Guanajuato. En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022, la cual no contempla nuevos impuestos.

Dicha ley asciende a 92 mil 669 millones 574 mil 358 pesos, contiene nuevos derechos y mantiene los que se contemplaron para el ejercicio fiscal de 2021, además se reestructuran algunos conceptos en su mecánica de cobro a efecto de homologarlos, lo cual otorga mayor certeza a los contribuyentes.  

Las cuotas y tarifas del ejercicio fiscal de 2022, con relación al 2021, se incrementan en promedio y de manera generalizada en un 3.95 por ciento.  

También, se contempla que los ingresos federales sumen 82 mil 749 millones 489 mil 493 pesos. Asimismo, no refiere la contratación de deuda para el año 2022.

Posicionamientos

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta indicó que este día culminaba un proceso de revisión y análisis que permitirá al Estado atender las exigencias de las familias guanajuatenses; y que el objetivo del análisis sobre los ingresos públicos para el próximo año no era otro que el cumplimiento de sus compromisos frente a los ciudadanos.

“El Estado requiere allegarse de recursos con el objetivo de acercar a las familias los servicios y bienes para la promoción de su bienestar. En este ejercicio, es oportuno subrayar que no hay gobierno eficiente sin hacienda pública sólida y, no existe futuro sin hacienda pública sana”, enfatizó el congresista.

Asimismo, señaló que Guanajuato ha sido una entidad comprometida en el cuidado de sus finanzas y reconocía que en ese proceso ha existido corresponsabilidad de todos los actores tanto del sector público como del sector privado.

Zanella Huerta manifestó que su voto era a favor porque no se incorporaban nuevos impuestos y no había incremento en las tasas aplicables; que era un paquete responsable porque no contenía deuda adicional a la previamente autorizada por el Congreso por lo que no se comprometía el futuro de la capacidad fiscal y financiera de la entidad.

Agregó que se trataba de una propuesta en materia de ingresos equilibrada y que en la revisión del conjunto de iniciativas que el Ejecutivo puso a su consideración, se aseguraron de que los costos de los servicios que provee el Estado se ajustaran a criterios estrictamente técnicos y estuvieran apegados a los principios de legalidad que exigen las disposiciones aplicables.

“La actualización de tarifas se realizó con porcentajes por debajo del nivel de inflación y sólo en casos muy particulares los ajustes superaron ese criterio. En esos casos, el compromiso asumido es proveer mejor infraestructura para las áreas de atención del ciudadano”, argumentó.

El congresista subrayó que frente a una inflación que al cierre del año supera el 7%, en la entidad los ajustes de tarifas se ubicaron en promedio en 3.95%.

También se refirió a las iniciativas que con las cuales se armonizan las disposiciones locales con las reformas fiscales aprobadas por la federación y que permitirán ampliar la base de contribuyentes, así como simplificar el cumplimiento de obligaciones.

Zanella Huerta subrayó que, por primera vez en décadas en la historia del paquete de ingresos, la Ley no contemplaba costos para el pago de servicios de salud.

“Así como fue señalado en las reservas que como Partido realizamos al paquete de ingresos municipales, en el caso del paquete de ingresos del Estado, nos hemos asegurado el garantizar el acceso gratuito a todos los servicios de salud a quienes no cuenten con seguridad social”, dijo.

Finalmente, el legislador se pronunció porque los $ 92 mil 669.57 millones de pesos que se estimaban ingresar sirvieran para cumplir los sueños de un Guanajuato más justo, incluyente y equitativo, donde se logren romper las brechas de desigualdad.

En su intervención, la diputada Dessire Ángel Rocha señaló que los ingresos que se pronosticaban equivalían a una variación real de 0.1% de incremento nominal con relación al pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal de 2021.

La congresista resaltó era importante mencionar que no se contemplaba deuda pública, no se creaban nuevos impuestos, no se modificaban las tasas vigentes de impuestos y que el incremento de cuotas y tarifas en derechos será de 3.95% en promedio.

Asimismo, manifestó que ante las proyecciones financieras que se preveían a nivel global de que la inflación ronde el 7%, el reto en el análisis de la iniciativa de la ley había sido técnico, porque el Estado enfrentaba un dilema complicado, ya que por un lado, no podía ni debía cargar al contribuyente aumentos onerosos que, en conjunto, le restrinja sus capacidades adquisitivas y, por el otro, tampoco se podía renunciar a ser eficaces en la recaudación para financiar los servicios que se le debían dar a la ciudadanía.

La legisladora habló de la importancia de brindar las condiciones necesarias para que la pandemia no siga cimbrando más, cobrando vidas y causando estragos, por lo que coincidió plenamente en que el sistema de salud debía de avanzar y convertirse en un sistema de acceso universal y gratuito para la población sin seguridad social, y que un comienzo era no establecer cobros por los servicios de salud y atención médica.

También se refirió al impuesto que pagan las y los empleadores del estado que a partir del 1 de enero de 2022 será del 3.0% lo que, dijo, generará un incremento 1,756.46 millones de pesos en la recaudación de ese impuesto, recurso que el sector empresarial le pidió se incluya en el gasto productivo del Estado para que el esfuerzo de esa tributación impacte de manera positiva en el desarrollo de las y los guanajuatenses.

Finalmente, señaló que su voto a favor también implicará vigilar que estos ingresos pronosticados sean orientados en el gasto público con responsabilidad y transparencia.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia comentó que, por un sentido de responsabilidad republicana, el poder público y sus instituciones debían tener las herramientas y recursos que permitan realizar sus funciones con éxito.

“Nuestra sociedad requiere de infraestructura, de impulso a la economía, de inversión pública que permita abandonar pronto esta penosa situación por la que se atraviesa. Por ello se requiere de la contribución responsable de todos”, dijo.

Asimismo, la congresista refirió que la falta de recursos por parte del gobierno federal fue una muestra del olvido del estado de Guanajuato por parte de la federación, siendo dichos recursos de importancia para la realización de obras de infraestructura y la inversión proactiva.

“La competitividad del Estado de Guanajuato, según datos del IMCO, que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, ubica a nuestra Entidad en el lugar 17, es decir un nivel inferior al de la media nacional”, dijo.

Finalmente, la diputada exhortó al ejecutivo estatal para que el ejercicio y aplicación de los recursos que se pretenden recaudar con la ley de Ingresos para el ejercicio 2022, se apliquen con sentido de honradez, eficacia y transparencia.

En rectificación de hechos, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández comentó que el dinero que se destina a los estados y, a su vez a los municipios, se hace a través de una fórmula de coordinación fiscal. Mencionó que el presidente de la República, desde que entró en funciones, eliminó el fondo que tiene que ver con los “moches”, lo cual ha generado varias inconformidades.

Por su parte, el diputado Víctor Zanella Huerta expuso que no se ha pedido que el recurso federal llegue de manera directa a las arcas del gobierno estatal, sino que desde la federación se realicen programas y proyectos en Guanajuato. “Lo hemos dicho, no queremos que nos manden el dinero a los municipios o al estado, que ellos mismo lo hagan y reflejen su amor al estado, el cual si han manifestado en Tabasco y Campeche”.

En su intervención, el congresista David Martínez Mendizábal se refirió a los principios de justicia y dijo que estaban de acuerdo con que el gasto publico debía tener un sentido social y externó que realmente se hiciera valer el principio de eficacia en el gasto con sentido social.

También se refirió a un estudio del CONEVAL donde se habla de la situación en la que se encuentra León y su incremento de personas en situación de pobreza, pasando a ser la primera ciudad en el país con más pobres. Indicó que dudaban que la estrategia estuviera dirigida a atender a los más pobres y esperaba que se empleara bien el dinero para ese sector.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Aldo Iván Márquez Becerra rectificaron hechos. Tiscareño Agoitia manifestó que tenía tres años el gobierno federal y que éste había cambiado los programas sociales que sí habían estado dando resultados, por lo que era su responsabilidad que no estuvieran permeando.

En su oportunidad Márquez Becerra habló sobre la implementación de una supuesta política social fallida en la entidad y las cifras de CONEVAL. Externó que coincidía en que la política social debía dirigirse a quienes más lo necesitan y, argumentó, que el CONEVAL emitió un comunicado de donde surgió la nota y que señala que la pobreza se estaba concentrando en ciudadanes grandes y que tienen gran parte de zona conurbada.

Asimismo, resaltó que en la media nacional la entidad se encuentra en 43.9% y que la pobreza se media de manera multifactorial.

En su intervención, el diputado David Martínez Mendizábal explicó que el problema de la pobreza no atañe sólo a las zonas metropolitanas, que la verdadera preocupación radica en saber por qué el municipio de León pasó del quinto lugar al primero a nivel nacional.

“El combate a la pobreza y la política social no está funcionando en el estado de Guanajuato, argumentemos la razón principal que es combatir la pobreza y no lo estamos haciendo adecuadamente en Guanajuato”, finalizó.

Al someterse a votación, el dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general.

Reservas

Al ser sometido a votación en lo particular las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Martha Edith Moreno Valencia, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Irma Leticia González Sánchez y Susana Bermúdez Cano; así como el diputado Cuauhtémoc Becerra González.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández se reservó el artículo 6 y sus cuatro fracciones relativo a los derechos por expedición de certificado digital y cédula de competencia laboral y ocupacional, dependiendo la competencia.

En ese sentido, consideró que al ser un servicio público para quienes buscan trabajo, el apoyo no debería ser parcia, por lo que propuso que se derogara dicho artículo con sus fracciones. Su propuesta no fue aprobada.

En una segunda intervención, Alcaraz Hernández se reservó el artículo 32 fracción I tarifa correspondiente al costo por el uso de la autopista de cuota Guanajuato- Silao y consideró que, aunque no era gravoso el precio, recordó que se había iniciado su cobro para subsanar el monto de la obra y que el costo de mantenimiento era solo el 5% de lo que se recababa, por lo que cuestionó hacia donde se destinaba el resto del recurso.

Por lo anterior, subrayó, no entendían por qué mantener ese cobro, ya que el recurso recaudado no estaba etiquetado y se iba al gasto corriente, por lo que propuso que se eliminara el costo y fuera gratuita. La reserva no fue aprobada.

El diputado Cuauhtémoc Becerra González se reservó el artículo 22, a fin de que las tarifas de fomento a la vivienda, constitución de garantía y cancelación de hipotecas, y en relación con certificaciones, cancelaciones de inscripción, caducidad, sesiones simultáneas, alerta registral y copias certificadas, se ajusten al incremento porcentual del 3.95%.

“En el grupo parlamentario de MORENA insistimos en manifestar que no es un buen momento para actualizar las tarifas como lo propone el iniciante. Las condiciones económicas por las que atraviesa la mayoría de la población guanajuatense son precarias en su inmensa mayoría, lo que ha empeorado a partir de la crisis sanitaria”, dijo.

La reserva no fue aprobada.

Por su parte, la diputada Martha Edith Moreno Valencia realizó una reserva al artículo 19, fracción VIII, donde se propuso que el cobro de las anotaciones a los libros de registro se reduzca a una sola tarifa con un incremento del 3.95%.

Moreno Valencia mencionó que las anotaciones se plantean clasificar en cuatro tipos, donde los cobros van de los $203.00, hasta los $743.00, lo que representa un incremento del 1300% en el cobro máximo, considerado desproporcionado por la situación económica por la crisis sanitaria. Su propuesta no fue aprobada.

La diputada Irma Leticia González Sánchez se reservó el artículo 19, fracciones II y VI que se refieren al asentamiento de reconocimiento en la Oficialía del Registro Civil, y por inserciones en los libros respectivos de los actos y hechos del estado civil adquiridos en el extranjero por personas mexicanas. Precisó que la propuesta era que dichas tarifas se apegaran al incremento del 3.95% aprobado por el Congreso del Estado.

“Aunque el iniciante sustenta esos incrementos desproporcionados en el supuesto costo que le representa al Estado para la prestación los servicios correspondientes, en el grupo parlamentario de MORENA consideramos que es muy alta la afectación que se causa a la ciudadanía con los tan altos incrementos, sobre todo en un contexto tan delicado por el que atraviesan la mayoría de las familias guanajuatenses”, acentuó.

La reserva no fue aprobada.

Por su parte, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia se reservó el artículo 32, último párrafo de la fracción I, correspondiente al descuento del que gozarán los residentes de Guanajuato capital para que sea de 35% con la finalidad de apoyar su economía, facilitar sus actividades fuera de la capital y tener sensibilidad ante las consecuencias que han enfrentado por la pandemia.

Su reserva fue aprobada.

La diputada Susana Bermúdez Cano propuso adicionar un sexto artículo a la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, a fin impactar los cambios normativos derivados de las modificaciones de las atribuciones en materia de expedición de licencias, permisos para conducir y la expedición de constancias de movilidad y reconocimiento en materia de tránsito.

En ese sentido, señaló que se proponía adicionar un artículo transitorio que señale que una vez que entre en vigencia las reformas, en las que se transfieren las  atribuciones en materia de  expedición de licencias,  permisos para conducir y la expedición de constancias de movilidad y reconocimiento en materia de tránsito, de la Secretarías de Gobierno a la de Seguridad Pública del Estado, y se concluya el proceso de entrega recepción, los  cobros de los derechos previstos en los artículos 24,25, y 26  de la Ley de Ingresos se entenderán conferidos a la Secretaria de Seguridad.

La reserva fue aprobada.