El sábado once de abril entró en vigor la reforma constitucional que cancela las ‘pensiones doradas’ en las entidades públicas. No deben exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.

Las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido

La reforma constitucional apunta a eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios, altos mandos de confianza de entidades públicas del país, como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nafinsa, Bancomext o Luz y Fuerza del Centro.

Eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos no significa desconocer el valor del servicio público, sino reivindicarlo, ya que “el verdadero honor de servir al Estado radica en contribuir al bienestar de nuestra nación, no en asegurar beneficios desproporcionados al término de la carrera administrativa”, dijo en su momento la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo. 

Con la reforma se elimina la disparidad entre las pensiones de altos exfuncionarios que superaban en algunos casos hasta el millón de pesos mensuales, en contraste con las pensiones que perciben trabajadores en México, de alrededor de siete mil pesos mensuales.

Bien, pues hay a quienes nomás no les entra eso en la cabeza: a alguno panistas, por ejemplo.

El jueves de la semana que recién acabó, en la sesión del Congreso de Guanajuato, se presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso federal, “a fin de corregir las disposiciones relativas al límite de jubilaciones y pensiones.”

Particularmente, ‘los efectos retroactivos’, al estimarse que resultan incompatibles con los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, progresividad de los derechos humanos y protección de derechos adquiridos en materia de seguridad social.

A favor de la moción, el pastor azul, Jorge Espadas calificó la reforma constitucional como una medida selectiva e injusta que vulnera el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de miles de familias.

Que el ajuste a las pensiones no debe enfocarse en una narrativa de privilegios, sino en el respeto a los derechos adquiridos por trabajadores que dedicaron hasta 50 años al servicio público en sectores estratégicos como Pemex y CFE, “empezando desde los niveles más bajos hasta alcanzar puestos de alta especialización.”

Invitó a sus pares a construir una iniciativa conjunta que garantice un trato igualitario para todos los mexicanos sin distinciones políticas

En contra de la obvia resolución, el ‘moreno’ Antonio Chaurand expuso que el punto de acuerdo defiende las ‘pensiones doradas’, y argumentó que es ofensivo para la realidad del país proteger jubilaciones millonarias financiadas con recursos públicos.

Que la reforma constitucional no es retroactiva ni confisca recursos ya entregados, sino que establece un ajuste basado en los principios de austeridad y justicia social para que las pensiones exorbitantes se ciñan a un tope ético; que los derechos de la clase trabajadora y los contratos colectivos no corren ningún riesgo, pues la medida se dirige exclusivamente a quienes ocuparon posiciones de poder y gozaron de privilegios discrecionales.

QUE NO, SEÑOR

Todavía este domingo, en Mérida, Yucatán, ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, de la CFE y del Centro Nacional de Control de Energía protestaron en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se dijeron afectados por la reforma.

Reclaman que por eliminar privilegios de quienes obtuvieron estos beneficios por prebendas políticas se afectaron a 40 mil trabajadores que laboraron de 30 o 40 años para alcanzar estas pensiones.

Aquello asomó al caos entre los gritos en demanda de justicia laboral y colonos que daban la bienvenida a Claudia.

Una ex trabajadora de la CFE llegó hasta la camioneta de Sheinbaum y le entregó un documento con su demanda de “revisar los alcances de la reforma y anular su carácter retroactivo”. La mandataria la escuchó y ofreció revisarlo.

La mujer dijo que ellos estan de acuerdo en cancelar ‘las pensiones doradas’ obtenidas como prebendas políticas, pero no en las afectaciones “a miles de familias a quienes se les redujo entre 10 y 50 por ciento sus ingresos.”

El jueves en el Congreso local la cosa no quedó en la petición de un exhorto a la presidenta Sheinbaum Pardo. También se conoció de una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de eliminar esos, “los efectos retroactivos” en las jubilaciones y pensiones de personas servidoras públicas.

La iniciativa la presentó el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, -seguro usted lo recuerda como gobernador de Guanajuato 2000-2006-. Argumentó que la disposición genera afectaciones a personas jubiladas y pensionadas a quienes se les reconocieron previamente determinados montos de pensión, lo que vulnera el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución federal.

Que la medida “impacta a miles de familias que organizaron su patrimonio y proyectos de vida con base en prestaciones derivadas de años de servicio público especializado.”

Propone eliminar la referencia expresa a que las jubilaciones o pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deban ajustarse al nuevo límite, “con el objetivo de evitar afectaciones retroactivas a derechos previamente consolidados.” La iniciativa se fue a comisiones.

Incluso antes de la publicación de la reforma constituciona en el DOF, la presidenta Claudia Sheinbaum negó la retroactividad para reclamar los recursos ya recibidos, pero sí advirtió que con la aprobación “van a bajar.” No se les va a quitar el dinero ya cobrado, solo que ahora cobrarán menos.

Quien recibía un millón de pesos mensuales “ahora serán 70 mil”, aun así bastante más que la pensión de cualquier ciudadano. “Se queda en la mitad de lo que gana la Presidenta”. Y descartó los amparos, “porque sólo puede haber inconstitucionalidad –no amparo- al tratarse de una reforma a la Carta Magna.”

Que la enmienda “no es para los trabajadores de base, que están sindicalizados y su pensión está reconocida por un contrato colectivo. Ahí no se toca”.

Sí, “para aquellos donde fue discrecional la definición de cuál era su pensión…”

(A)La Jaula

Notas de archivo

En León, cinco jóvenes fueron masacrados en una vivienda allá en Cumbres la Gloria, más arriba de la Jacinto López, hoy colonia ‘Periodistas mexicanos’, a la salida a ‘San Pancho’. Todos tenían un balazo en la cabeza. Oye, eso fue el viernes. ¿Entonces, ya al archivo? ¿A lo que sigue? Hm.

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‘X’:TigresDePapel