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REALIZAN ENCUENTRO CON ESPECIALISTAS

Urge el GPPRI a que diputación federal apruebe código de procedimientos civiles y familiares

Garantizaría en Guanajuato el matrimonio igualitario y la garantía de custodia y derechos a menores
 
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Congreso de Guanajuato
Urge el GPPRI a que diputación federal apruebe código de procedimientos civiles y familiares

Guanajuato, Gto. El Partido Revolucionario Institucional urge a la Cámara de Diputados federal a aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El rezago en este rubro impide la actualización de las leyes estatales en la materia. Su definición y aprobación tendría impactos en varios temas, con especial relevancia en dos: la custodia de menores de edad y el matrimonio igualitario.

Con la participación de personas expertas y legisladores federales y locales, el GPPRI llevó a cabo en el Congreso del Estado el encuentro “Diálogos para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Alcances Retos y Perspectiva”.

El contexto

Luego que se planteara originalmente desde 2009y fuera impulsada por el PRI, el 15 de septiembre de 2017, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma constitucional por medio de la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir legislación única, aplicable a nivel nacional, en materia de procedimiento civil y familiar.

En el artículo transitorio cuarto del decreto se señalaba que el Congreso de la Unión tenía un plazo de 180 días para expedir esa legislación única. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tendría que haber sido aprobado hacia la mitad del mes de marzo de 2018. 

El cambio de gobierno, con la emergencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional como nueva fuerza mayoritaria en el Congreso de la Unión y luego la pandemia por Covid-19, pospuso que se cumpliera con la disposición.

El asunto se agravó porque la pandemia interrumpió el ejercicio del derecho de familias de acceso a la justicia, en virtud de que la mayor parte de las funciones judiciales cesó a partir de los decretos de emergencia sanitaria expedidos por la Secretaría de Salud.

Por lo anterior, hubo dos iniciativas más en torno al Código: en junio de 2020 el GP del Partido Acción Nacional presentó una nueva iniciativa que atendía nuevos puntos sobre el tema y en diciembre de 2021, Morena planteó otra propuesta más.

Como consecuencia, la actual legislatura federal decidió impulsar este año una serie de consultas para conocer voces de expertos y de la sociedad y unificar criterios para tener el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Materiales.

La consecuencia de no tenerlo es que las legislaciones locales no pueden hacer ajustes o cambios en sus legislaciones sobre el tema debido a que deberían estar armonizadas con la disposición federal. La armonización no es posible porque el Código no ha sido aprobado.

Esto tiene varias repercusiones: hay temas como la custodia a menores de edad y procesos de herencia que requieren actualización. Asimismo, la aprobación del Código, en el marco de las tendencias legislativas dominantes que garantizan derechos humanos, serían la base para legislar la garantía del derecho al matrimonio igualitario en las entidades donde no se ha establecido este principio.

Entre las propuestas planteadas para el Código Nacional, es que se incorporen elementos tecnológicos en litigios civiles y mercantiles que la norma vigente aún no permite

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 El coordinador del GPPRI, Alejandro Arias, explicó que las propuestas derivadas del encuentro serán entregadas a la diputada federal priista Sofía Carbajal, experta en la materia, quien las sumará a la dinámica que el congreso federal realiza para la aprobación definitiva del Código.

El Código Estatal en la materia, añadió, tendrá que ser homologado con el Código Nacional. La no aprobación de este último, indicó, “ha dejado en estado de indefensión a la actividad procesal en el país.

Agregó que hay propuestas estatales de reforma a los Códigos Civiles y Familiares que no pueden ser aceptadas porque no hay referente nacional.

El entrevistado destacó que en encuentro organizado por su partido participaron un especialista en derechos de menores de edad, un litigante y una juez. De esa manera, se estableció que con la homologación se garantizaría el interés superior del menor, facilitaría y haría más justos los litigios en casos de custodia de menores y se haría más expedita la administración de justicia en esos rubros

Estas exposiciones, añadió, permiten tener una visión más clara y legal. Una vez que se apruebe el Código Nacional, se hará la actualización y homologación correspondiente en Guanajuato, donde hay muchos aspectos por mejorar en esos temas, aseveró el legislador.

La juez explicó que la falta de un Código Nacional impide que se asignen recursos a los juzgados estatales para poder agilizar los procedimientos.

Entre los temas a homologar, reconoció el entrevistado, están los matrimonios igualitarios, derecho que no está garantizado en la legislación estatal y al que el Partido Acción nacional se ha resistido. “Eso podría ser la salida que el PAN está y se justificarían diciendo que es un asunto que viene desde lo nacional y lo tendrían que aplicar por ley.

Sobre el tema, el investigador Miguel Carbonell escribió:

“No podremos tener el país que soñamos, mientras en nuestros tribunales se sigan cosiendo con aguja e hilo los expedientes, mientras los asuntos tarden años en ser tramitados y mientras no busquemos el auxilio de la tecnología para permitir que la justicia llegue hasta millones de hogares mexicanos que nunca la han podido siquiera conocer”.

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