La semana pasada me tocó estar en el estado de Oaxaca, y en el camino, especialmente por Veracruz, debí sortear algunos bloqueos de carreteras y toma de casetas. Los bloqueos en ciudades o carreteras son actos radicales que mueven a las personas a los extremos: la mayor parte seguramente reacciona en contra y satanizando a los maestros. Los menos son movidos en sentido contrario: hacia la satanización del gobierno en su conjunto y de la reforma educativa.

Algunas razones de peso han de mover a estos maestros, que igual se aparecían en una carreterita entre Tuxtepec y la Transístmica o en la caseta de Acayucan; asoleados pero animosos. Puedo tener dudas sobre su movimiento, pero difícilmente puedo hacer mío el grito de “huevones, váyanse a dar clases”. Es más fácil pensar en blanco y negro, poner rayitas claras en la delimitación de los problemas, señas y etiquetas que nos digan quienes son los malos y quienes son los buenos. Pero la realidad no es bicolor, es mucho más compleja y variopinta. Dejados los retenes atrás, con las largas horas que me quedaban al volante fui pensando en los matices.

De entrada, mi experiencia me dice que en muchos casos, especialmente en zonas rurales, hay incumplimiento y mala preparación de los maestros. Pero también es cierto que no todos son malos y que hay verdaderos héroes que trabajan en situaciones muy adversas. ¡Qué lejos están la mayor parte de los diputados, o los automovilistas de las grandes ciudades afectados por los plantones, de entender las carencias en esas pequeñas escuelas rurales de Oaxaca! Reducir el problema de toda la educación en el país a los malos maestros es incorrecto.

Es verdad que es necesario evaluar, a los maestros y a las instituciones. Y creo que la evaluación debe tener consecuencias. Pero también es cierto, como afirman muchos maestros, que la evolución debe considerar las disparidades regionales, y que es mejor una evaluación menos punitiva y más motivacional e informativa.

Me parece absurdo que haya zonas en las que los maestros se opongan a la enseñanza del inglés y la computación, e infantil pensar que se impulsa su aprendizaje para agradar a las clases empresariales. La alfabetización tecnológica es también una herramienta de liberación. Aunque es verdad que, al mismo tiempo, la educación debe fomentar el uso de la lengua y cultura originaria. La educación no debe aplanar, sino afirmar las diferencias, y construir una cultura en la que vivamos todos enriqueciéndonos de ellas.

Es verdad que se deben construir respuestas dialogadas, que los legisladores deben escuchar todas las voces (no sólo las de los maestros, no sólo las de los empresarios); pero también es verdad que tenemos aprender a vivir en una democracia, en la que hay instancias de decisión, electas democráticamente y que, nos gusten o no sus decisiones,  debemos acatarlas. Es un principio básico de la democracia.

Es verdad que el Estado no invierte lo suficiente en educación (no cubre los gastos más elementales) y eso obliga a las cuotas escolares, y si estas cuotas se institucionalizan son una forma de privatización, además de acentuar las diferencias sociales en lugar de atenuarlas. Pero también es verdad que el sindicato no debe sobrepasar sus atribuciones. No le toca estar en los puestos de decisión de la SEP, no le toca definir planes y programas, no le toca decidir ni heredar plazas. Dejar en el sindicato las decisiones de la educación es una forma también de privatizarla.

Es verdad que los maestros no tienen derecho a afectar de esa manera a muchos ciudadanos, de pasar por encima de las leyes al impedir el tránsito: no es pertinente, y además no es eficaz, porque les granjea más enemigos que simpatizantes. Pero también hay que reconocer que no hemos sido capaces de construir como sociedad las vías de expresión institucionales que permitan otras formas de manifestación, de aumentar la representatividad de los partidos y de equilibrar el peso de poderes fácticos como los medios y los empresarios, con la posibilidad de influir que tiene el pueblo llano.

Es verdad, en fin, que detrás de las demandas magisteriales se mezclan razones muy legítimas y orientadas genuinamente hacia la mejora de la educación, y otras muchas que buscan mantener posiciones de poder y privilegios de grupos reducidos de líderes al interior del sindicato. Pero el problema de fondo, y lo más triste del asunto, es que ni las leyes aprobadas, ni las protestas en curso, van a solucionar el problema educativo del país.

En México tenemos la peregrina idea de que cambiando una ley se resuelve un problema, y parece que en los últimos meses se nos ha recrudecido la enfermedad. Nos dicen que el Pacto, con su diarrea de aprobaciones, nos pinta un futuro promisorio. Pero las leyes por sí mismas no resuelven nada. Baste recordar cómo cada sexenio trae su reforma educativa bajo el brazo, y antes de evaluar los resultados de cada una, ya estamos dando a luz una nueva.

Ésa es la mala noticia. Aunque los cambios puedan ser avances, después de tantos plantones, de tanto susto de nuestros pobres legisladores, no crea que ya resolvimos el problema.