Guanajuato, Gto. El Pleno de la LXII Legislatura aprobó esta mañana dos puntos de acuerdo con exhortos dirigidos a las autoridades municipales der la entidad, a fin de que promuevan políticas que amplíen la atención a las mujeres.

El primer exhorto dirigido a los alcaldes de los 46 municipios se refiere a la creación y fortalecimiento de las instancias Municipales de las Mujeres.

Se parte del reconocimiento legal de que son esas instancias las que se perciben como el canal mediante el cual los gobiernos municipales pueden y deben cumplir las tareas dirigidas hacia este sector de la población; por lo tanto, su existencia constituye un mecanismo para lograr la igualdad en beneficio no sólo de las mujeres, sino de toda la población.

Al exponer los motivos de esta propuesta formulada por las diputadas integrantes de la LXII Legislatura, la diputada Erika Lorena Arroyo Bello  señaló que los ayuntamientos están obligados a iniciar instancias que trabajen para lograr la participación igualitaria de hombres y mujeres en la solución de los problemas locales de toda clase: sociales, económicos y políticos, tal como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El gobierno municipal, añadió, debe incorporar la perspectiva de género en su quehacer cotidiano, así como integrar a la población en procesos incluyentes y participativos y construir alianzas con actores de los gobiernos estatal y federal, así como de la sociedad civil.

En ese sentido, mencionó, lograr que los 46 municipios de Guanajuato cuenten en su estructura jurídica, administrativa y presupuestal con una instancia de Atención a las Mujeres, se convierte en una condición indispensable para el desarrollo local incluyente y responde a los compromisos suscritos en la materia en los diversos ordenamientos normativos internacionales y nacionales.

Para que se puedan lograr los objetivos propuestos, precisó, dichas instancias deben contar con sustento jurídico y recursos humanos y económicos propios para asegurar los programas de atención, y capacidad de decisión y obligación legal de tener siempre como objetivo la equidad, es decir, de promover la igualdad de oportunidades y de aplicar soluciones que realmente resuelvan la desigualdad y sus causas.

Independientemente de la vía que se adopte, concluyó la diputada, se sugiere una reforma de las leyes orgánicas municipales, con el fin de que prevean expresamente la obligación de que en los municipios existan instancias municipales de las mujeres y se gobierne con perspectiva de género.

El segundo de los exhortos, también promovido por las legisladoras, solicita a los 46 presidentes municipales promover e incentivar la administración, uso, operación y asignación presupuestal a partir de la metodología de presupuestos con perspectiva de género en cada una de las áreas que componen la administración municipal, a partir de los principios de transversalidad e institucionalidad.

La diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández fue quien expuso a nombre de sus compañeras esta propuesta y dijo que el estado está obligado, desde la ley, a promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva.

Para ello, agregó, se deben adoptar medidas para prevenir y combatir la desigualdad históricamente existente en el desarrollo entre mujeres y hombres, a partir de instrumentos metodológicos que, a la vez que profesionalizan estructuras del quehacer gubernamental, establecen las bases mínimas para hacer eficiente el uso de sus recursos públicos, potencializan la realización de sus fines y promueven el incremento del impacto social útil en aquellos y aquellas a quienes gobiernan.

Mencionó que los presupuestos con perspectiva  de género responden a esta tarea. Permiten introducir el principio de transversalidad a la política económica  y social, así como asegurar que se planifiquen y ejecuten las partidas presupuestarias adecuadas para cumplir con los objetivos de la política de igualdad de género.

El empleo de esta perspectiva, dijo la diputada, plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres. Aplicado al proceso de desarrollo, cuestiona los aportes y beneficios diferenciados de las políticas públicas en la calidad de vida de mujeres y hombres, y lleva a derribar el mito de la neutralidad en el diseño y ejecución de tales políticas.

Para las funcionarias y funcionarios públicos de los tres niveles, concluyó Lanuza Hernández, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas es una exigencia jurídica derivada de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para hacer cumplir los términos de los tratados y convenciones internacionales que éste ha suscrito. Esta tarea se convierte en un mandato ético, en tanto la igualdad y la equidad de género implican nuevos términos de justicia interpersonal y social.

Ambos exhortos recibieron el trámite de obvia resolución y fueron aprobados por unanimidad.