Guanajuato, Gto. En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado discutió, por segunda ocasión, el dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto voluntario.

Al someterse a votación, el dictamen obtuvo 19 votos a favor y 17 en contra, por lo que se ordenó su archivo definitivo.

Como autora del dictamen hizo uso de la tribuna la congresista María Eugenia García Oliveros, quien señaló que estaba en contra y recordó que lo ocurrido la semana pasada había sido histórica, porque a pesar de encontrarse en uno de los estados más anti derechos empataron la votación sobre la despenalización del aborto voluntario.

Apuntó que lo que sí sucedía es el avance hacia la despenalización y la no criminalización, al ejemplificar con lo aprobador y recomendado por diversas instancias internacionales y países alrededor del mundo. Mencionó que Canadá, Australia y Nueva Zelanda ahora tratan el aborto no como un delito, sino como un servicio de salud pública regulado por leyes específicas o ministerios de salud.

La legisladora argumentó que no había forma de sostener desde los derechos y el progresismo lo que defienden, que no han visto una sola justificación jurídica de por qué insisten en utilizar la persecución penal contra las mujeres y que el derecho penal es la última razón de Estado.

Finalmente, indicó que era hora que Guanajuato avance hacia un marco normativo que garantice la igualdad los derechos humanos de las mujeres y que en la entidad debía considerarse un derecho contar con servicios de salud, incluidos los servicios del aborto legal y seguro, porque era parte del reconocimiento, protección y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres.

Al hablar en contra, el legislador Antonio Chaurand Sorzano resaltó la urgencia de la revisión de las nociones de privilegio, empatía y realidad social, para valorar a las mujeres que viven en violencia o desinformadas o que no están listas para la maternidad por tener metas personales profesionales y que merecen ejercer su labor de decidir sobre sus cuerpos.

Agregó que la evidencia científica demuestra que la legalización del aborto reduce las complicaciones médicas, los abortos clandestinos y con ello la muerte, toda vez que en la Ciudad de México la tasa de complicaciones por la interrupción del embarazo ha llegado a ser del 0%, además de resaltar que no se promueve el aborto, sino que ninguna mujer sea penalizada o que muera por tomar una decisión sin respaldo del Estado.

Finalmente, mencionó que la Organización de las Naciones Unidas imperó al Congreso del Estado de Guanajuato que se avance en la garantía de la igualdad y protección de los derechos humanos de las mujeres, toda vez que la criminalización no resuelve el tema de fondo y solo lo agrava, junto a que al menos 150 mujeres han enfrentado procesos por aborto de las cuales varias eran adolescentes y vivían en condiciones de pobreza.

En rectificación de hechos, la congresista Karol Jared González Márquez no existe una acción inconstitucionalidad como se ha venido refiriendo que obligue al Congreso del Estado de Guanajuato a reformar o eliminar el delito al aborto en el Código Penal, ya que esos efectos únicamente fueron para el Poder Judicial y esa acción inconstitucionalidad requería con perspectiva de género para que ninguna mujer fuese privada de la libertad por abortar pero en ningún momento se ordena al Congreso a legislar en determinado sentido.

Apuntó que les han querido presentar un falso dilema, que para proteger a las mujeres hay que dejar de proteger la vida, como si fueran causas opuestas, como si fuera imposible caminar con ambas. Resaltó que eso no era verdad, que proteger a las mujeres y proteger la vida no eran causas contrarias, sino que eran la misma causa.

González Márquez cuestionó sobre de qué servía hablar de libertad si no había opciones reales, si se empujaba a decidir desde el miedo, la obediencia, la presión o el abandono, por lo que subrayó que por ello defendían su postura, porque no abandona a la mujer en su encrucijada, sino que le dice aquí estoy y vamos a buscar otra salida.

Concluyó al señalar que eliminar esa figura sería quitarle la herramienta de protección a la mujer, y enfatizó que toda vida vale y que toda mujer merece algo mejor que el silencio, la soledad o el miedo.

Por su parte, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco rectificó lo comentado por su antecesora, al mencionar que hay un amparo interpuesto y que es cuestión de tiempo de que llegue una sentencia vinculatoria directamente para Guanajuato, junto a que se tiene la oportunidad de evitar largos procesos para hacer valer el derecho de las mujeres para decidir.

La congresista manifestó que se busca clarificar los supuestos para que por un lado se distinga en qué consiste el aborto voluntario que se busca despenalizar y mantener lo referido al aborto forzado donde las causas de violencia y agresiones sigan estando presentes.

Finalmente, expresó que lo que se busca desde la iniciativa es proteger desde la Ley el más alto índice de protección posible a sus derechos humanos, porque a diferencia de lo que se cree se defienden las maternidades deseadas y se acompaña a quienes deciden no ser madres.

En su oportunidad, la legisladora Martha Edith Moreno Valencia manifestó que su homóloga estaba hablando de otros delitos como el de trata de personas y que lo que buscaba era confundir a las personas; mientras que, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que se trataba de confundir a la gente diciendo que no hay mujeres encarceladas cuando se abrieron 17 carpetas de investigación a mujeres que decidieron sobre su cuerpo o tuvieron un incidente obstétrico.

El legislador Antonio Chaurand Sorzano manifestó que no es necesario que alguien los obligue para tomar la decisión correcta, que no apoyan el aborto forzado y que el Estado tiene la obligación de apoyar a la mujer gestante pero que ellos respaldaban el derecho de la mujer a decidir.

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván subrayó que su partido no venía a debatir sobre la vida, sino a defenderla. Remarcó que, partían de una premisa fundamental, venían a defender el derecho a la vida de la mujer, el derecho a la vida de los hombres y, sobre todo, de los que no tienen voz, por los más débiles, por esas mujeres que no han nacido.

Señaló que esta discusión no inició hoy, y que continuará porque su grupo parlamentario planteó la defensa a la vida desde la votación. Puntualizó que se debe conocer bien el dictamen que proponen los que buscan legalizarlo con el voto particular, porque se plantea criminalizar a la mujer cuando aborte a las 12 semanas un día.

Puntualizó que el derecho a la vida es el primer derecho, es el fundamento de todos los derechos, y mencionó que como decía Don Carlos Castillo Peraza: “Bienaventuradas las tortugas en gestación que están más protegidas que los seres humanos en la misma condición”, al remarcar que así se está actualmente, porque el aborto es la muerte del producto de la concepción, y matar es algo que estaban defendiendo los que buscaban despenalizarlo.

Espadas Galván argumentó que están a favor siempre de defender la vida y que tenían que hablar sobre el texto legal y decir las cosas como eran, al subrayar que el aborto es la muerte del producto de la concepción, porque el aborto no era interrumpir, por lo que seguirían peleando por el derecho a que se persiga cualquier acto de violencia contra la mujer y defenderían la posibilidad de que el Estado responda, a través de la investigación contra cualquier hecho de violencia contra esta.

En rectificación de hechos, el legislador Ernesto Millán Soberanes manifestó que el mayor destructor de la vida es la situación de homicidios que transita en todo México, además de que Guanajuato no ha reconocido abiertamente la crisis de feminicidio en comparación con la apertura de carpetas por aborto que se tienen registradas en la entidad; mientras que, el congresista David Martínez Mendizábal leyó la definición de interrumpir y se refirió a los muertos que dejaron las administraciones de oposición, así como al hecho de que la derecha no va a cambiar su pensamiento.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor externó que la discusión para la mayoría del Congreso pareciera que ya no se trata sobre la dignidad y derechos de las mujeres por darle preferencia a un costo político al preferir mantener el estigma, la persecución y la violencia de género contra las mujeres.

Agregó que Guanajuato sigue siendo el estado con más homicidios dolosos de hombres y mujeres, junto a que la falta de legislación es contradecir los discursos que en campaña se prometieron y contribuir a saldar la deuda histórica que se tiene con las mujeres que se relacionan con la promoción y defensa de sus derechos.

En rectificación de hechos, el legislador Rodrigo González Zaragoza indicó que estaban a favor de la defensa de la vida y la libertad, que cada mujer sea dueña de su propia decisión porque no eran nadie para decirle a otra persona qué hacer con su cuerpo, que tenían que pensar en derechos no en votos, en las mujeres y no en urnas.

Remarcó que Guanajuato no merecía esta polarización, que no había buenos o malos, se trataba de la no criminalización contra la mujer y que no podían encapsular al estado y convertirlo en una isla.

Al hablar en contra, la legisladora Maribel Aguilar González comentó que decir que no se criminaliza a las mujeres en Guanajuato mientras se mantiene el aborto como delito es una forma de disfrazar la opresión con lenguaje políticamente correcto.

Agregó que de considerarse importante la protección de las mujeres respetando su dignidad y sus derechos, el aborto debe de salir del Código Penal y no utilizar el tema bajo la visión de un oportunismo político alrededor del debate por convertir los derechos de las mujeres en un botín electorero.

Finalmente, la congresista mencionó que la titular del Ejecutivo ha mantenido un silencio estratégico y la indiferencia en medio del debate legislativo relativo a la interrupción del embarazo por la falta de posturas claras ante una realidad que recrimina los derechos de las mujeres.

Por su parte, la congresista María del Pilar Gómez Enríquez se pronunció a favor del dictamen. Se refirió a la imposibilidad jurídica para desprender de las acciones de inconstitucionalidad efecto legislativos obligatorios para el Congreso del Estado al no ser parte de estas; que no es posible derivar efectos generales de resoluciones por amparo, ya que esas resoluciones definen criterios para autoridades jurisdiccionales no legislativas.

Mencionó que en la redacción vigente del Código Penal en materia de interrupción del embarazo convenía detenerse en una premisa fundamental, en que no todas las decisiones que toman las mujeres respecto de la interrupción del embarazo se dan en condiciones de verdadera libertad, porque muchas veces enfrentan entornos donde la decisión de la interrupción de su embarazo no nace de la ponderación libre, sino de una necesidad impuesta por las circunstancias violencia por parte de la pareja, amenazas familiares, abandono económico, desinformación o una red de apoyo que podría ser inexistente, por lo que, en esos casos la interrupción del embarazo no es una elección.

Afirmó que la redacción actual busca contar con herramientas legislativas necesarias pues, ante lo que aparenta ser una elección libre podrían cubrirse en realidad una decisión obligada de ahí que el marco normativo no pueda limitarse a aquello que puede ser lo evidente, sino que debe conservar mecanismos que permitan visibilizar las circunstancias en las que se interrumpe un embarazo.

Finalmente, precisó que si se modifican las restricciones legales actualmente previstas en el Código Penal podrían, sin quererlo, abrir una puerta que vulnere derechos, por lo que dijo que, solo cuando el Estado se compromete a cuidar ambas vidas, a escuchar sin juzgar y a sostener sin abandonar, es posible transformar la incertidumbre y el miedo, en esperanza.  

En rectificación de hechos, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco precisó que la penalización del aborto no salva vidas porque a pesar de la negativa van a seguir existiendo abortos en la entidad, además de que las mujeres irán a otros estados para hacer válido su derecho a decidir.

La congresista comentó que Guanajuato debe evolucionar y cambiar las cifras que registran que en el estado más de 4 mil niñas y adolescentes fueron obligadas a ser madres entre los años 2020 y 2023, de las cuales 1,059 pertenecían al rango de edad de entre 10 y 14 años, además de que al menos 17 mujeres han sido criminalizadas e investigadas por decidir sobre su cuerpo.

La legisladora concluyó diciendo que la vida digna no termina en el nacimiento, sino que comienza ahí y debe de tomar en cuenta temas de seguridad, acceso a una nutrición adecuada, atención médica de calidad, educación, un hogar estable y el apoyo emocional y social que se necesita para que una persona se desarrolle libremente, donde lamentablemente el Estado obliga a parir y luego recurre al olvido.

Al hablar en contra, la congresista Martha Edith Moreno Valencia mencionó que este tema tiene que caminar, que estaban a favor de la vida, pero también ciertos de la ciencia y la progresividad de los derechos de las mujeres para no ser criminalizarlas, y remarcó que su grupo parlamentario jamás se ha manejado en el tema de dogmas de fe, por lo que estaban a favor de que el Estado no intervenga en las decisiones sobre su cuerpo.

Morena Valencia se refirió a lo prometido en campaña por la actual gobernadora del estado, y a que el tema no es aborto si o no, sino de las condiciones en que estos se practican, que no se ha entendido que Guanajuato es un estado progresista.

La diputada Susana Bermúdez Cano se pronunció a favor del dictamen, al manifestar que el aborto no es una política pública y que se da por no atacar las causas que llevan a una mujer a pensar que no puede continuar con su embarazo, que no resuelve la pobreza, que no combate la violencia, que no garantiza redes de apoyo, ni la salud mental.

La congresista refirió que lugares donde se ha legalizado el aborto, como la Ciudad de México, sigue estando entre las cinco entidades con mayor número de mujeres que declaran haber sido víctimas de violencia y que no se han mejorado otros aspectos de la vida como se tenía proyectado.

Bermúdez Cano concluyó diciendo que el Estado tiene la obligación ineludible de no dejar desprotegidos bienes jurídicos inherentes al ser humano como es el de la vida, por lo que no se desprotege a ninguna mujer y que el marco legal actual permite actuar que mantiene una presencia institucional, por lo que se tiene que alzar la voz por las políticas públicas integrales y no por salidas fáciles.

En rectificación de hechos, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo explicó por qué sus antecesores no los representaban, que no había igualdad y que no tenían los mismos privilegios que el pueblo. Indicó que son profundamente liberales, no neoliberales, que creían en la democracia, en la separación de la iglesia y el Estado, y se refirió al resto de las muertes en el estado, así como a otros delitos que ocurren en la entidad como trata de niños, mujeres, porque eso, dijo, también era defender la vida, para finalizar al decir que estaban a favor de la vida libre, digna y consciente.

Mientras que, la diputada Luz Itzel Mendo González manifestó que, meditando su voto, hablando con expertos y con la ciudadanía hizo una reflexión respecto al tema, al argumentar que cambiar de opinión no es traicionar a nadie, que el acto simboliza escuchar, madurar y tomar responsabilidad.

Agregó que la despenalización del aborto activa una obligación judicial, al igual que el aborto no debe normalizarse como política pública, además de resaltar que en Guanajuato no hay mujeres en prisión y que se tiene la certeza jurídica de que ninguna mujer será presionada o manipulada para abortar.

En rectificación de hechos, el legislador David Martínez Mendizábal mencionó que lo que se quiere es que la mujer decida y que el pensamiento libertario y democrático nunca será detenido por los obstáculos del poder.