Guanajuato, Gto. La sesión de los jueves fue en martes fue breve y sustanciosa: el Pleno del Congreso local recibió el paquete fiscal del gobernador y dio trámite a diversos asuntos. En lo relativo a las propuestas, destacó la presentada por Alma Alcaraz, quien planteó la creación de una Fiscalía Especializada para atender la violencia de género. Una buena idea presentada con bastante belicosidad.

Llegó el paquete fiscal

Las y los diputados recibieron las iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado, correspondientes a las Leyes de Ingresos y del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023. El paquete incluye las propuestas de reforma a la Ley de Hacienda, al Código Fiscal, a la Ley de Bebidas Alcohólicas y para solicitar autorización para que directamente, o por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración realice el proceso competitivo para la contratación de financiamientos por la cantidad de 2 mil 900 millones de pesos para destinarlos a diversos proyectos de inversión pública productiva.

Con los casi 111 mil millones de pesos y el préstamo en marras, el presupuesto para el estado de Guanajuato será de casi 114 mil millones de pesos. Todas las iniciativas se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales; mientras que la solicitud de crédito a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

Combativa propuesta contra la violencia contra la mujer

Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con la finalidad de crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con la Violencia en contra de la Mujer

La primera parte de su exposición fue contundente: la violencia contra la mujer no cesa en la entidad y, por el contrario, cada vez son más los delitos que se cometen por razón de género y fundamentó que Guanajuato compite con el estado de México por el primer lugar en violencia contra las mujeres a nivel nacional.

Agregó que era importante la creación de la Fiscalía Especializada porque la mayoría de los delitos relacionados con actos de violencia en contra de las mujeres son del fuero local; que es necesario que el Estado cuente con dicha fiscalía que sea la encargada de la investigación y persecución de los delitos de feminicidio, trata de personas, los delitos sexuales, violencia familiar, explotación sexual, lenocinio y la violencia política; entre otras cosas.

Y explicó que la fiscalía especializada absorbería a las Unidades de Atención Integral de las Mujeres, actualmente adscritas a las fiscalías regionales, para contar con un cuerpo ministerial, de investigación y apoyo a las mujeres con alto grado de especialidad que cuente con todos los elementos necesarios para persuadir al juzgador y conseguir la justicia.

La propuesta es interesante y tiene sustento, el detalle está en que la morenista no puede subir a tribuna sin echar pleito parlamentario y le tundió a los panistas, a los que acusó de incongruentes al hablar contra la violencia de género y permitirla. Ejemplificó con el caso del exdiputado federal electo Jorge Romero, a quien le quitaron la acusación de violación para pasarla a abuso sexual.

Los azules no dijeron ni pío: la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen y ahí le podrán cobrar la afrenta.

Otra más para grupos vulnerables

En voz de Alfonso Borja Pimentel, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y al Código Civil estatal con el objeto de incorporar la atribución de los ayuntamientos para establecer procuradurías  auxiliares, a fin  de garantizar  el  efectivo   cumplimiento   de   las   obligaciones   generales, constitucionales  e  internacionales  de  promoción,  respeto,  protección  y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Borja Pimentel señaló que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dio lugar a la creación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, pero que en ella no se contiene una referencia específica a su denominación y atribuciones de la procuraduría, por lo que la iniciativa contribuirá a crear entes auxiliares que fungirán como el primer contacto en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes; recibir, atender y dar seguimiento a denuncias; solicitar   al   Ministerio   Público   la   imposición   de   medidas   urgentes   de protección especial; así como denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito.

La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, explicó el legislador, también tendrá la obligación de mantener un sistema de información y registro actualizado que incluya a las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción; a las personas solicitantes de adopción y aquellas que cuenten con certificado de idoneidad; las adopciones concluidas, desagregadas en nacionales e internacionales; y las niñas, niños y adolescentes adoptados.

Finalmente, comentó que lo relativo al Código Civil se relaciona con las atribuciones con las que contarán dichas procuradurías en alusión con niñas, niños o adolescentes expósitos o abandonados, que contribuirá a asegurar las condiciones para el desarrollo pleno e igualitario de los grupos prioritarios del estado. La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Plantean reformas para sancionar las terapias de “conversión” de orientación sexual

Con una gran bandera de la diversidad sexual, la bancada del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado para sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, el grupo parlamentario del 

El diputado de los tenis, Gerardo Fernández González, leyó la exposición de motivos: las personas de la diversidad sexual, en la mayoría de los casos, son agredidas física y psicológicamente en espacios públicos y privados, o excluidas en varias facetas de su vida como el hogar, la escuela, el trabajo, entre otros.

Explicó que existen pseudotratamientos que promueven una cura a la orientación sexual como si ello fuera un padecimiento médico y que aplican métodos que van encaminados a reorientar la preferencia sexual, que tiene supuestamente la finalidad de revertir las tendencias sexuales.

Esas terapias, sostuvo provocan que se interiorice un sentimiento de rechazo hacia la propia orientación sexual, a vivirla con culpa y vergüenza. Además, refirió que Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán, Baja California Sur y Jalisco han sancionado las terapias de conversión en sus Códigos Penales.

Fernández González planteó considerar como delito las terapias de conversión sexual, sancionándolas con prisión, multa e inhabilitación. Se propone imponer de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos cincuenta días de multa, y la inhabilitación de su ejercicio profesional por el mismo tiempo.

En lo relativo a la Ley de Salud se contempla que quienes intervengan en dichas prácticas serán sancionados conforme al Código Penal y suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años; y en caso de reincidencia, se impondrá como pena, además, la prohibición definitiva del ejercicio profesional, la cancelación de la cédula profesional.

La parte correspondiente al Código Penal se turnó a la Comisión de Justicia, mientras que lo relativo a la Ley de Salud se remitió a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

Archivos definitivos

Fueron archivados los siguientes dictámenes: una iniciativa de reforma a la Ley de Planeación para el Estado con la finalidad de transformar al Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; y una propuesta que pretendía modificar la Ley de Salud y la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente que tenía como finalidad atender el problema del ruido y las vibraciones de alta intensidad.

Mismo trámite tuvieron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal, respecto a las operaciones realizadas por las administraciones municipales de Ocampo, Uriangato, Valle de Santiago y Villagrán, así como de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de San Felipe, San Francisco del Rincón y Tarandacuao, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2021.