León, Guanajuato. Esta vez es la Auditoría Superior del Estado, ASEG, en su informe de resultados avalado el jueves por el Pleno del Congreso de Guanajuato: en auditoría encontraron irregularidades financieras y operativas por más de 214 millones de pesos en el ‘Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública, el Fidesseg.

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Nada nuevo. De los ejercicios 2020 a 2024 la ASEG revisó 302 de los 342 proyectos autorizados. Las observaciones ni siquiera han sido aclaradas o solventadas.

La Unidad Financiera coleccionó observaciones por un monto de 125 millones 60 mil pesos. Ninguna fue solventada. Les hicieron 13 recomendaciones, todas fueron ignoradas.

Los ejemplos son acento en la denuncia: pagos a familiares sin la documentación obligada; rendimientos financieros que no fueron incorporados al balance del fideicomiso.

Un desaseo total. Se autorizaron proyectos con información incompleta y comprobaciones parciales sin sustento legal ni administrativo ante las autoridades fiscalizadoras. Aprobado el informe de resultados, en tribuna, el diputado por Morena, Abraham Ramos Sotomayor, acusó que en las observaciones, se identificaron 13 millones entregados a proyectos de familiares de los miembros de las fundaciones y organizaciones civiles.

Agregó que en 20 proyectos impulsados por el fideicomiso y ejecutados por 20 asociaciones, no comprobaron 12 millones 800 mil pesos. Nada dijeron y menos hicieron en el Fidesseg para recuperar el dinero.

A la Unidad de Infraestructura, observaciones por 19 millones 348 mil pesos. Solo una de 14 fue ‘solventada’ por los señalados.

De las irregularidades en infraestructura la ASEG confirmó comprobaciones duplicadas; desvíos de recursos; alteración de precios unitarios y cambios de destino sin autorización formal.

El monto de las observaciones no solventadas es de 144 millones 408 mil pesos. Al menos la ASEG informa que no identificaron el uso de ‘empresas fantasma’, aunque tampoco le satisface el cumplimiento normativo en las contrataciones revisadas.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el informe de resultados y ordenó a la Auditoría Superior iniciar las acciones legales (penales incluso) y administrativas que correspondan. También solicitó a la Gobernadora Libia García un plan de acción que corrija lo ahí encontrado y apure la rendición de cuentas.

Eso fue el jueves, este viernes, en un comunicado ‘A los medios y a la opinión pública’, en un tono mucho menos beligerante que los anteriores, el  Consejo Coordinador Empresarial de León, ‘en su carácter de integrante del Comité Técnico del fideicomiso’ expresa que hasta el momento no han sido notificados formalmente del contenido del informe derivado de dicha auditoría. Recurrieron a la justicia federal para señalar la violación al debido proceso, ya que no se habría  garantizado el derecho de audiencia para que se pudieran conocer y solventar oportunamente las observaciones surgidas. 

Y que este miércoles 25 –un día antes de la presentación del Informe al Pleno-, el juzgado federal décimo segundo les otorgó la suspensión provisional, debido a que advierte, preliminarmente, la violación de los derechos de audiencia previa en perjuicio de quienes pudieran estar señalados en la auditoría. 

Asumen que no están “en condiciones de emitir una opinión fundada sobre los hallazgos, observaciones o conclusiones del informe presentado, hasta no tener acceso pleno a la información.”

Insisten en que “cada peso asignado a través del FIDESSEG ha contado, en todo momento, con la aprobación del Comité Técnico, en el que han participado representantes del Gobierno del Estado, con voz y voto de calidad.

Que los criterios para la aprobación y asignación de los fondos no fueron discrecionales, preferenciales, ni unilaterales, y sí, con apego a la operación establecida por el Gobierno del Estado, lo que determinaba qué asociaciones recibían recursos y cuáles no. 

-“Si se llegara a identificar alguna conducta indebida o uso incorrecto de los recursos, deberá de aplicarse la normatividad correspondiente y evitando, en todo caso, los juicios sumarios y anticipados.” 

Advierten que “cualquier intento de uso político, mediático o sesgado de los instrumentos de fiscalización, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, debilita la colaboración entre sociedad y gobierno.” 

Al séptimo ‘round’ los contrincantes siguen donde comenzaron…