Guanajuato, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) fue sede del panel “Retos y desafíos dentro de los mandos de poder en el servicio público”, donde especialistas del ámbito judicial y académico analizaron la igualdad sustantiva y los obstáculos que enfrentan las mujeres en la toma de decisiones.

El evento, organizado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, contó con la participación de Claudia Susana Gómez López, rectora general de la UG; Ana Margarita Ríos Farjat, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Lilia Mónica López Benítez, exconsejera de la Judicatura Federal, y Paola Patricia Ugalde Almada, jueza federal. La moderación estuvo a cargo de Karen Andrea Crespo Torres.

Durante el foro, Gómez López señaló la persistencia de la brecha salarial, destacando que en Guanajuato, por cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer recibe en promedio 82.75. Además, refirió que las mujeres dedican semanalmente 21 horas más que los hombres a labores del hogar no remuneradas, lo que representa una desigualdad económica y social que frena el crecimiento del estado.

Por su parte, Ana Margarita Ríos Farjat expuso que la toma de decisiones en la SCJN conlleva una alta responsabilidad histórica y presión mediática, subrayando la importancia de actuar bajo la conciencia personal. En tanto, Lilia Mónica López Benítez hizo un llamado a defender las instituciones y evitar retrocesos en la protección de los derechos humanos.

La jueza Paola Patricia Ugalde Almada abordó la necesidad de juzgar con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia, señalando que el trabajo de las mujeres en el ámbito jurídico suele evaluarse bajo estereotipos que deben combatirse con profesionalismo y ética.

Al encuentro asistió la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien enfatizó la importancia de consolidar los liderazgos femeninos en la vida pública. También participó en la bienvenida la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez.

El foro fue impulsado por Alejandro Sierra Lugo, consejero jurídico del Ejecutivo, con el objetivo de visibilizar trayectorias que contribuyen al fortalecimiento institucional y al avance de la igualdad en el servicio público.