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14:45h. Martes, 18 de Junio de 2019

"Somos un país de analfabetas funcionales: sabemos traducir las grafías del abecedario, pero no comprendemos significados..."


El reciente día del maestro y la nueva “reforma” educativa me sirven de excusa para compartir una reflexión personal acerca de la situación educativa de nuestro país y las responsabilidades del Estado y del magisterio. Me siento calificado porque dediqué seis años de mi vida a ser funcionario educativo en Guanajuato cuando los sistemas estatal y federal estaban separados; eso antes de la reforma de 1993, que federalizó —en el sentido auténtico del término— la educación nacional. Además, he sido profesor de banquillo durante 35 años en los niveles medio superior y superior.

México es un país con terribles atrasos en el ámbito de la educación, particularmente la pública. Las pruebas PISA que aplica cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evaluar conocimientos, competencias y habilidades de los estudiantes de 15 y 16 años en matemáticas, lectura y ciencias, nos ubican consistentemente en el último o penúltimo lugar de los 36 países de la OCDE. Hay áreas como la de matemáticas donde México registra algún progreso, pero a un ritmo tan lento que tardaremos 24 años para llegar al promedio. Alcanzar a Japón nos llevaría 44, siempre y cuando la situación de ese país no mejorara. En ciencias también nos tomaría 44 años llegar al promedio de la OCDE, y para alcanzar a los países punteros tardaríamos 57 años. En cuanto a comprensión lectora el panorama es aún más desolador, pues nuestro índice, de por sí bajo, va en retroceso (http://bit.do/eSzZx). Somos un país de analfabetas funcionales: sabemos traducir las grafías del abecedario, pero no comprendemos significados.

La educación en México ha servido de instrumento político para los gobiernos de la última centuria. Si bien es cierto que desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1922 la Revolución llevó la escuela a los confines más lejanos del país, también es verdad que los gobiernos aprovecharon el monopolio del programa educativo para imponer una ideología nacionalista con muy poco aprecio por el análisis científico y el desarrollo de las habilidades de la conciencia crítica. Se alfabetizó, pero no se adiestró en comprensión de lectura; se impartieron fundamentos de aritmética, pero no se desarrolló el razonamiento lógico matemático; se enseñó historia, pero maniquea, de bronce, de un nacionalismo xenófobo y obtuso. Los extranjeros, en particular gringos y gachupines, son malos por definición. Por eso les exigimos que presenten disculpas por agravios trasnochados.

En fin, se cumplió con los números y el sistema educativo nacional creció hasta padecer elefantiasis, que fue aprovechada por el aparato del poder para convertir al gremio magisterial en clientela política sindical, con sus liderazgos caciquiles y su uso electoral. La calidad de la educación impartida a infantes y jóvenes quedó de lado. Así se acumularon décadas de rezagos, que hoy día nos pasan una espeluznante factura.

Las últimas administraciones federales fueron más o menos conscientes de este lastre para el desarrollo armónico de la nación, y aplicaron medidas: algunas tímidas, otras un poco más de fondo. Zedillo dio un gran paso federalizando –o estatizando, según se vea— la abultada nómina magisterial, pero pronto fue visto como aventar la papa caliente a los gobernadores. Fox prefirió negociar con la cúpula magisterial —Elba Esther— y llevársela tranquila fortaleciendo la infraestructura física. Calderón quiso impulsar una reforma educativa de fondo, pero el clima político —la CNTE— no le fue favorable. Peña Nieto sí logró concretar una reforma de gran calado, que sólo el tiempo valorará en su justa dimensión, pero se acusó que se trataba de una reforma laboral, y en muchos sentidos fue cierto: había que poner en orden una masa laboral en buena parte auto gobernada y anárquica, sobre todo en las entidades del sur.

Hoy día, la 4T echó abajo la “mal llamada reforma educativa” y la sustituyó por otra, de la que falta que conozcamos los detalles a nivel legal reglamentario, donde se esconden los diablitos. Me alarma la desaparición del Instituto de Evaluación Educativa y de los mecanismos de tasación de la calidad profesoral. La carrera magisterial debe ser meritocrática y estimular la forja de competencias, conocimientos y habilidades, de tal manera que ese espíritu de autoformación se proyecte hacia los educandos. Pero veo en el entorno político señales que anuncian el regreso de los oscuros días del corporativismo y el deterioro de una educación basada en la libertad de pensamiento. Ojalá que no.