Este jueves el Pleno del Congreso de Guanajuato conoció sin alharaca, gracias, dos Iniciativas por demás interesantes:

A la letra, la primera busca cerrar el paso al nepotismo, el amiguismo y los compadrazgos en la entrega de apoyos y estímulos públicos a asociaciones, fundaciones y anexas en Guanajuato; la otra, dar atribuciones a los ayuntamientos para que tengan voz y voto en el nombramiento de titulares de los gabinetes en las administraciones que comandan.

Uno se siente tentado a suponer que el remitente timbró las misivas en Paseo de la Presa y que el destinatario principal habita la casona municipal en la Plaza de los Mártires del 2 de Enero, en León.

Curiosamente los promoventes descansan en las poltronas del tricolor y en el seno del grupo verde que ya no es verde ni grupo, bandos ambos que en la legislatura en ejercicio no tienen problema alguno en asumirse como las espadas de Jorge.

Ello, sea o no estigma aplicable en la ocasión, no obsta para que ambas propuestas sean no solo acertadas, sino urgentes también.

Pero vamos a ellas.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dícese del PRI, en voz de su segunda al mando -nada más son tres-, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica y a la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el estado con el objetivo, dice, “de fortalecer los mecanismos para prevenir actos de nepotismo y conflictos de interés en la asignación de apoyos, estímulos y recursos públicos.”

Doña Ruth reconoció en la exposición de motivos que Guanajuato cuenta con una importante actividad económica y una amplia política de estímulos y apoyos dirigidos a sectores productivos, empresas, organizaciones sociales y emprendedores, mediante incentivos fiscales, financiamientos, programas de capacitación y apoyos directos a la inversión productiva –dinero, hay.

Citó que la entidad mantiene un crecimiento económico sostenido en sectores estratégicos como el automotriz, agroalimentario, manufacturero y de servicios, pero que al respecto no hay mucha transparencia y control en la entrega de recursos públicos, que digamos.

A renglón seguido se aventó un eufemismo de campeonato. Dijo que hay ‘percepciones sociales’ -no: hay denuncias públicas y auditorías y descaro, mucho descaro- “relacionadas con posibles actos de corrupción y nepotismo en la asignación de apoyos gubernamentales” -nada más repase usted los apellidos beneficiados por el Fidesseg, los mismos de siempre, conocidos por todos-, así que es necesario “ampliar las restricciones actualmente previstas en la legislación estatal.”

Los tricolores pues, o cualquiera que sea ‘la mano que mece la cuna’, proponen que no puedan otorgarse estímulos o apoyos “a personas físicas o morales, grupos u organizaciones en las que tengan participación servidores públicos del estado, municipios, organismos autónomos o descentralizados, así como personas con parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado” -un escándalo en el Ayuntamiento de León, que en sí es eso: un escándalo.

Ampliar las prohibiciones para incluir a servidores públicos con funciones de toma de decisiones o cargos directivos, y no únicamente a quienes autoricen directamente las entregas -el viejo truco de hacer que el más zonzo firme, mientras los beneficiados despachan tres escalones arriba.

Que la propuesta busca fortalecer la legalidad, la imparcialidad y la confianza ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Como corresponde, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen.

CLAVOS AL ATAÚD

La otra Iniciativa rescatable de la jornada la presentó el diputado ex verde Sergio Alejandro Contreras Guerrero -quien más tardó en anunciar su partida que en ir a ofrecer sus servicios al ‘libismo’, por referirlo de alguna manera.

Esta es una iniciativa de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato -en verdad es un lance a tres bandas.

Se trata de que los ayuntamientos participen en la designación de titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal –hasta ahora potestad, salvo en designaciones de seguridad pública o tesorería, por ejemplo, del presidente o presidenta municipal.

El buen Sergio Contreras expuso que es indispensable entender la importancia que tienen los titulares de las direcciones o ‘secretarías’ municipales, “pues de su capacidad técnica, experiencia y conocimiento especializado depende, en gran medida, la eficiencia, continuidad y calidad con la que dichos servicios llegan a la ciudadanía.” -Pues sí.

Que contar con perfiles preparados, con experiencia en la materia y con habilidades para la toma de decisiones, no solo fortalece el funcionamiento institucional, sino que también permite garantizar una gestión pública más profesional, eficaz y orientada a las necesidades de la población –‘rollito’ apantallador, ni qué decir.

Ahí le va: “La designación de quienes habrán de encabezar las áreas estratégicas de la administración pública municipal no puede entenderse como una cuestión menor ni exclusivamente administrativa, y que, si el Ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio, entonces debe participar de manera plena en la integración de la estructura directiva mediante la cual se ejecutan sus decisiones.”

Si a usted le vienen a la cabeza las recientes advertencias del panismo a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, emecista confesa, ante eventuales ceses de funcionarios y la necesidad de reclutar otros, es que usted es uno de esos ‘mal pensados’ que sugeríamos líneas arriba.

Efectivamente, hoy la norma otorga al alcalde o alcaldesa la facultad de nombrar y remover unilateralmente a las personas servidoras públicas municipales de la administración centralizada, sin que el Ayuntamiento como órgano colegiado intervenga en la decisión -ups, sí, no hay manera de no pensar que hablan de León.

Entonces, habría que poner en Ley que “corresponderá al Ayuntamiento nombrar a quienes ocupen la titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Unidad de Transparencia y las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a propuesta de la persona titular de la presidencia municipal, y observando el principio de paridad de género.” -Zas.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen. Ojalá les vaya bien a las dos en la ruta legislativa. Por la Sombrita, porfa…

(A)La Jaula

Villas de San Juan

El de esta semana fue jueves de sesión de Ayuntamiento en León. Sesiones del morbo, francamente. En los asuntos generales, la regidora guinda Vanessa Montes de Oca, obvio, puso sobre la mesa el caso de Villas de San Juan. Familias desalojadas y otras ‘en capilla’, porque alguien en el IMUVI, promovente del caserío, descuidó la culminación del proceso y el fraccionador dijo ‘de aquí soy’. Casi, casi, la regidora morenista les dijo que los discursos ‘buena ondita’ son un insulto de la Administración a los agraviados. En la nota simpática de la sesión, la regidora de MC, Desiree Ángel Rocha, apersonada en el oficialismo chiquito que protagoniza con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, asumió el rol que antes jugaba el regidor azul Hidelberto Moreno y se instaló de plano en la vocería del IMUVI. Lo que hace un cambio de color en las cortinas…

Correspondencia: tigresdepapel001@gmail.com

‘X’: TigresDePapel