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10/04/13

Tigres de papel | Las mujeres mueren sin alerta • Casi helados

Tigres de papel | Las mujeres mueren sin alerta • Casi helados

La escalada de homicidios a mujeres en el estado de Guanajuato es evidente. Y grave.

Pero las autoridades se resisten a reconocerla.

En cuarenta y ocho horas, en distintos momentos y lugares, al menos cuatro funcionarios de primer nivel en sus distintas responsabilidades expresaron su reticencia a la solicitud de una declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de Guanajuato.

Así lo hicieron el gobernador, Miguel Márquez Márquez; el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca; la senadora de la República Pilar Ortega Martínez y el secretario del Ayuntamiento de León, Martín Ortiz García.

En México, la violencia feminicida está contemplada desde el año 2007 -en el sexenio de Felipe Calderón- en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 21 la define de la siguiente manera:

“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Ahí mismo, en su artículo 22, se establece que la alerta de violencia de género “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

Es al gobierno federal al que corresponde, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar una alerta de violencia de género y notificarla entonces al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate; eso dice el artículo 25.

Ayer, tres regidoras del Ayuntamiento de León, las priistas Verónica García Barrios y María Esther Zúñiga y Beatriz Manríquez, del PVEM, salieron a rueda de prensa a exponer, primero, su iniciativa de crear una Comisión de Equidad de Género en ese cuerpo colegiado y, enseguida, aunque tibiamente, a llamar al Gobierno del Estado a “revisar” la solicitud de la declaratoria de una alerta de violencia de género a la Secretaría de Gobernación.

Una alerta que “no estorbaría a nadie” y que sí, en cambio, fortalecería las medidas de prevención.

La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, según el artículo 24 de la ley referida, se emitirá cuando:

Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame.

Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Y cuando los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales así lo soliciten.

Con nombre y apellido, las regidoras pidieron a Gustavo Rodríguez Junquera, procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, que se ocupe del asunto. Coincidieron en que se percibe “un miedo a reconocer una situación delicada, una realidad que está ahí, que la estamos viviendo”.

Gobierno que son, las regidoras recurren a los recuentos de la prensa: 19 mujeres asesinadas en Guanajuato, en lo que corre del año; el caso más reciente, una mujer de 71 años que fue apuñalada en su casa, en Celaya.

Las tres, integrantes del consejo directivo del Instituto Municipal de la Mujer, bajo la dirección de Graciela Nieto Urroz, aceptan que la propuesta de creación de una comisión de género en el Ayuntamiento de León obedece precisamente a los hechos recientes de violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la norma, la alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo garantizar su seguridad, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos.

Con la declaratoria, entre otras, se debería:

Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.

Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.

Y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

La comisión propuesta al Ayuntamiento de León actuaría además -en su esfera de responsabilidades- en la promoción de políticas públicas de género en el municipio y en el desarrollo de actividades de prevención.

También ayer en León, María Eugenia Carreño, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Guanajuato, el DIF estatal, dio un paso al frente para informar del arranque de un programa emergente para prevenir la violencia de género, y lograr que se les canalicen directamente los casos denunciados ante el Ministerio Público.

La protección a las mujeres está, pues, en la ley y en los discursos. Toca mover a las autoridades.

CASI HELADOS

El gobernador Miguel Márquez se anotó un punto importante a favor, ayer, con la declaratoria de desastre natural para 39 municipios de Guanajuato, que hace la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Sagarpa, mediante la cual se liberan recursos para apoyar a los afectados.

El acuerdo se publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación. Se emite la declaratoria de desastre natural en los sectores agropecuario, acuícola y pesquero, debido a los daños ocasionados en los cultivos de Guanajuato, por las heladas de los primeros días de marzo.

Los municipios afectados fueron Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Pénjamo y Pueblo Nuevo.

También, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria.

Con la declaratoria, se ejercen los recursos del presupuesto para la atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, de conformidad con el presupuesto federal 2013.

La aprobación a la solicitud de declaratoria de las condiciones de desastre alivia también, al menos de manera momentánea, las relaciones del secretario estatal de Desarrollo Agropecuario, Javier Usabiaga Arroyo, con el sector, que por momentos parecen salirse de control, sobre todo en términos declarativos.

Una vez que sea depurado el padrón de afectados, se les harán llegar 154 millones de pesos, un 60 por ciento de recurso federal y el restante 40 por ciento del Gobierno del Estado, confirmó el gobernador Márquez. De los males, el menor.

LA JAULA

Con la novedad de que el anuncio espectacular que cayó sobre un automóvil y casi mata a la familia que lo ocupaba tenía vencido el permiso correspondiente. Lo confirmó Óscar Pons González, director de Desarrollo Urbano municipal.

En una de esas -si ni siquiera tenía un permiso vigente-, pues tampoco estaría amparado por un seguro de cobertura de daños a terceros, supone, con visos de acertar, el funcionario.

Lo bueno es que los integrantes de la unidad especializada para la vigilancia de espectaculares ya concluyeron su capacitación y esta misma semana se pusieron a trabajar.

Iniciarán, oootra vez, con el censo que anunció en su momento el entonces alcalde Ricardo Sheffield y, al menos en esta ocasión, reconocen no tener ni idea de cuánto tiempo les llevará, porque “el proceso y el desorden que hay son complejos”.

Mientras, la imagen urbana de la ciudad sigue convertida en un desastre y la contaminación visual campea rampante.

Comentarios y quejas: tigresdepapel1@gmail.com y @FPacomares

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