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Pide legisladora federal auditar administración de Bárbara Botello

La diputada federal Mayra Enríquez Vanderkam presentó ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise  a detalle los procesos de licitación, contratos y recursos ejercidos en la administración municipal de León 2012-2015.

Pide legisladora federal auditar administración de Bárbara Botello

León, Gto. La diputada federal Mayra Enríquez Vanderkam presentó ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise  a detalle los procesos de licitación, contratos y recursos ejercidos en la administración municipal de León 2012-2015.

En el documento, la legisladora federal señala que desafortunadamente al día de hoy no se han dado a la sociedad leonesa las explicaciones claras, ni la rendición de cuentas necesarias que técnicamente justifiquen posibles conductas irregulares o la presunta comisión de delitos.

La diputada federal resaltó que este tipo de situaciones pueden generar una  percepción en la opinión pública, de que lo que impera es la impunidad y no la vigencia plena del estado de derecho.

En su argumento, Enríquez Vanderkam hizo referencia al cúmulo de publicaciones  en  diversos medios de comunicación de la localidad  y de circulación nacional, sobre posibles irregularidades,  incluso recientemente una presunta quema intencionada de documentos oficiales.

La diputada leonesa resaltó que como legisladores deben ser los primeros en actuar y poner el ejemplo para evitar la percepción ciudadana de impunidad ante posibles actos de corrupción o faltas administrativas.

“Esta situación se acentúa cuando aquellos que pudieran resultar responsables, ostentan cargos que otorgan fuero constitucional, al interpretarse que éste consiste en eximir de la rendición de cuentas y de fincar responsabilidades y sanciones”, dijo.

Cabe señalar que la JUCOPO lo enlistó en el orden del día de la sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2015; el documento se turnó a la Comisión de Vigilancia para su análisis y pedir a la Auditoría Superior de la Federación que dicha solicitud se incluya en el programa anual de auditorías.

En el mismo sentido, el pasado 22 de octubre a través del diputado local  Ricardo Torres Origel,  se sometió a consideración del pleno del Congreso de Guanajuato un punto de acuerdo para solicitar una auditoría integral a la administración pública municipal de León, misma que  fue aprobada por unanimidad.

 Presuntas irregularidades:

 • Costo elevado en las obras boulevard del Timoteo Lozano, Plaza de la ciudadanía, Plaza Parque las Joyas, Casa Luis Long, Escuela de Vanguardia de las Joyas, remodelación del centro histórico. Obras que terminaron con un costo excedido al inicialmente proyectado bajo el pretexto de ampliación de metas.

 • Un 33 por ciento de la obra del municipio se concentró en ocho empresas; sin mencionar las declaraciones públicas de tales empresarios de la construcción y la forma de asignación de dichas obras.

 • Asignación de obras sin licitar.

 • En la calle Madre Patria de la colonia 10 de mayo, solamente se colocaron 56 semáforos de los 100 que fueron adquiridos, desconociéndose la ubicación de los 44 restantes.

 • Irregularidades en la nómina municipal, al contemplar personas que jamás acudieron a las oficinas municipales para cumplir sus funciones y devengar su salario.

 • Desvío de recursos.

 • Compras a empresas inexistentes.

 • Conflicto de intereses entre los proveedores y quienes autorizaron las adquisiciones.

 • Liquidación de policías sin tener certeza de que efectivamente no aprobaron el examen de control confianza o, caso contrario, pretender contratar o mantener en sus cargos a policías que efectivamente no aprobaron dicho control.

 • Carga de pasivos laborales por despidos injustificados, contrataciones de personal que no cumplen los lineamientos de los perfiles de puestos establecidos.

 • Seguimiento a la creciente evolución de una nómina inflada y el posible pago de sobre sueldos a algunos funcionarios con el fin de obtener liquidaciones ventajosas.

 • El pago con recursos del erario de servicios privados de los funcionarios.

 • El posible conflicto de interés o cohecho en el que pudieran haber incurrido los funcionarios debido al otorgamiento de servicios.

 • Posible lenidad, omisiones, abandono o abuso de las responsabilidades adquiridas por los servidores públicos de la administración que hubieren causado daño al patrimonio del municipio o perjuicio a los particulares.

 • El uso y destino de los recursos que obtuvo la administración derivados del empréstito que se le concedió.

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