Guanajuato. Con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Morena (GPMorena), el pleno del congreso local aprobó el presupuesto general de egresos del estado, el cual asciende, en números globales, a 92 mil 669 millones de pesos.

Las mayores cantidades serán para la administración pública estatal, a la que se le destinan 59 mil millones; administración pública paraestatal, 21 mil millones; al Poder Judicial, 2 mil millones; al legislativo 663 millones y 7 mil millones para organismos autónomos. El resto es para distintos rubros.

En relación con el presupuesto general de egresos del presente año, hay un incremento real del 28 por ciento, dijo la diputada priista Ruth Tiscareño,

Al hablar en contra del dictamen de la iniciativa, la diputada Alma Alcaraz afirmó que la propuesta de egresos 2022 “es una continuación de los usos y costumbres de las élites panistas de nuestra entidad”.

Según sus palabras, “mientras los excesos y privilegios se mantienen para quienes ven el servicio público como un botín, los sectores en situación de vulnerabilidad siguen siendo relegados”.

Agregó que “mientras las cúpulas políticas y empresariales serán priorizadas presupuestalmente, las víctimas de delitos, de violaciones a derechos humanos, los migrantes, los jornaleros, los indígenas, la niñez en situación de vulnerabilidad, las mujeres en situación de violencia, los servidores públicos de primera línea y los ciudadanos en lo general son relegados y tratados presupuestalmente como ciudadanos de segunda”.

Por su parte el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, del PAN, señaló que el presupuesto es responsable porque tiene una asignación de recursos “que procura el bienestar social, atiende la protección e intereses de las personas más vulnerables, incentiva el crecimiento económico, estimula la innovación y asegura la impartición de justicia.”

Se ha estructurado una política de gasto –dijo- con una perspectiva de género que reconoce la naturaleza multidimensional que exigen las estrategias contra la pobreza, que respeta, sin distinción política de ningún tipo, las asignaciones a los gobiernos municipales y que provee recursos para garantizar que instituciones autónomas aseguren el cumplimiento de las exigencias en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información”.