Ante las reformas del mercado de trabajo y de las prestaciones sociales que se han efectuado los últimos lustros en México y el mundo —intensificados y seguramente modificados por la nueva realidad que aceleró la pandemia-, tenemos la responsabilidad de asegurar en el futuro inmediato una mejor salud laboral (SL). Se han aplicado una serie de cambios y no todas las personas están preparadas para afrontar las nuevas realidades laborales que implican incertidumbre, con demandas de disponibilidad y actualización permanentes, más allá de las capacidades y la formación específicas. La condición para potencializar hoy una apropiada SL para los próximos años, es fortalecer los cimientos que se han logrado en todo el mundo, abordándola desde las múltiples disciplinas que confluyen, como la tecnología electrónica y la comunicación, salud pública, medicina de laboratorio y del deporte, ergonomía, psicología, seguridad biológica, entre otras muchas, y en forma interdisciplinaria e interinstitucional. Aun cuando subsisten los riesgos laborales clásicos, cada vez es mayor el protagonismo de los factores de riesgo psicosocial y del estrés laboral derivados de las nuevas formas de organización en el trabajo.

Para lograrlo debemos asegurar que las personas que trabajan, sea por cuenta propia o de su empleador, lo hagan formalmente, con derechos y beneficios sociales legalmente reconocidos. Sin las condiciones mencionadas, la SL poco podrá hacer para proteger la salud de los trabajadores. Esta condición debe estar ceñida a una coordinación efectiva entre las diferentes administraciones gubernamentales, iniciando con la de salud y la de trabajo, que todas apoyen a los profesionales de la SL y de otras disciplinas. Pero una posición indispensable y emparejada es que estén debidamente implicados y empoderados activamente los trabajadores, en lo individual y a través de sus órganos de participación. No pueden estar fuera de esta coordinación los organismos empresariales y cada una de las empresas –con sus áreas de desarrollo de personal-. Estas últimas deben poner en valor las inversiones en salud de su capital laboral; es una tarea colectiva.

Otros temas en los que debemos actuar ya, son: el inminente retraso de la edad de jubilación, derivado de la prolongación de la vida laboral y el incremento en la expectativa de vida. Dicho incremento en el promedio de vida al nacer (en 2019, en México, 75.1 años), que se acompaña en nuestra población de múltiples enfermedades crónico degenerativas o no trasmisibles (ECNT) como la diabetes, hipertensión, obesidad, accidentes, padecimientos mentales –depresión- y cáncer, por citar sólo algunas de las más prevalentes en nuestro país, y que durante esta pandemia se han dejado de atender apropiadamente, seguramente podrán constituir también una pandemia de salud. Estas ECNT incrementan la Carga de la enfermedad, cuyo principal indicador son los años de vida ajustados por discapacidad, que inciden directamente en la productividad laboral y el bienestar social en su conjunto, generando invalidez temporal o permanente. Ello hace inaplazable que esta coordinación interdisciplinaria e interinstitucional, ofrezca seguridad, y realizar efectivas acciones preventivas para retrasar o disminuir la presencia de complicaciones, evitables o controlables en la mayoría de los casos y, por ende, disminuir la incapacidad laboral parcial o total a destiempo, pérdida de capital laboral y el incremento en la pérdida de años saludables. Debemos utilizar los datos y parámetros estadísticos hoy al alcance, como instrumentos e insumos en la definición de prioridades en salud, para optimizar la evaluación del impacto de las intervenciones sanitarias y laborales, e incluso la definición y actualización de políticas públicas.

Otro aspecto poco abordado es el conocer el impacto que tiene en el producto interno bruto (PIB) y en los resultados financieros de las empresas, a causa del ausentismo laboral por enfermedad, que afecta directamente la productividad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT–2005) calcula que las pérdidas debidas a indemnizaciones, días de trabajo perdidos, interrupciones de la producción, formación y reconversión profesional y gastos médicos, entre otros aspectos, representan el 4 por ciento del PIB mundial (1.251.353 millones de dólares). Cada año mueren dos millones de hombres y mujeres a causa de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En todo el mundo se producen anualmente 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales. Dichos factores son poco estudiados y, en parte, hasta hoy intangibles. Se tienen datos parciales de esta importante información en nuestro país. Alguna es la que registran el IMSS y el ISSSTE sobre las incapacidades, ausentismos laborales, tipos, causas, duración y costos, aunque no se tiene datos específicos de los “gastos de bolsillo”. Otro tema poco afrontado apropiadamente en su contexto total es el embarazo. Las prestaciones han evolucionado –Verbi gratia: incapacidad por maternidad y lactancia en el trabajo, incluso permiso a los padres-, pero se debe garantizar a la mujer embarazada su continuidad en el trabajo, si así lo deciden, y que la maternidad no signifique una salida no deseada del mercado laboral.

Como es de todos conocido, la lucha contra la pandemia por COVID-19 llevó a millones de personas a cuarentena en el mundo. Forzó a gobiernos de todo el mundo a tomar decisiones para prevenir contagios masivos, conduciendo al sector empresarial a cesar temporalmente gran parte de sus actividades, generando una crisis del Estado del bienestar de carácter estructural. Con ello se vio afectado el flujo de ingresos para poder cumplir los compromisos financieros y acuerdos laborales establecidos, obligando a ejecutar nuevas acciones para atender los mencionados compromisos. Otras más para afianzar y mantener activos los procesos organizacionales, el flujo de información y el sentido de compromiso empresarial. Por ello es indispensable involucrar los efectos de esta pandemia, ya que trasformó mundialmente paradigmas de la humanidad, como lo hicieron en su momento, en otras centurias, otras pandemias de las que deberíamos considerar las lecciones aprendidas. Los efectos de la presente podrán durar hasta dos decenas de meses más –tiempo en que debemos seguir con las medidas preventivas y el cubre bocas-, ante el desconocimiento del comportamiento de este virus y sus mutaciones, así como la eficacia de la vacunación o la “inmunidad de rebaño”.

Las estrategias empresariales responden a una crisis sistémica generada por la pandemia y la recesión económica y, para no naufragar en ella, las empresas emplean estrategias empresariales interactivas y competitivas orientadas hacia la apertura de mercados, preservación de la salud, seguridad biológica del trabajador e independencia laboral, por lo que deberían contar con un apoyo económico determinante de parte de los gobiernos, para mantener activa la maquinaria del desarrollo social y económico. El desastre económico, empresarial y el desempleo no vinieron solos. Ya sabemos que al mismo tiempo aparecieron nuevos riesgos, enfermedades –incremento de padecimientos mentales-, alteración de parámetros sociales y laborales, así como alternativas y oportunidades, para lo cual, desde el gobierno se deberán atender ya, e implementar en conjunto con la sociedad, las estrategias y acciones urgentes.

De estas circunstancias destaca la tecnología ceñida al manejo de datos –Big data-, que se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por las autoridades, comunidades y sociedad –con reserva de la falsa información o noticias-. Ha permitido ejercer control en la difusión de la infodemia y en algunas latitudes las sindemias concomitantes, manteniendo informado y actualizado al trabajador y a las empresas. Ayuda a proporcionar una apropiada “comunicación de riesgo”.

Las tecnologías podrán en adelante mantener a los trabajadores actualizados y capacitados en tareas específicas para su labor y llevadas a la praxis. Algunos expertos de la educación hablan de la mayor importancia que tendrá esto último –las capacidades, destrezas y habilidades específicas-, sobre los títulos universitarios de larga duración, para una rápida reactivación del mercado laboral y el desarrollo socioeconómico, lo que ahora definen entre otros como desarrollo sustentable, que implica avanzar simultáneamente en cinco dimensiones: económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Debemos retomar la ética, el humanismo y la cultura del esfuerzo, evitando acostumbrar a los jóvenes a recibir estirando la mano, sin la satisfacción del esfuerzo, del empeño, del bien ser y bien hacer que los lleve a actuar con actitud, aptitud y rectitud.

A las empresas les afecta la globalización e interdependencia entre empresas, sin importar el lugar de ubicación de los centros de trabajo y, en segundo lugar, el proceso de home office y similares. Las empresas deberán desde ahora estar atentas y acompañadas por el sector salud y del trabajo ante la persistencia de la pandemia, la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes como es el caso de las Arbovirosis, Sarampión o la amenaza latente de la Influenza aviar que en cualquier momento puede surgir, o el alarmante incremento mundial de la resistencia bacteriana a los antibióticos –que nos podría devastar en dos décadas- y evitar ser tomados por sorpresa nuevamente, tomando conciencia do todo lo que interviene sobre los determinantes sociales de la salud de las personas y la sociedad en su conjunto.

Para finalizar este breve abordaje desde la perspectiva de la medicina, la reflexión: el trabajo es fuente de salud. Mediante el trabajo y empresas prósperas, las personas logramos acceder a un sinnúmero de aspectos favorables para la preservación de un buen estado de salud, satisfaciendo necesidades económicas básicas y todos los aspectos positivos que de ello deriva.

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