Existir es persistir
Jorge Wagensberg

La polémica suscitada y la tensión –y hasta conflicto- respecto a los medios de comunicación propiciada por el Presidente de la República, a partir del ahora también fallido intento del control de daños, respecto al operativo efectuado en Culiacán, va más allá de la decisión de liberar a Ovidio Guzmán por parte de las autoridades que lo capturaron. Muestra la necesidad de abrir una reflexión y un análisis, al menos mínimo, de lo que implica hoy el papel de la prensa, del periodismo, de los medios de comunicación —convencional y digital–, en la era de la inmediatez y del mercado de noticias.

Ningún medio de comunicación es neutral, eso lo sabemos. Cada persona que trabaja en el campo de periodismo, incluidos quienes compartimos nuestra mirada sobre la realidad, también tenemos una postura. Lo mismo sucede en cada proyecto periodístico, en cada empresa de comunicación. Todos tienen una definición política, se tienen intereses, visiones y líneas editoriales. Configuran un proyecto de comunicación y quieren tener un público, buscan crear audiencias para que se logre una identificación que les permita ganar lectores, seguidores, escuchas, televidentes o cibernautas, y con ello tener la posibilidad de “agregar” publicidad en sus “medios de comunicación”, con la que se pueda sostener lo que implica operar una empresa de comunicación periodística: cubrir los gastos de nómina y de inversión requerida para mantenerse en el mercado de la comunicación.

El intento del gobierno federal para explicar el operativo de Culiacán ha mostrado que es un primer ejercicio de transparencia –nunca antes visto- de las fuerzas armadas, en especial del Ejército Mexicano. La forma en la que Andrés Manuel López Obrador y los responsables de la oficina de Comunicación Social de la presidencia han manoseado el caso, pone en entredicho la propia acción del gobierno federal y deja en un sentido crítico, vulnerado, el trabajo de los militares, más allá de que esta experiencia —fracaso del operativo– confirma una vez más que las fuerzas armadas no pueden estar en tareas de seguridad pública. Pueden ser apoyo, soporte táctico y militar, pero no seguir haciendo lo que no saben hacer. También demuestra que hay un pésimo manejo de la información de la estrategia de manejo de medios, que las “mañaneras” están entrando en un desgaste innecesario, y que la actitud presidencial no ayuda al desarrollo de su proyecto de gobierno.

El caso muestra que la estrategia que va desarrollando el gobierno federal en materia de seguridad está en construcción, concediendo que están haciendo algo, pero a su vez hace visible que tiene muchísimas cosas por definir para conformar la Guardia Nacional y dotarla de capacidades y competencias profesionales, de investigación, operativas y tácticas, para combatir de forma integral el problema generalizado de la delincuencia y el crimen organizado.

Confirma que los grupos criminales han desarrollado un poder paralelo al Estado, que su capacidad de respuesta demuestra lo que se sabe desde hace años: que tienen mucho dinero y acceso sin restricción a armas de alto calibre, que han corrompido a policías locales —municipales y estatales–, y que han comprado a muchas autoridades en los tres niveles de gobierno.

En ese contexto, el papel de los medios de comunicación es informar, verdad de Perogrullo, pero el tema es el cómo, el para qué, y aparece el problema de la forma y el fondo. La Presidencia comete el error de enfrentar a los medios —al estilo Trump–. Se equivoca al pedir que se autocensuren, y más cuando el propio Presidente se ha pronunciado por la libertad de prensa como una garantía de su gobierno.

Hay que entender que la imagen y confianza de las audiencias en los medios de comunicación opera de la misma manera que en los consumidores de bienes y servicios, ya sea que elijan por la calidad, la experiencia de compra o que sean atrapados por las estrategias del marketing, bajo la más pura lógica del mercado. Los consumidores —las audiencias, los lectores– buscarán y se identificarán con aquellos que les ofrezcan mejores “noticias”, por su calidad, o por la manera de ofrecer información de manera clara y profesional, o porque les gusta simplemente el “estilo” del medio de comunicación, que fortalece o legitima la forma de “mirar” la realidad social y política, su no neutralidad, la del medio y la de del ciudadano.

Ante esta realidad la ciudanía se ve envuelta en el dilema de elegir qué medio de comunicación leer, escuchar o ver, así como ubicar con cierto criterio y libertad a cuáles creer. Esto se complica más en un país en dónde la mayoría —68%– de la población se informa a través de la televisión abierta, 17% se entera por la radio y 15% lee periódicos —físicos o digitales–. Sin contar la proliferación de “noticias falsas” y del uso de estrategias de “control de daños” a través de bots, para crear tendencias o aminorar efectos en las redes sociales a los que los usuarios están expuestos.

Hoy más que nunca se requiere que la ciudadanía asuma un papel crítico e informado. Los partidos políticos no están siendo capaces de ser una oposición que ayude a mejorar o corregir los desaciertos y hasta los desfiguros que se vienen dando en la 4T. Se requiere una prensa libre, crítica y responsable, sin esconder en una falsa neutralidad su visión y el sesgo que se le imprime a lo que se comunica.

La ciudadanía deberá valorar la calidad de los medios de comunicación y la confiabilidad de lo que éstos informan y comunican, y ahí se decantará qué medios hacen su trabajo de forma ética y quiénes le apuestan sin pudor a ser los voceros de grupos de interés y poderes fácticos que usan los medios de comunicación para desinformar y crear ambientes hostiles, de confrontación, incluida la facturación de campañas de miedo, para crear desconfianza y resentimiento social.

El gobierno, en todos los niveles —municipal, estatal y federal– debe apostar por la comunicación total, por la necesaria responsabilidad de comunicar de forma veraz y oportuna. Deberá incluir en su acción de gobierno la convicción de que el papel de los medios de comunicación estará en función de la calidad de la información que los gobiernos ofrezcan, de cara a la responsabilidad de gobernar y hacer cumplir los mandatos constitucionales, a la vez de asumir la rendición de cuentas y la transparencia como una manera institucional de gobernar y hacer política de forma ética.