiòn de Derechos Humanos
Habrá presupuesto en 2023 para la comunidad LGBQT+

Guanajuato, Gto. Fue necesaria una determinación del Poder Judicial para que la mayoría panista tuviera que ceder: en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Ernesto Ayala Torres, informó que el Congreso del Estado de Guanajuato acatará el fallo del amparo promovido por la Asociación AMICUS de asignar presupuesto para la promoción y defensa de los derechos de la comunidad Lésbico Gay Bisexual, Queer, Transexual y más (LGBQT+), a aplicarse en el gasto público de 2023.

Si bien el amparo ganado por la organización representada por Juan Pablo Delgado, activista por los derechos de la diversidad sexual, demandaba la entrega de recursos para 2022, por el tiempo en que se generó la resolución el recurso será aplicado acorde con la ley de egresos del año venidero.

Con esto se contribuye a defender el derecho a la igualdad y a la no discriminación de ningún ciudadano., afirmó el líder de la mayoría panista en el Congreso.

Ayala Torres agregó que el Poder Legislativo está “en la mejor disposición de generar un diálogo constante con los representantes de esa comunidad para establecer una ruta de trabajo y realizar las acciones legislativas”. Eso implica que dialogarán con las organizaciones de la diversidad sexual para determinar programas y fijar el requerimiento de recursos.

El pasado  21 de septiembre, la organización Amicus entregó al Secretario General del Congreso, Christian Cruz, la resolución de amparo, ganado segunda instancia, que obligaba al Poder Legislativo a incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado de 2022 una partida para la comunidad LHBQT+.El amparo fue ganado en primera instancia en marzo de este año, pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, a cargo de Christian Cruz, impugnó la resolución que, finalmente, fue refrendada por el Poder Judicial.

juan Pablo Delgado, representante de la organización, informó que el Juzgado Federal Cuarto de Distrito, con sede en León, ratificó la resolución de la primera instancia en el mismo sentido que fue emitida el 31 de marzo pasado.

Además de ordenar incluir en el Presupuesto de Egresos del estado para 2022 una partida para la comunidad LGBT+, el juez determinó que no era necesaria la participación del Gobernador en este juicio debido a que el Congreso del Estado es autoridad en materia presupuestal.

Ante la posibilidad técnica de cumplir con la disposición para este año, se fijará para el siguiente.

Mesa de trabajo para derechos de la diversidad sexual

La comunidad LGBQT+ de la diversidad sexual combate el round 2: respalda la iniciativa de Ley para la Diversidad Sexual del Estado de Guanajuato y sus Municipios. La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables llevó a cabo una mesa de trabajo para dialogar con representantes de la comunidad sobre dicha propuesta.

La iniciativa es bien vista en lo general, pero la comunidad mantiene una mayor exigencia: Juan Silverio Ramírez Urbina, del colectivo SERes, A.C., señaló que había acciones más importantes que hacer que la creación de un Instituto de Diversidad Sexual, porque etiquetados ya estaban y había necesidades más apremiantes que atender. Asimismo, dijo que consideraban que había una deuda social con la comunidad y que se tenían que hacer más efectivos y eficaces los programas del ejecutivo estatal y las iniciativas, en lo legal.

Dijo que la iniciativa era una buena intención, pero no es el mecanismo para atender las necesidades de las que están adoleciendo las personas del sector en la entidad.

Por su parte, Nayely Tello Mendoza de CHICAS BíLess: externó números: las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años y habló del caso de una mujer trans que fue asesinada en León, quien apenas tenía 28 años. Indicó que la iniciativa podría ser un buen paso para cambiar la decisión de ignorar y excluir a las personas de la diversidad sexual. Afirmó que designar recursos a instancias específicas para que atiendan al sector, coadyuvará a mejorar su calidad de vida, y que hoy se tenía esa oportunidad.

Christopher Ricardo Monzalvo Rodríguez, vicepresidente estatal de LGBTI+ RIGHTS GTO, recomendó incluir la definición de expresión de género y conformar un consejo de diversidad sexual donde se contemple un mayor número para la comunidad; entre otros aspectos. También exigió justicia para Isabela, mujer trans que murió en un accidente en Irapuato a manos de un conductor ebrio.

En su intervención, Juan Pablo Delgado, de AMICUS abundó sobre su tema: un presupuesto y metas para garantizar la participación de las personas del sector en las políticas que las involucran; el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas; entre otros.

Ricardo García puntualizó que la creación de un instituto no era un gasto sino una inversión; que otro tema que les preocupaba era el suicidio entre la comunidad; que Guanajuato parecía estar en la época medieval en la materia; que no había una atención transversal; que hay personas que no han tenido el valor de asumirse como de verdad se sienten porque no se garantizan sus derechos humanos.

Finalmente, Rubí Suárez Araujo, la primera transexual que tuvo cargo de regidora en el estado, dijo que las personas trans no tienen los servicios médicos básicos, la atención psicológica para aspirar a una mayor calidad de vida; que la falta de políticas públicas encaminadas a la diversidad sexual era un tema que les tenía que preocupar y que contar con un instituto era una prioridad. Destacó la importancia de las acciones transversales y pidió que legislaran a favor de la diversidad sexual, porque estaba segura de que todos conocían a alguien de la comunidad.

Gerardo Fernández González, Dessire Rocha y David Martínez Mendizában respaldaron las demandas de la comunidad y manifestaron que lo analizado en la mesa apenas era el inicio de un proceso que reclama más derechos.

La panista Janet Melanie Murillo Chávez afirmó que comprendía que el tema de los derechos humanos y la protección de los derechos de la diversidad sexual seguía siendo un tema en construcción y que tenían que seguir trabajando en ello, que era una gran oportunidad el escucharlos respecto a sus vivencias y necesidades. Puntualizó tres temas: la salud, educación sobre la comunidad LGBQT+ y combatir los crímenes de odio. Agregó que el trabajo de su grupo parlamentario siempre se centra en la persona y su dignidad humana.

Su correligionaria, Katya Cristina Soto Escamilla, aseveró estar a favor de las transversalidad para poder encontrar resultados, siempre buscando que la persona y su dignidad sean el centro a trabajar. En tanto Briseida Anabel Magdaleno González señaló que estaban en la mejor disposición de respetar siempre y salvaguardar los derechos de las personas, y dijo que estarán trabajando en mecanismos que protejan los derechos humanos.

A la mesa de trabajo asistieron representantes de los colectivos de SERes, A.C., CHICAS BíLess, LGBTI+ RIGHTS GTO, AMICUS y Amor Mixto.

Secuelas de la represión a feministas en Irapuato

Como parte de la secuela de la represión a manifestantes feministas de Irapuato, ocurrida durante la marcha del 8 de marzo pasado, la  Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa para que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) promocione los protocolos de detención y uso de la fuerza policial y para hacer obligatorias sus recomendaciones.

La propuesta es impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Es una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato para establecer como atribución de la (PRODHEG), en coordinación con los municipios y el Estado, el diseño, elaboración, difusión y promoción de protocolos de detención y aseguramiento de personas, y el uso de la fuerza policial, con acciones necesarias para propiciar una cultura de respeto a la dignidad de las personas.

Alberto Estrella, representante de la PRODHEG, no les dio buenas noticias: afirmó que es conveniente considerar la normativa nacional y estatal vigente en la materia, puesto que ya contienen tantoprotocolos de actuación con perspectiva de género. Dijo que la iniciativa contraviene disposiciones existentes.

 Alfredo Sainez del Instituto de Investigaciones Legislativas (INILEG) precisó que la iniciativa presentada debe ser congruente con la legislación nacional y local, respecto a la competencia de las actividades de las instituciones de seguridad como la emisión de protocolo, por lo que, dijo se debe preservar la armonía de la legislación actual.

Otros participantes se manifestaron en postura similar, lo que abre condiciones para que la propuesta morenista sea rechazada o, en el mejor de los casos, modificada.

Bateo legislativo en puerta

Otra propuesta morenista fue la de hacer obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones de la PRODHEG

Alberto Estrella le respondió: en 2011 se modificó artículo 102 de la Constitución Política mexicana, en el cual se regula el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Asimismo, agregó, la Constitución Política local replica lo señalado en dicho artículo, el cual establece que la PRODHEG emite recomendaciones públicas no vinculatorias, por lo que consideró no viable la iniciativa puesto que contraviene lo señalado en la normativa vigente nacional y estatal.

Mario Revilla, del INILEG, expuso algunos fundamentos jurídicos en los que refirió que la inserción del término vinculante transgrede el artículo constitucional 102 por lo que la propuesta era improcedente y resultaría anticonstitucional.

Por su parte, Juan Manuel Álvarez, asesor del grupo parlamentario del PRI, señaló que hacer recomendaciones vinculantes sería trastocar la naturaleza jurisdiccional de la PRODHEG. Además, refirió que lo que se debe trabajar es la redacción y el diseño de las resoluciones para que en sí mismas contengan una fuerza vinculante.

A Rodrigo Cabrera no le quedó más que argumentar que existe una interpretación restrictiva y precisó que las actividades de seguridad pública y la investigación del delito podría considerarse como no administrativas, por lo que las recomendaciones podrían ser vinculatorias.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el morenista David Martínez Mendizábal, concluyó que ambas propuestas continuarán en análisis. También pintan para ser “bateadas”.

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