Quien haya visto alguna vez la primera película de Austin Powers recordará la escena por hilarante y absurda. En una espaciosa bodega, uno de los secuaces del malvado Dr. Evil es arrollado en cámara lenta por la aplanadora manejada por Mike Myers y Liz Hurley. En uniforme policial, el hombre, a pesar de verlos venir a lo lejos, desperdicia gritando una cantidad absurda de segundos frente al vehículo que avanza a muy baja velocidad. En la secuencia, el tiempo del que dispone para hacerse a un lado o simplemente correr un poco más rápido que la parsimoniosa máquina parece una eternidad. Paralizado por el pánico sucumbe ante una aplanadora que tampoco realiza maniobra alguna para evitar atropellarlo[1].

Cualquier parecido con la Corte Suprema de Justicia de México y la aplanadora de la 4T podría ser una coincidencia, aunque las consecuencias a futuro semejan más a una tragedia griega que a una comedia paródica de agentes secretos. La publicación esta semana de la mal llamada supremacía constitucional, exabrupto que retira la calidad de revisor de la Constitución a quienes están capacitados e investidos justamente para ello, pareciera la guinda en el pastel del enfrentamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra del Judicial. Una muestra más de lo peligrosa que resulta la aplanadora configurada por las cámaras, y otra exhibición de la lenta ineptitud de la Suprema Corte, que desde siempre ha estado más pendiente de las prerrogativas pecuniarias de sus integrantes que de defender la ley e impartir justicia. 

Muchos esgrimirán la independencia judicial de una Corte que durante décadas, y hasta hace no tantos años, funcionaba más como un apéndice de las decisiones del Ejecutivo que como su contrapeso. Pocas y muy puntuales fueron sus controversias con éste, pues los casos relevantes que atrajo dormían el sueño de los justos y se diluían luego en sentencias fofas; la lista es larga y su ineficacia tan patente que la mayor parte de los mexicanos no ha dudado en apoyar una medida tan brutal: el fin de la carrera judicial y su descabezamiento con tómbola y exhibición pública de por medio. 

No se trató sólo de un “discurso de odio” dirigido desde la Presidencia. Los resultados febles de la institución en su conjunto siempre han avalado esa percepción negativa. Acostumbrada a la lentitud y a la indefinición (sólo hay que ver cómo dieron visto bueno al referéndum para los expresidentes de 2021 y cómo enredaron su pregunta[2]) la Suprema Corte no supo reaccionar de manera rápida o decidida al ver cómo se acercaba la aplanadora. ¿Por qué hasta ahora se discute de la pertinencia del control de una reforma constitucional cuando una violación contra los derechos humanos como el arraigo, que cuenta con millares de víctimas, campea en la Carta Magna desde hace décadas?

Uno podría dispensar la lentitud de un órgano judicial con miles de funcionarios a su cargo (el tamaño de la burocracia de la Suprema Corte debería a su vez ser objeto de análisis, pero brilla por su ausencia), también podrían matizarse las acusaciones en su contra por corrupción, o su negligencia. Quizá su jurisprudencia, complaciente con el agiotismo o la explotación laboral, entre muchos otros ejemplos, no supere tampoco el mínimo análisis de calidad. Pero la cobardía con que han actuado no admite excusa. 

Esta semana leímos las renuncias de ocho ministros que se pavonean al hablar del deber cumplido, rechazan injurias e infundios, o incluso renuncian a sus haberes de retiro. Más que sesudas cartas, creo que México requería algo de valor heroico que respondiera al apoyo recibido por sus funcionarios durante el paro judicial. Algo que nos llevara a pensar que la necesaria reforma podría realizarse de una forma más inteligente, integral (incluyendo la procuración de justicia) y sin violar de forma tan flagrante los marcos legales. 

Y aun bajo la aplanadora, el Poder Judicial desprecia a quienes formó o lo integraron. Esta semana, el Pleno de la Corte publicó también el acuerdo para la integración y funcionamiento del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para la elección del año entrante, donde se renovará el tribunal supremo y la mitad de las magistraturas y juzgados del país[3]. En pocas palabras, de dónde provendrán y qué criterios se emplearán para seleccionar los candidatos. Otra oportunidad fallida para rescatar la pertenencia a la carrera judicial, donde no se ponderarán ni los cursos impartidos por la misma institución, ni dará preferencia a quienes posean experiencia en los órganos judiciales. Ni siquiera se fija un mínimo de estudios previos o títulos profesionales. Todo se deja a criterio de los miembros del comité (sin saber quiénes lo integrarán). Eso sí, deja claro que se emplearán tarjetas de colores amarillo, azul, naranja o blanco…

Genios y figuras hasta la sepultura.

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