Octubre inició en Salamanca, Guanajuato, con una nueva masacre: 5 personas fueron asesinadas en un centro de rehabilitación irregular para las adicciones, más conocidos como anexos. Según la nota del Diario Correo, la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) declaró que desde el día del ataque, hace más de dos semanas, 23 de las 45 personas que se hallaban alojadas en el inmueble se encuentran desaparecidas. Originalmente, en los reportajes posteriores a la masacre se habían reportado cuatro personas desaparecidas, entre ellas la dueña y la encargada del lugar. Pero tras la jornada que dejó 12 cuerpos esparcidos por la ciudad, no se ha vuelto a saber nada de los anexados. 

El miedo continúa, como lo muestra una nota de esta semana en la que se documenta la fuga masiva de internos del anexo de la calle Guadalupe Victoria en la misma ciudad. 

Según Nicolás Pérez Ponce, cabeza de la CRUB, en Salamanca hay aproximadamente 45 centros de rehabilitación, de los que tres están regularizados, y ocho de ellos inscritos en su asociación. De la totalidad de centros en el estado de Guanajuato sólo 13 cuentan con permiso de operación federal de la Conadic; uno de ellos está Salamanca. 

La cantidad de centros clandestinos da una idea muy clara del panorama de las adicciones en el estado. Su falta de regularización no sólo obstaculiza su control público, sino que lo deja al arbitrio de los “padrinos” y “madrinas”, como también del crimen organizado. 

De los primeros se acumulan desde hace años denuncias de tortura, privación ilegal de la libertad, malos tratos y/otrabajo forzado. “Los anexos surgen porque se abre un mercado. En el momento en que el Estado no tienen la capacidad o no ofrece el servicio para internar a las personas que requieren la atención residencial, deja un espacio abierto… que ocupan negocios privados”, comenta Pablo Chiw, psicólogo clínico y doctor en Ciencias Sociales, en un reportaje publicado este año sobre tortura a adolescentes en anexos mexicanos. El anexo, más que un lugar de rehabilitación, se convierte en una empresa que lucra con las cuotas que pagan familiares desesperados por no saber qué hacer con un integrante capaz de robar cualquier cosa para conseguir sus dosis. 

Sin supervisión del estado, sin capacitación o asistencia médica, ni intereses más allá del lucro, la tortura en los anexos, dice el reportaje difundido en Documenta, busca “instalar la suficiente cantidad de miedo y terror para que la idea de escapar sea impensable”.

A este panorama desolador de abandono se suma la delincuencia organizada. Los antecedentes en Irapuato son atroces: El veintitrés de diciembre de 2019, sujetos armados entraron a un anexo del municipio y secuestraron a 24personas internas; el ocho de febrero de 2020, un grupo armado incendió otro anexo y secuestró a 5 personas; el seis de junio siguiente privaron de la vida a 10 personasanexadas, y el primero de julio de 2020 asesinaron a 26internos e hirieron a 5 personas en el anexo de Arandas.

¿Estamos ante una tragedia similar a la de hace cuatro años en Irapuato? ¿Dónde están los desaparecidos del anexo salmantino? ¿Por qué no se avanza en la regularización de los anexos del estado? El pasado gobierno estatal no hizo nada al respecto, pues su retórica (sin efectos concretos) se centró en la prevención a través de un modelo islandés que al parecer no cuajó en esta ínsula azul. Mientras tanto, el consumo del cristal se convirtió en la cuarta droga de inicio en poblaciones entre los 12 y los 18 años. Y es reconocida por el 60% de los consumidores como Droga de Impacto, es decir, la consumen seis de cada diez personas que solicitaron tratamiento. Y a estas cifras alarmantes se empieza a documentar también el uso del fentanilo…

Como colofón, el Nuevo Comienzo quita los recursos del Fidesseg a sociedades de la organización civil a través de las cuales podría curar las adicciones, además de asistir el tejido social en áreas donde el estado no ha querido o podido intervenir. Eso sin mencionar la inexistente estrategia contra la distribución de drogas y desmantelamiento de las mafias que las trafican. 

Es mucho más fácil y placentero repartir tarjetas rosas.

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