Guanajuato, Gto. Al Congreso del Estado se le está haciendo bolas el engrudo de las reformas a la ley electoral, en especial lo relativo a la representación legislativa de migrantes y personas en situación vulnerable.

Incluso, existe la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante propuestas que han sido criticadas por el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento de Regeneración Nacional como “incompletas y precipitadas”.

La mesa de trabajo realizada por la Comisión de Asuntos Electorales fue escenario de cuestionamientos y debate.

La Comisión analizó iniciativas de reforma que tienen como finalidad reducir los gastos de los partidos políticos en tiempos no electorales y destinar recursos a la capacitación y promoción política de las mujeres y las juventudes guanajuatenses.

La primera tiene como objetivo reducir el otorgamiento de financiamiento público estatal para los partidos políticos en un 50 por ciento, mientras que la segunda plantea hacerlo en un 75 por ciento.

Carolina Gasca Arriaga, representante del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), pidió que los alcances de ambas iniciativas vayan acordes con lo estipulado por las normas federales y disposiciones del sistema jurídico mexicano.

Enrique Orozco Mora, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, indicó que este tipo de modificaciones generan un impacto presupuestal para el IEEG, pues se reducirían los recursos que recibe.

Alfredo Saenz Araiza, del Instituto de Investigaciones Legislativas, dijo que la primera reforma podría ser viable, mientras que la segunda podría contravenir las normas generales en la materia.

Carlos Manuel Torres Yáñez, de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, cuestionó si esta reducción impactará sobre la operación ordinaria de los partidos y recomendó realizar un análisis al respecto.

La tercera iniciativa plantea la obligación de los partidos políticos a destinar anualmente el 6 por ciento de su financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

La representante IEEG apoyó la propuesta la propuesta, pero precisó que debería armonizarse con la Ley General de Partidos, la cual estipula que el monto destinado a este fin debe ser el tres por ciento; además de que recordó que hay una iniciativa similar en análisis por parte del Senado de la República.

La Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas consideró que no se generaría una carga adicional al IEEG para que cumpla con otorgar los recursos, sólo se trataría de una distribución distinta de los mismos, en tanto que el Inileg afirmó que es viable en tanto que favorece a la igualdad entre hombres y mujeres; mientras que la Coordinación General Jurídica que en el dictamen será necesario justificar el incremento del recurso. 

La cuarta y última iniciativa estudiada busca que los partidos políticos a destinen un porcentaje de su financiamiento a la promoción y capacitación de las juventudes.

El IEEG sugirió aumentar el margen de edad para que se considere como jóvenes a las personas que tienen entre 18 y 30 años; la Unidad de Estudios Públicos de las Finanzas refirió que en este caso tampoco hay carga adicional al IEEG y únicamente se trata de una distribución distinta de los mismos. Por su parte el Inileg estimó viable la modificación y la Coordinación General Jurídica sostuvo que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación la finalidad perseguida por la iniciativa es válida.

Posturas de los Partidos Políticos

Daniel Alejandro Mares Sánchez, representante de Movimiento Ciudadano, expresó que las iniciativas puestas a discusión tienen una inviabilidad jurídica y al mismo tiempo son incompatibles entre sí, a razón de que hay dos iniciativas que pretenden reducir el financiamiento público de los partidos políticos de una manera arbitraria, porque no establecen criterios para la disminución y por el otro lado se pretende destinar recursos a la capacitación de un grupo en específico.

Vanessa Sánchez Cordero, del Partido Verde Ecologista de México, dijo las opiniones vertidas en contra de las propuestas implican una descalificación por considerar que sólo se está dando una justificación para mantener el financiamiento público, tomando en cuenta que el financiamiento tiene la ventaja de garantizar la pluralidad y la alternancia, además de que se tendría un impacto verdadero en la distribución del recurso por ser apenas el 0.20% del presupuesto del estado.

Paulo Edgar Ramírez Noguez, del Partido Revolucionario Institucional, manifestó que el cambio sugerido traería consecuencias negativas al sistema democrático y de representatividad, porque se verían perjudicadas las actividades ordinarias de cada uno de los partidos y se generaría una desigualdad.

Agregó que en su partido como en algunos otros ya se cuenta con organizaciones y facciones que fomentan la inclusión de los jóvenes en temas políticos e incentivan la participación de las mujeres sin necesidad de una obligatoriedad jurídica.

El representante de MORENA, Saúl Ramírez, afirmó que la reducción del financiamiento a los institutos políticos corresponde a una visión del ejercicio de los recursos públicos basados en la eficiencia, en la racionalidad y en la austeridad.

Añadió que la reducción permitiría modificar las acciones de cercanía con la ciudadanía que implementan los partidos políticos, aumentaría la competencia entre partidos y traería consigo una sociedad más interesada en los asuntos públicos.

Emmanuel Jaime Barrientos, representante del Partido Acción Nacional, comentó que la reducción de recursos a los partidos políticos no tendría una consecuencia sustentable por no cubrirse y tener un impacto mínimo en los programas sociales a los que se quiere destinar dicho recurso, aunado a que se podría abrir la posibilidad de que en la búsqueda de presupuesto en el sector privado se obtenga un financiamiento con origen en actividades delictivas.

Durante la reunión estuvieron presentes las diputadas María de la Luz Hernández Martínez y Lilia Margarita Rionda Salas; así como el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes y los representantes del IEEG, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Guanajuato y representantes de los partidos políticos del Partido Acción Nacional, MORENA, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano.