Y ahora un bonito, otro, el enésimo encuentro de reconocimiento a la labor de los colectivos de personas buscadoras de ‘los desaparecidos’.

Qué bien.

Solo que antes de abordar este fenómeno criminal que lastima tanto a México, tal vez el que más, habría que reconocer un par de premisas que por evidentes no necesitan demostración:

Uno, que sus integrantes, en su inmensa mayoría madres de familia, realizan con el riesgo de sus vidas una tarea que compete e incumple el gobierno, el que sea, los estatales y el federal –para no hablar de la hipocresía de los municipales.

Y dos, que esos gobiernos se refugian mañosamente en la retórica antes de reconocer su incompetencia manifiesta o incluso su indolencia frente a ese drama cotidiano: no, regalarles cada tanto un par de palas subraya la tragedia, no la palia un comino siquiera.

Primero los hechos y luego los juicios. Va.

El centro de convenciones de la ciudad de Guanajuatio fue sede de la ‘Octava Reunión Nacional de Búsqueda de Personas con Autoridades y Familiares de Personas Desaparecidas’, con la participación de la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas, RIAPD.

Estuvieron ahí los colectivos, familiares, fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda, organismos de derechos humanos y representantes de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La reunión se realiza cada 3 meses en estados del país. Se trata de evaluar avances, compartir experiencias y construir acuerdos entre autoridades y las familias.

Aquí los objetivos fueron compartir información de campo y revisar la galería de retratos y la toma de ADN que dice practicar la Fiscalía del estado. Otra vez dijeron a la autoridad que la fragmentación de las bases de datos entre las fiscalías estatales es uno de los ‘cuellos de botella’ que atoran la pronta localización de las víctimas. Urgieron a consolidar plataformas verdaderamente interconectadas. Reiteraron que la voluntad política debe reflejarse en presupuestos y en la erradicación de trabas burocráticas.

Llegaron unas 350 personas buscadoras de 23 estados de la República. Pasaron lista representantes de las fiscalías de algunos estados; comisiones de búsqueda y atención a víctimas; la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODHEG, y la Fiscalía en Desaparición Forzada.

Se instaló un módulo para el registro de material genético y toma de muestras a madres buscadoras, en el ánimo de cotejar la información de personas desaparecidas, buscar coincidencias con los registros de la fiscalía local e incorporarla al banco de información compartido con otras fiscalías. Eso fue lo que dijeron.

Los colectivos, la prédica en el desierto, insistieron en una mejor colaboración y acompañamiento en campo. Hablaron de visibilizar la crisis de desaparición que crece día a día en el país, los ataques, los asesinatos… y las desaparición forzada de las personas buscadoras.

Guanajuato sabe de lo que habla. Tiene el 4% del total de personas desaparecidas de México. El 81% son hombres y el 18% mujeres. Celaya encabeza con 52 casos. Le siguen León, Salamanca y Juventino Rosas. Guanajuato capital reconoce cinco casos. Hay seis personas buscadoras desaparecidas.

BUENOS DESEOS

La Gobernadora Libia García fue, de nuevo, al discurso políticamente correcto:

“La voz de las madres buscadoras tienen que ser escuchadas en todos los rincones del país y, en Guanajuato, siempre van a encontrar un espacio para que sus voces sean escuchadas. Aquí siempre van a tener las puertas abiertas cuando quieran venir a hacer valer sus causas, porque aquí les acompañamos y sabemos que la tarea del estado es poner todas las condiciones para que aquellos y aquellas que nos faltan regresen y que las desapariciones no se repitan.”

Dijo que en Guanajuato la Comisión Estatal de Búsqueda tiene tres grupos especializados que realizan de 3 a 5 acciones de campo diarias. Que se han efectuado recorridos en 214 centros de rehabilitación; jornadas de identificación mediante toma de huellas dactilares en albergues y con personas en situación de calle. Opera una versión pública del Registro Estatal de Contextos de Hallazgos. Se instalaron quioscos para la difusión de fichas de búsqueda en los 46 municipios. Se impulsa la instalación de Unidades Municipales de Atención. Fue aprobado un Mecanismo Emergente de Protección para Mujeres Buscadoras. Se reformó la Constitución para considerar como personas defensoras de derechos humanos a las madres buscadoras.

Por allí también, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona apuntaría que Guanajuato tiene el 4.2% del total de las 135 mil personas desaparecidas en el país y que al día reciben hasta 50 alertamientos nacionales.

Que el acompañamiento a los 36 colectivos y buscadores independientes en el estado no es suficiente. Ampliarán el personal de la Comisión de Búsqueda con un área específica que atienda los alertamientos nacionales. Costará poco más de 20 millones de pesos. Que diariamente se llevan a cabo siete búsquedas y que se incluye a los anexos o penales. En el 2025 lograron dar con 12 personas en anexos o centros de rehabilitación.

Ah, el fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, es de esas personas a las que alguien convenció de la tontería que pregona, que lo importante es que hablen de él, bien o mal, como sea, el caso es hacerse notar, así que el señor se permitió desairar el encuentro al que además se impidió el acceso a los periodistas, en una lógica que solo ellos entienden.

Seguro la difusión no urge, aunque Guanajuato registra 242 reportes de personas desaparecidas y no localizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, en datos de ‘Causa en Común’. La entidad está entre los punteros de incidencia de este fenómeno a nivel nacional.

Al final todo muy bien. Los discursos, la retahíla de acciones y la disposición al trabajo por venir. Así que uno no entiende por qué cada que una madre buscadora es asesinada, el gobierno estatal se apresura a dictaminar que ‘No’ formaba en colectivo alguno.

No. La autoridad no es quién para decidir la membresía de tan angustiantes círculos. No son el Club Rotario para que el presidente en turno les extienda la credencial correspondiente. Pero bueno, hay cosas que no cambian.

(A)La Jaula

El indescriptible Fox

El Centro Fox cerró después de 18 años de operación. Según la familia, se dedicaba a la formación de líderes, la difusión cultural y ‘la preservación de la historia presidencial’. El complejo, en la ranchería de San Cristóbal, municipio de San Francisco del Rincón, fue ‘cedido’ en Comodato a la Universidad Incarnate Word (UIW). Texana. Ya despachan ahí. A Fox no le agradó la difusión del ‘cierre’ como tal. En comunicado aclaró que la Asociación Civil no desaparece ni deja de operar ¿Y dejar de recibir subsidios? Ajá. Que “continuará trabajando con los mismos objetivos que le dieron origen”. Eso por supuesto. Ya veremos si la autoridad fiscal federal, –porque ni modo que la tesorería de San pancho- indaga los términos reales de la ‘cesión’’ y hace pagar lo que haya que pagar. Porque lo otro es creerle a Fox… y no.

Correspondencia: tigresdepapel001@gmail.com

‘X’:TigresDePapel