A la Procu le falta un Lucero

Aquí lo dijimos la semana pasada: la entrevista al Gobernador Márquez, en CNN en Español, no cancelaba en términos mediáticos el caso de “Lucero”. Así, fue. Lo catapultó al plano nacional y orilló a la participación de todas las instituciones obligadas.

Hoy, el procurador de justicia de Guanajuato, al centro del pasatiempo de: “tírenle al negro”, ya no atina a quién atender primero.

Por de pronto, la procuraduría sale a aclarar por escrito la aseveración de que habría negociado con el agresor de Lucero la aceptación de su responsabilidad, a cambio de una consignación con cargos menores y su libertad condicional. Así lo habría dicho Verónica Cruz, directora del centro Las Libres, también a CNN, en el mismo espacio en el que emboscaron al gobernador Márquez y donde además se entrevistó a la joven, María de la Luz Salcedo Palacios.

Sostiene la procuraduría que tales aseveraciones carecen de sustento, las niega y afirma que la Institución no negocia con los inculpados y su defensa, pero dice más: que el trámite (proceso) se hizo conforme a la Ley y, ojo, que la calificación jurídica otorgada a los hechos “obedece exclusivamente a lo actuado en la Carpeta de Investigación al formular imputación, basados en la verdad legal.”

En otras palabras, la procu se sostiene en su dicho: no existió ni intento de violación, ni intento de homicidio. Así las cosas, poco o ningún sentido tiene impugnar la libertad concedida por la juez…

En la procuraduría, endurecen el discurso. Asientan que respetan las opiniones y la libertad de expresión… pero,   que pugnan porque se ejerzan con objetividad y de manera informada –y propositiva, diría Romero Hicks-.

Es, más: “con mentiras no se avanza en el tema; no resulta válido realizar imputaciones falsas, descalificaciones sin sustento, ni aseveraciones artificiosas.” Aquí de plano ya no sabemos si desde la procu se dirigen todavía exclusivamente a doña Verónica Cruz, o es un escopetazo a ver quién brinca.

De retórica

Ya tirados al piso, se siguen derecho: “El derecho (…) no deben mancharse con calumnias e intereses que no abonan en la materia ni en beneficio de quien realmente sufre la afectación de un delito; la lucha por una vida libre de violencia de la Mujer, exige seriedad, objetividad, certeza y responsabilidad.”

La procuraduría explica paso a paso su procedimiento, en una relatoría que, de faltar a la verdad, sería muy fácil para Lucero, desmentir.

Que a lo largo de la investigación, se hicieron de su conocimiento y explicaron sus derechos; se puso a su consideración la valoración médica y psicológica -para efectos de peritaje, porque la atención es su derecho-; se garantizó de inmediato su seguridad; se le han notificaron los acuerdos ministeriales; ella nombró asesores jurídicos, quienes le acompañaron en las audiencias; se formuló la imputación al inculpado; se solicitó prisión preventiva y han apelado la negativa de otorgarla; se objetaron en el acto las alusiones del defensor a la vida íntima de la ofendida; se ha priorizado la reparación del daño, etc. –El “etc.”, en serio, es del original, no del columnista.

Así pues, estaríamos ante una actuación sin mácula de la procuraduría de justicia del estado de Guanajuato -esa de los agentes del ministerio público y los policías ministeriales con los que se encuentran todos los días cientos de agraviados. El turno a la palabra, sería para Lucero.

Antes, la procu insiste en que en ningún momento ha pretendido y menos acordado abreviar el procedimiento, y que están abiertos a “la retroalimentación y al escrutinio”.

Y qué bueno esto último, porque las palabras de Verónica Cruz a CNN en Español, son el menor de los problemas del procurador Carlos Zamarripa.

Los actores

Aquí le comentamos que la guanajuatense, Martha Lucía Mícher, diputada federal por la Ciudad de México, llevó el punto a la tribuna de la cámara baja del Congreso de la Unión.

Vino después la entrevista a Verónica Cruz y a María de la Luz Salcedo en CNN, que dio pie a la larga argumentación de la procu.

En la semana, le informamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, le quitó el expediente –“lo atrajo”, para decirlo con pulcritud-, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, PDHEG, siempre a la mano, debido a la competencia sobre el asunto, que sí tiene, y a la resonancia de los hechos.

Enseguida levantó la mano el Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, que solicita a los poderes Ejecutivo y Judicial de Guanajuato, “que se investigue y sancione”, así “a los funcionarios involucrados en el caso de Lucero Salcedo”.

Inmujeres, envía un par de oficios al gobernador Márquez y al presidente del Poder Judicial, Alfonso Fragoso, para que sancionen porque los funcionarios no actuaron con perspectiva de género en el caso. Por acá estuvo el coordinador de asuntos jurídicos del instituto, Pablo Navarrete, para entrevistarse con Lucero y hacerle patente el respaldo de la Federación.

Y ahí no acaban. Hasta Adriana Rodríguez Vizcarra, la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, el IMUG, salió a corregirle la plana al procurador Zamarripa.

Dice Adriana que desde hace seis meses tienen en la procu los protocolos a atender, que se aplican pero que hay que continuar la capacitación a los (Agentes del) Ministerio Público. Seguramente, a Lucero le tocó uno que apenas aguarda turno…

Total, desde la procuraduría escriben que “en este caso, nuestro compromiso es con María de la Luz, y sus familiares, rotundamente condenamos los hechos de violencia de que fue objeto, y con esa convicción, seguiremos trabajando…” Evidentemente no muchos, y menos ella, opinan lo mismo.

Los números de la semana

A los números de la semana, con énfasis en los índices delictivos, que aportaron los regidores panistas y según los cuales la Administración priista que encabeza, Bárbara Botello, sería un verdadero desastre, el equipo de gobierno responde con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dicen más o menos lo contrario.

El estudio compara al municipio de León con otras 14 ciudades del corredor industrial y del resto del país, en cuanto a la comisión de los delitos de robo a casa habitación y de vehículo.

El estudio comprende de enero a julio de 2013, es público y se puede consultar en la página del SESNSP. Las ciudades bajo la lupa, fueron: Tijuana, Celaya, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Salamanca, Puebla, Irapuato, Querétaro, Ecatepec de Morelos, Aguascalientes, San Luis Potosí, Juárez y León.

León se encuentra en el octavo lugar en robo a casa habitación, detrás de Tijuana, Aguascalientes, Querétaro, Monterrey, Irapuato, Puebla y Celaya. Aquí mismo, pues, Irapuato y Celaya estarían peor, ambas las gobierna el PAN.

Mismo delito, pero con violencia: León, es décimo segundo, detrás de los municipios guanajuatenses de Celaya, Salamanca e Irapuato.

En robo a negocio, León es noveno.  Celaya e Irapuato ocupan la quinta y sexta posición, en ese orden. Con violencia el delito, León desciende hasta la décimo segunda posición.

El robo de vehículos pone a León como número doce, y Celaya, es quinto. Lo dicho: las guerras de cifras son muy estridentes y nada esclarecedoras.

Por cierto, no muy preocupada ha de estar la alcaldesa, Bárbara Botello por las quejas de los panistas, en tanto que el fin de semana se dio una vuelta a Tlalnepantla de Baz, para participar en una reunión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, con la Federación Nacional de Municipios de México, la Fenamm, que ella encabeza, para adentrarse en la política nacional de desarrollo urbano y vivienda para los municipios. Pues, no, así como que muy contrariada, no está.

Pagaré social

Interesantísima, en verdad, la Iniciativa de Reforma Constitucional que presentó el Senador panista por Coahuila, Luis Fernando Salazar. Ahí le va:

Se trata de que los servidores públicos electos mediante el voto popular que incumplan sus promesas de campaña sean sancionados. Así de sencillo y así de complicado.

El tamaño de la sanción sería proporcional al agravio y se asentaría en la ley secundaria.

Por supuesto, concede el Senador, habría que disponer de un catálogo tanto de promesas y de responsabilidades, como de excluyentes de responsabilidades, pero por supuesto que es justo y necesario regular, ya, las promesas de campaña.

-“En 15 minutos resuelvo el problema de Chiapas”, de Vicente Fox y “voy a ser el “presidente del empleo”, de Felipe Calderón; o “te lo prometo y te lo cumplo”, de Enrique Peña son, claro, las referencias inmediatas obligadas.

Todavía peor, y solo por hacer más gráfico el ejemplo: Vicente, prometía a la gente de El Barzón, exactamente lo contrario que a la mañana siguiente prometería a los banqueros. Y no pasa nada.

Pero esas son las grandes ligas, la aplicación eventual de esa Ley en el patio doméstico sería de lo más divertido.

Candidatos a gobernador, a senadores a diputados federales, a alcaldes ¡A diputados locales!, prometen cada tontería, no únicamente por imposibilidad presupuestal o de exigencia de consenso, sino por una ignorancia vulgar de las facultades y responsabilidades de los cargos a los que aspiran.

De verdad se antoja, y hay que hacerlo, dar una repasada a los cuadernillos, para obsequiarle ejemplos concretos, porque los hay, de sobra.

El primer logro de una eventual aprobación de esta Iniciativa de Reforma Constitucional, sería que la firma de promesas y compromisos ante Notario Público –que seguro obligaría la norma-, dejara de ser un mero acto propagandístico rayano en la vacilada.

Salazar afirma que su iniciativa no lleva dedicatoria, y hay que creerle porque eso es imposible. En esto de las promesas de campaña, diría el Doctor House: todos mienten.

Una de las propuestas es obligar a los partidos a poner en sus sitios de internet las promesas de sus candidatos. De fijarse tiempos, que serían los dientes de la Reforma, la vigilancia ciudadana a partir de las redes sociales sería demoledora.

La propuesta de reforma se llama ‘Pagaré Social’, y hasta el nombre tiene bonito, a lo mejor demasiado, como para que algún día sea realidad.

La Jaula

Ayer fue la efeméride y hoy los leoneses asisten a la Romería de la Raza. Presiden la alcaldesa, Bárbara Botello, su hermano Tomás, que es el presidente del Consejo DIF, y la Directora General del Sistema, Gabriela Ruenes.

La fiesta inicia a las diez de la mañana con la celebración de la Misa en la Catedral Basílica de León. A las once, arranca el desfile conmemorativo, que va de la Plaza Principal a las instalaciones de la Feria. La Romería se inaugura a la una y media de la tarde en la Plaza de Las Américas, se rifarán a los asistentes dos viajes a la playa y se hará el recorrido acostumbrado por los locales.

Tránsito Municipal tiene listo, dice, un operativo con 77 agentes. El cierre de vialidades comenzó ayer a las ocho  de la noche con el bloqueo de la calle Juárez, en el tramo del bulevar Mariano Escobedo a la calle 5 de Febrero, tramo utilizado para estacionar los carros alegóricos que participan en el desfile.

Hoy se cierran desde las ocho de la mañana Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, 20 de Enero y 5 de Febrero.

Así se continuará todo el día con el cierre de tramos en vialidades cercanas a las instalaciones de la Feria: Paseo del Niño, bulevar Vasco de Quiroga, calle Españita y bulevar Adolfo López Mateos. Tome sus precauciones y diviértase.

Comentarios y quejas: [email protected] y @FPacomares