Este jueves el Congreso de Guanajuato desahogó una de sus sesiones por demás ‘ordinarias’.

Sobre el papel, todos los problemas del estado se resuelven de un plumazo.

Como en botica, remedios para todos los males…

A nombre del grupo parlamentario del PAN –es más, también del PRD-, y como medida legislativa para la prevención de la violencia y la delincuencia, el diputado Víctor Zanella propuso crear un par de padrones: de motocicletas y de vendedores de motocicletas. Que los nuevos padrones permitirían la ‘transversalización -wow- de información entre autoridades, respecto de esos vehículos “para abonar en la prevención general del delito desde el ámbito administrativo y establecer mecanismos concretos, que prevengan la comisión del delito en normas de diversa naturaleza” –es decir, nada.

Zanella refirió la cantidad de motocicletas en el padrón y el ‘vacío estadístico’ respecto a las que circulan. Otro punto a favor de la delincuencia es el costo-beneficio: es un medio de transporte económico, permite un desplazamiento rápido, consume poco combustible, es compra económica y reparación –porque todos los sicarios compran sus motos, claro.

Cosa anunciada, el Pleno instruyó a la ASEG a incluir en el Programa de Fiscalización 2025 una auditoría de operación al Fideicomiso ‘Fondos Guanajuato’ sobre los préstamos otorgados en el ejercicio 2024, la razonabilidad de los saldos por cobrar al 31 de diciembre, las transacciones no fiscalizadas en ejercicios anteriores, y las cuentas en las que se tenga un riesgo identificado. La jugada se ‘grilló’ en el seno de la Junta de Gobierno y se aprobó por unanimidad enel Pleno.

Ya en asuntos importantes, el grupo PRI, en voz de su líder moral Alejandro Ávila, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para ‘reformular’ el tipo penal de ‘terrorismo’ –preocupadísima debió quedar la presidenta Claudia Sheinmbaum por el eco que pudiera ocasionar-, incrementar su sanción, y agregar la amenaza y el encubrimiento.

Que las sanciones y legislación actuales son obsoletas. Comprenden sólo los delitos de corte político y deben incluir conductas que si generan terror… pues son ‘terrorismo’.Guanajuato debía ser uno de los primeros estados en que así se consideren –a ver qué dice la gobernadora Libia García-. En el estado serían ‘terrorismo’, pues, los ataques ainstalaciones de seguridad pública, su personal administrativo y policial; a la población civil en espacios públicos, comerciales, de servicio público concesionado o de eventos colectivos. Es más, también la simple amenaza en redes sociales -la iniciativa se envió, porque algo hay qué hacer con ella, a la Comisión de Justicia.

Morena llegó con una iniciativa para ‘prevenir y castigar’ los crímenes de odio en Guanajuato –nomás hay que reformar el Código Penal-. Así, mire: incluir una pena de entre 40 a 70 años de prisión a quien cometa un homicidio motivado por: la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, raza, religión, discapacidad, etnia o nacionalidad –asuntos todos que escuecen al PAN.

La diputada María Eugenia García ilustró que de los 32 estados, en al menos 19 hubo muertes violentas en el último año. Veracruz a la cabeza, seguido de Guanajuato, el Estado de México y Chihuahua. Que se les considera pasionales y con ello se esconden crímenes contra la población LGBTIQ+, y se ignoran los niveles de discriminación que implican. A la Comisión de Justicia, pues.

En más de iniciativas para molestar al PAN, Morena quiere reformar la Ley de Migrantes para dar a la nueva Secretaría de Derechos Humanos -donde se les degradó a subsecretaría-, cómo gestionar apoyos a paisanos y sus familias acá. El diputado Ernesto Millán aportó que según el INEGI, en 2020, en Guanajuato se registraron 557 mil 773 inmigrantes y 646 mil 602 emigrantes. Habló de un estudio de la extinta Secretaría del Migrante, del que se desprendió que en la tierra del dólar viven entre 1.1 y 1.2 millones de guanajuatenses.

El PRI se redescubre con una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Guanajuato que refuerce el reconocimiento de sus derechos –vaya, hombre-. La diputada Ruth Tiscareño leyó que la norma debe reconocerles como sujetos de derecho público y patrimonio propio. Que en trece municipios deGuanajuato hay presencia de pueblos y comunidades indígenas: otomíes, chichimecas, chichimecas pame, chichimeca huachichil y chichimeca jonaz. 108 mil 806 personas, de acuerdo con el INEGI 2020.

Otra vez desde Morena, inquietos que son, propusieron una reforma constitucional para que todas las niñas, niños y adolescentes inscritos en planteles públicos de educación básica reciban una beca. Eso para disminuir la deserción escolar y garantizar el derecho a la educación -Libia García ya trae un programa de reinserción, pero veremos-. El diputado Antonio Chaurand manifestó que la educación es un derecho humano, un derecho básico y necesario para eldesarrollo de las personas. El caso se fue a las comisiones de Gobernación y Puntos constitucionales, y a la de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.

Más de Morena. La diputada Maribel Aguilar fue a tribuna a proponer un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora, a que suelte presupuesto para fortalecer las ‘Unidades Especializadas’. Y es que, dijo, la violencia contra las mujeres continúa como un grave problema de derechos humanos. Que las estadísticas confirman que 56 de cada 100 mujeres han sufrido violencia de género, y el 85% enfrentan violencia física, psicológica y/o sexual infringida por su pareja.

Se supone que las unidades especializadas de Prevención y Atención a la Violencia de Género, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo patrullan -que qué bueno que existan, pero que hay un desconocimiento del tema,sobre todo en las comunidades rurales.

Ya después los diputados hablaron de una auditoría al anterior gobierno de Celaya porque el alcalde panista que se fue dejó un montón de pendientes; avalaron cuentas públicas de no pocos municipios; un dictamen de la Comisión de Salud Pública; turnaron informes de la ASEG, y en asuntos generales alguno se quejó de la falta de gobernabilidad en San Miguel de Allende.

Nada que no puedan resolver los diputados, caray.

‘A’ La Jaula

La despedida de Zamarripa

“Sin una eficaz investigación no hay una eficaz procuración de justicia. Tenemos procuradoras y procuradores de justicia profesionalizados, capacitados para investigar y combatir el delito en todas sus formas. Esta ha sido nuestra visión y es un objetivo alcanzado. ¡Lo hicimos pensando en ti!”, dice unpromo en video en redes. Es el estilo Zamarripa en su despedida. El fiscal de Guanajuato durante más de 15 años, protegido –o protector- de tres gobernadores se marcha con su discurso en las alforjas. Actores, producción, efectos especiales. Es que sólo quedan el Día de Muertos, la Revolución, Navidad y llega enero… Y bye.

Correspondencia: [email protected]

‘X’: TigresDePapel