En México más del 50% de los trabajadores no tienen cobertura completa de Seguridad Social, es decir, no tienen acceso a los créditos del Infonavit. La inmensa mayoría son personas que trabajan eventualmente o que obtienen su sustento de un pequeño negocio. Obviamente, ninguna de ellas tiene acceso al crédito en la banca comercial, y sus ingresos no le permiten ahorrar para comprar una vivienda en un fraccionamiento regular. Por otro lado, existen poseedores de terrenos que no están dispuestos a seguir el proceso para fraccionar legalmente, en parte por que ese proceso encarecería mucho la tierra, en parte porque, sencillamente, les parece más fácil vender a línea de cal. El comprador busca satisfacer su derecho a la vivienda por la única vía posible que se le presenta, con la esperanza de que, tarde o temprano, se regularizará la tierra y tendrá acceso a los servicios básicos como electricidad, agua y drenaje. Pero esto sucede generalmente tarde, muy tarde. Veinte o treinta años, durante los cuales vivirán en condiciones de precariedad.

El martes pasado, el Observatorio Ciudadano de León organizó una mesa de análisis con notarios de la ciudad de León sobre este gran problema, y resaltaron ahí que uno de los incentivos para la venta de terrenos irregulares, es que nunca se ha aplicado la ley que establece penas para inhibir esta práctica. También opinaron que el proceso para fraccionar legalmente es extraordinariamente engorroso, y no se ofrece a los fraccionadores pequeños ayudas o herramientas para que puedan llevarlo a cabo con éxito. Hicieron notar que en estos procesos de compra venta de lotes irregulares intervienen notarios, que saben que al legalizar esos expedientes de compra venta participan de un hecho delictivo, por lo que apretar las tuercas a esos notarios sería también una vía para inhibir el surgimiento de nuevos fraccionamientos irregulares.

Sin embargo, aun suponiendo que se pudiera evitar por la vía penal la venta de terrenos irregulares, el problema central, que es el derecho a una vivienda digna para todas las personas, seguirá sin resolverse si no se encuentran vías para que puedan hacerse de una vivienda quienes no tienen acceso al crédito. Hay un problema de mayor fondo, que tendrá solución a largo plazo y a nivel federal, que tiene que ver con la cobertura universal de estos derechos, como el crédito a la vivienda, que no dependan de la situación laboral, sino que sea un derecho al que tengan acceso todas las personas. Pero mientras esto se logra, en el nivel municipal se deberían ver alternativas para atenuar este problema. Por un lado, se deben buscar creativamente opciones de urbanización progresiva (que están contempladas en la ley) y de autoconstrucción con créditos blandos a quienes no tienen acceso al crédito como prestación laboral. Habría que impulsar también un programa de recuperación de viviendas abandonadas que puedan ser puestas a disposición de personas en situación de marginación, con créditos muy blandos y, finalmente, se debe desligar el derecho al agua y a la electricidad –que son derechos humanos fundamentales- de el modo de propiedad que tiene la gente. Una persona que vive en un predio irregular lo es, generalmente, porque esa fue su única opción para empezar a construir su patrimonio, y tienen derecho a que el municipio les brinde los servicios más elementales: agua entubada y drenaje. Hay casos, en que las líneas de agua pasan frente a los predios irregulares y se les niega el servicio.  

Ojalá este tema ocupe un lugar especial en el programa de gobierno de quien ocupe la presidencia municipal, porque quienes viven en esta situación están en el extremo de la marginación social.

(Si tiene interés en revisar la mesa de análisis del Observatorio Ciudadano sobre los fraccionamientos irregulares, la puede ver en esta liga.)