Velio Ortega
08:42
03/02/23

Prepara Congreso de Guanajuato controversia constitucional por reforma a Ley General de Comunicación Social • Velio Ortega

Bajaría de 400  a 141 MDP el presupuesto anual
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Prepara Congreso de Guanajuato controversia constitucional por reforma a Ley General de Comunicación Social • Velio Ortega

Guanajuato, Gto., 2 de febrero de 2023.- Fue un duelo de monólogos, en el que dos discursos sirvieron para mostrar posturas políticas: Morena, para acusar al gobierno panista de Guanajuato de usar recursos públicos para “chayotear” medios y promover su imagen, y el PAN: que se rasgó las vestiduras ante la transgresión federal a la soberanía estatal.

Se podría decir que en la sesión extraordinaria realizada en este día de la Candelaria, los morenos “ganaron” el debate político y los azules “ganaron” el jurídico. La postura más equilibrada fue la de la priista Yulma Rocha.

El 0.1 %, la manzana de la discordia

En sesión realizada el 30 de enero, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura convocó, a solicitud del diputado Luis Ernesto Ayala Torres –líder de la bancada del mayoritario Partido Acción Nacional (PAN)- a un periodo extraordinario de sesiones para resolver una propuesta de punto de acuerdo relativa a las reformas en materia administrativa y de comunicación social, “a efecto de que esta Legislatura interponga controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la invasión de facultades constitucionales del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato con la aprobación, expedición y publicación del Decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022”.

La propuesta, que reformó el artículo 26 de la ley citada, plantea que el gasto de comunicación social de los estados no puede superar el 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual.

La posición panista fue la de interponer, por conducto de la presidencia, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “al existir violación a los principios constitucionales de articulación de los órdenes de gobierno en el sistema federalista, de forma de gobierno y de supremacía constitucional y por la invasión de la facultad constitucional del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato de legislar en todos los ramos del régimen interior del Estado de Guanajuato”.

En otras palabras: la federación impone al estado de Guanajuato cuánto debe gastar en Comunicación Social.

¡Aaaarrancan los alegatos!

El panista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, secretario de la mesa directiva, dio lectura a las consideraciones del documento y explicó que el proceso de ese juicio inicia cuando uno de los poderes considera que una ley, un decreto o un reglamento promovido por otra autoridad representa un agravio a sus facultades y perjudica el cumplimiento de sus funciones y que pueden ser impugnados todo tipo de actos de autoridad y normas de carácter general, excepto los de naturaleza electoral.

Se busca evitar violaciones a la Constitución y a los principios del federalismo y división de poderes, recalcó. El legislador indicó que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “los recursos de los que dispongan los poderes del Estado se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y esos principios regulan la libre disposición por cada ámbito de Gobierno” y aclaró que corresponde al Congreso local aprobar en qué términos debe de ejercerse el recurso.

Ni tardo ni perezoso, el morenista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, quien desde el día 30 se había puesto bravo opositor a la propuesta, se anotó, al igual que sus compañeros Ernesto Millán Soberanes y Alma Edwviges Alcaraz Hernández. Para pronunciarse a favor se añoraron los panistas Armando Rangel Hernández y Laura Cristina Márquez Alcalá y el tricolor Alejandro Arias Ávila.

Prieto Gallardo tuvo dos frentes de discurso: 

El primero, que la reforma aprobada el 27 de diciembre de 2022 era la culminación de un artículo transitorio de la Ley de Comunicación Social aprobada en 2014 por todos los partidos neoliberales que ahora se oponían, por lo que consideró que no había tal intromisión, que la reforma postulaba como propósito en política y campañas electorales menos dinero, más sociedad, por lo que sí existía disposición constitucional que expresamente señala y reconoce la libertad configurativa del Congreso de la Unión para establecer límite al gasto en comunicación social.

El segundo frente: los panistas querían continuar con el gasto discrecional para promover a su partido y sus políticos y pagar “chayote” a los medios.

Tuvo su toque de ironía: no se inconforman ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas como los matrimonios igualitarios y el aborto.

Armando Rangel Hernández argumentó que el Congreso de la Unión ´puede intervenir en diversos asuntos de los estados, pero carece de potestad para interferir en los presupuestos de las entidades, por lo que la propuesta violentaba el principio de legalidad, la división de poderes y los principios del sistema federal.

Ernesto Millán Soberanes retomó la postura que su tocayo de nombre y de partido sostenía una y otra vez: los panistas pretenden defender el despilfarro del presupuesto público en comunicación social y publicidad, que con la reforma equivaldrían a 113.8 millones de pesos, es decir 310 mil pesos diarios. Los gastos en esa materia no son prioritarios, aseveró.

Retomó el tema que abordó el otro Ernesto: ni aborto ni matrimonio igualitario les preocupa.

Alejandro Arias Ávila se manifestó porque “prevalezca la norma”, que en un sistema democrático se establecen pesos y contrapesos y se busca revisar si la reforma en cuestión invade las competencias de Guanajuato como Estado Libre y Soberano en la disposición de recursos públicos.

Ir a la Suprema Corte de Justicia era para que se dilucide cuál planteamiento tiene razón, por lo que instó a sus homólogos a votar a favor de la propuesta, indicó.

Y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), siguió su andanada: Alma Edwviges Alcaraz Hernández externó que en Guanajuato no siempre se han respetado los principios de honradez y probidad, en diversos aspectos, entre ellos el de comunicación social. 

Tundió a los panistas sobre lo que consideraba gastos excesivos y reprochó que se gasten más de 400 millones en comunicación social en el estado. Por primera vez en mucho tiempo se olvidó de Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca.

Laura Cristina Márquez Alcalá refrendó la postura de sus compañeros de partido y se lanzó contra el presidente al decir que esa reforma era parte del plan B tras el fracaso por acabar con el Instituto Nacional Electoral (INE). Ahora quiere debilitar a los estados y atenta contra los medios de comunicación.

En el debate, intervinieron en distintos momentos, para rectificación de hechos, las diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Alma Edwviges Alcaraz Hernández; así como los diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Alejandro Arias Ávila y César Larrondo Díaz.

El “debate” se empantanó con posturas reiterativas. Los panistas argumentaron que la reforma repudiada atentaba contra la autonomía y soberanía de las entidades federativas y afectaba a los medios de comunicación; los morenistas reiteraron que los panistas hacían propaganda con la comunicación social. Ernesto Prieto se lució con el señalamiento que de ahí financian el “chayote” a los medios. 

Intervención del equilibrio

Al momento de razonar su voto, que fue a favor de la propuesta, la priista Yulma Rocha argumentó que estaba de acuerdo con que fuera la Corte la que definiera el tema. Un precepto constitucional tutela la soberanía de los estados, afirmó, pero señaló que el gasto en comunicación social en Guanajuato es excesivo y no tan claro en su aplicación en términos de estrategia y contenidos. 

De mantenerse la reforma a la ley citada, el gasto en la materia sería de máximo 141 millones de pesos, en contraste con los más de 400 millones anuales. Toca a los magistrados establecer quién tiene la razón y es la oportunidad para regular el tema, dijo la legisladora irapuatense.

La propuesta de punto de acuerdo fue aprobada por 27 votos a favor y 8 en contra (los de Morena). Con controversia va.


 

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