Tekit, Yucatán, lunes 27 de enero de 2025, mientras leía esta investigación de Gema Klope-Santamaría, la violencia se desataba en una pequeña población yucateca al sur de la zona arqueológica de Mayapán. Alejandro de 21 años, conocido como el Güero, asesinó a doña Candy, de 69, con un objeto contundente. Tras los hechos, corrió a refugiarse a casa de su madre a donde fueron a detenerlo elementos de la seguridad pública. Con ellos llegaron también vecinos a presionarlo para que se entregara. Según las versiones periodísticas, el vehículo que lo llevaba a la comandancia municipal fue interceptado por una multitud. Ante la inacción de los agentes de policía, el joven fue sacado de la camioneta, brutalmente golpeado y quemado vivo. 

3 de febrero de 2025, autoridades del municipio yucateco de Kanasín, vecino a Mérida, impidieron el linchamiento de un joven, en la sección Althea 1 del Fraccionamiento Cielo Alto. Los vecinos lo tenían atado a un árbol y lo habían cazado tras verlo saltar por los tejados de las casas. 

Ninguno de los anteriores hechos dista de los que con rigor excepcional Kloppe-Santamaría reúne en La vorágine de la violencia (Grano de sal, 2023) durante el periodo de los años treinta a los cincuenta del siglo pasado. El recorrido por la prensa de entonces documenta orígenes diversos de las ejecuciones tumultuarias, algunas muy propias de la época: intentos de preservar el statu quo político, económico y religioso de las comunidades ante las amenazas de intervenciones externas (llámense estas otras religiones, modernización impuesta por el estado posrevolucionario o brujas y robagrasas). También enmascarado, como lo seguimos viendo, de una aprobación popular que justifica el uso despiadado de la fuerza de la masa como correctivo contra la incapacidad estatal para administrar el castigo. “Su carácter comunal, espectacular, y particularmente cruel hacían del linchamiento un instrumento en apariencia más apto para lidiar con criminales y transgresores que habían violado la integridad moral, económica o política de las comunidades.”

La madre del Güero reclamaba hace pocos días en una nota de prensa: “Lo entregué para que se hiciera justicia y me lo mataron”. La policía aún vigila su domicilio ante amenazas de los pobladores de su pequeño municipio. 

A casi un siglo de los hechos comentados por Kloppe-Santamaría, la deuda del estado de derecho en México sigue sin saldarse. De viaje por Oaxaca, Puebla o municipios del Estado de México es frecuente encontrar pancartas que amenazan a posibles delincuentes del castigo en caso de ser atrapados en flagrancia. Señales que confirman “la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y la convicción comunitaria de que la violencia extralegal es una forma legítima para castigar conductas criminales.”

Una lectura para horrorizarse y reflexionar.

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