Guanajuato. Convocadas por la Comisión para la Igualdad de Género, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar iniciativas de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato; así como una opinión y un punto de acuerdo.

Regular las órdenes de protección

En primer lugar, se analizó la iniciativa que busca regular las órdenes de protección en el estado. La asesora del grupo parlamentario del PAN, Cecilia Genco, expuso la finalidad de la propuesta y señaló que se contempla que las órdenes de protección deberán otorgarse de oficio o  petición de parte, a través del Ministerio Público, la autoridad administrativa, y en su caso por órganos jurisdiccionales, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas.

La diputada Yulma Rocha Aguilar manifestó que la iniciativa era una homologación con la ley general que habla de esas medidas de protección de carácter urgente para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres que se encuentren en una condición de violencia, pero que había unos apartados que no estaban replicados de manera literal en la propuesta y que esto debería hacerse.

Agregó que, además, tendría que advertirse que hay un impacto presupuestal y administrativo, porque emitirlas requería de formación y capacitación al personal. Asimismo, se pronunció por ampliar la metodología para atender el tema presupuestal, ya que era necesaria la presencia de los operadores de la norma.

Incluir la violencia en el noviazgo

La segunda propuesta revisada pretende incluir la definición de noviazgo y establecer que puede ser uno de los ámbitos en donde se presenta violencia contra las mujeres.

El asesor de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano expuso que la iniciativa se realizó con base a un estudio de derecho comparado con otras entidades federativas, que pretende definirse el término de violencia en el noviazgo y que contribuye a la prevención del feminicidio.

Federico Ruiz, de la Coordinación General Jurídica, manifestó que no contener el término no se traducía en una omisión, sin embargo, indicó que ese tipo de violencia había adquirido cierta notoriedad, sobre todo entre jóvenes, y se sugería limitarse a modificar el artículo 6, donde se establecen los ámbitos de la violencia. A sus comentarios se sumó Cecilia Genco, asesora del grupo parlamentario del PAN, quien precisó que, si se iba a definir, se hiciera de manera correcta para no dejar fuera algunas situaciones y realizó algunas propuestas.

Por su parte, Sandra Pedroza, asesora del grupo parlamentario del PRI, manifestó que definirla era importante y que prevenir la violencia en el noviazgo era prevenir otro tipo de conductas delictivas.

La diputada Martha Lourdes Ortega Roque consideró que era importante precisar el ámbito del noviazgo, al ser una relación más íntima y porque recientemente se ha incrementado la violencia en esta condición; mientras que la congresista Yulma Rocha Aguilar subrayó que era importante porque esta norma sentaba las bases para la realización de política públicas en la materia y daba visibilidad a una problemática que iba en aumento.

Segunda mesa de trabajo

Asimismo, se revisó la opinión sobre iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, con el objeto de perfeccionar el tipo penal de feminicidio, su tipo, características, así como forma de investigar y de sancionar.

La diputada Yulma Rocha Aguilar manifestó que coincidía con la preocupación de la iniciante respecto a la forma en que está definido el feminicidio, ya que podría generar obstáculos al momento de definirlo; sin embargo, mencionó que en su momento el fiscal general señaló que como se encontraba la ley, no le generaba problemas al momento de que los ministerios públicos califican el delito.

Agregó que había otros apartados que generaban confusión y que únicamente estaría de acuerdo con los que tuvieran que ver con el feminicidio.

Por su parte, Cecilia Genco indicó que la iniciativa contenía inconsistencias y errores, y siendo que sería la Comisión de Justicia la que dictaminaría, solo les gustaría dejar en claro algunos principios en derecho penal como el de taxatividad.

En lo que respecta al punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Víctimas y a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos relativo a la problemática sobre los casos de desapariciones de niñas adolescentes y mujeres, la diputada Yulma Rocha Aguilar subrayó que la desaparición de niñas adolescentes y mujeres era una grave violación a los derechos humanos; señaló que los grupos delictivos habían evolucionado en sus formas de delinquir y que la desaparición estaba relacionada con la trata de personas, por lo que era un tema que tenía que visibilizarse.

Finalmente se realizaron diversas propuestas de ajuste al punto de acuerdo y se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.

Estuvieron presentes las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Martha Lourdes Ortega Roque y Hades Berenice Aguilar Castillo; así como Federico Ruiz Chávez y Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica y asesores de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PVEM y MC.