Es indudable que en una república democrática las elecciones son una parte fundamental, porque a través de ellas se conforman los poderes que representan el interés de la ciudadanía. Sin embargo, no todo se reduce a las elecciones. La vida democrática tiene que ver también con otras formas de participación que pueden incidir en las decisiones públicas. 

Por un lado, hay formas de participación ciudadana organizadas desde el estado, como consejos consultivos, organismos paraestatales, que permiten a los ciudadanos sin cargo, incidir en las decisiones de carácter público. Esta participación es siempre funcional al estado, porque se enmarca en los límites y condiciones que el gobierno en turno establece. Pero hay otras formas de participación ciudadana, como la que surge “sin permiso” o sin solicitud del gobierno. Nace desde la ciudadanía por interés propio, a menudo para fiscalizar la actuación del estado, o para incidir en políticas públicas que beneficien a sectores en particular.  Esta forma de participación responde a intereses específicos y cuando proviene de grupos de gran poder, como el empresariado, la iglesia o los grandes sindicatos, constituyen lo que se llama frecuentemente poderes fácticos, poderes de hecho. 

Pero también pequeños grupos o personas pueden modificar las decisiones públicas o las leyes a través de estrategias inteligentes, de negociación o aprovechando recursos legales. En Guanajuato Juan Pablo Delgado, quien preside la asociación civil AMICUS se ha distinguido en su lucha por los derechos humanos a través de el uso del derecho, promoviendo amparos y ejerciendo el litigio estratégico. Hace unos meses el Juzgado Cuarto de Distrito ordenó al Congreso del Estado de Guanajuato modificar el Presupuesto de Egresos del 2022 para que incluyera una partida que atendiera a la comunidad de la diversidad sexual y de género. Esto fue fruto de un juicio de amparo promovido por Juan Pablo y su asociación, a pesar de la reticencia de la mayoría de los diputados.

Recientemente, cuando se discutía la Ley que permitirá a miles de ciudadanos que habitan terrenos llamados irregulares tener acceso al agua, existía el peligro de que se estableciera un límite de 10 años de antigüedad a los fraccionamientos para tener el beneficio de esa Ley. De aprobarse en esos términos, el avance en la satisfacción del derecho al agua sería mínimo. Juan Pablo promovió un juicio de amparo a favor de una familia en una colonia leonesa que lleva décadas solicitando el servicio al agua. El juicio está en proceso, pero aún antes de conocer el resultado, la publicidad que se le dio al caso incidió, sin duda, en la modificación que se hizo a la propuesta de ley, eliminando el requisito temporal y beneficiando a miles de habitantes. 

Estos dos casos son un ejemplo de la posibilidad real de incidir en políticas públicas aún en condiciones hegemónicas de un partido, como la que vivimos en Guanajuato.