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Autoriza el Congreso nuevo endeudamiento estatal por 5 mil MDP

Serían destinados a inversión pública productiva
Autoriza el Congreso nuevo endeudamiento estatal por 5 mil MDP

Guanajuato, Guanajuato. En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó diversas reformas para darle sustento legal al ejercicio del presupuesto estatal para el próximo año.

Las modificaciones se realizaron a las leyes de Hacienda para el Estado de Guanajuato y de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2020; de Coordinación Fiscal del Estado; y para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.


Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2020

Con las reformas a las leyes mencionadas se trasladan las tasas de los impuestos estatales a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, conservando los porcentajes de las tasas que en su momento se contemplaban en la Ley de Ingresos, con la salvedad del porcentaje de la tasa del Impuesto sobre Nóminas.

Los impuestos estatales que se mueven son: cedulares, por prestación de servicios profesionales, por otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, por realización de actividades empresariales, y por la enajenación de bienes inmuebles; sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; de igual forma, con respecto a las contribuciones por adquisición de vehículos de motor usados, por servicios de hospedaje, sobre nóminas, sobre tenencia o usos de vehículos y venta final de bebidas alcohólicas, incorporándose además elementos que aclaran y precisan los alcances de cada una de las contribuciones descritas en dicho ordenamiento normativo.

Asimismo, se establece el porcentaje de la tasa que corresponde al Impuesto Sobre Nóminas del 2.3% al 3.0%, lo anterior con el objetivo de contar con mayores recursos para sufragar los gastos generados como parte de las acciones estratégicas que se han emprendido a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, además de generar las acciones hacia la recuperación económica ante la recesión provocada por el confinamiento y reducción de las actividades económicas y productivas realizadas en el estado.

También, se contribuye a la certeza y seguridad jurídica en la retención y entero del Impuesto sobre Nóminas cuando las personas físicas, morales y unidades económicas contraten la prestación de servicios de contribuyentes en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, y cuyo domicilio esté ubicado fuera del territorio del Estado, para que pongan a su disposición trabajadores, siempre que el servicio personal se preste en el territorio de esta entidad federativa.

De igual forma, se contempla la figura de «permuta», respecto del impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles; así como el ejercicio para dar a conocer las tarifas que corresponden al peaje por el uso de las carreteras y estatales de cuota; y se regulan las operaciones de comercio electrónico realizadas a través de plataformas tecnológicas.

Además, se hace de conocimiento del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) de que aquellas personas físicas, morales y unidades económicas que hayan contratado la prestación de servicios de contribuyentes, que tengan su domicilio fiscal dentro del Estado y se encuentren inscrito ante el Registro Estatal de Contribuyentes, que podrán no retener el impuesto sobre nóminas previa solicitud por escrito del prestador de servicios en la que manifieste que enterará la contribución por cuenta propia, y así la autoridad esté enterada de la mecánica acordada para retener y enterar.

Cabe destacar que con las reformas mencionadas se permiten generar y darle soporte jurídico a los diversos tributos que vienen a fortalecer dicho esquema de política fiscal en armonización con la Constitución Política Local.

Al someter a votación el dictamen en lo particular, la diputada María Magdalena Rosales Cruz se reservó el artículo 10, a fin de que el Impuesto Sobre Nóminas se mantenga en los términos vigentes, es decir en un 2.3 por ciento.

“En el Grupo Parlamentario de Morena nos manifestamos en contra de esa propuesta, pues en congruencia con nuestros principios, el aumento de la recaudación debería comenzar siempre por el combate a la evasión fiscal y a la corrupción, así como por la adopción de verdaderas políticas de austeridad, elementos que no ha implementado el Gobierno del Estado, pues sólo considera como mecanismos de recaudación el aumento de los impuestos y el endeudamiento”, dijo.

Al hablar en contra de la propuesta, el diputado Miguel Ángel Salim Alle señaló que el Impuesto Sobre Nóminas es 100 por ciento deducible del Impuesto Sobre la Renta, el cual es recaudado por la federación, por lo que ahora el recurso que se obtenga se quedará en la entidad. Asimismo, acentuó que el nuevo cobro del impuesto se aplicará a partir de enero del 2022.

La reserva no fue aprobada.

Por su parte, el diputado José Huerta Aboytes se reservó el artículo 10 y el artículo segundo transitorio. Refirió que el aumento al Impuesto Sobre Nóminas al 3% es contradictorio, pues es mejor que los contribuyentes ejerzan los recursos para activar la economía y regrese al mercado.

Respecto al artículo segundo transitorio, comentó que no es necesario heredar impuestos, pues las circunstancias financieras y técnico-jurídicas variarán en la siguiente Legislatura, por lo que quienes entren puedan legislar en su momento.

En este sentido, propuso que las disposiciones de los artículos 37-A y 37-B contenidas en el decreto entrarán en vigor el 1 de abril de 2021, periodo en el cual el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) deberá emitir las disposiciones de carácter general acorde a lo establecido en el artículo 37-B y realizar las adecuaciones de tipo operativo. La reserva no fue aprobada.


Ley de Coordinación Fiscal del Estado

Con las modificaciones a la legislación en referencia, se establece que los municipios recibirán mensualmente los anticipos del Fondo de Fiscalización y Recaudación en el Estado; y adicionalmente, recibirán en forma trimestral las diferencias que se determinen, así como el ajuste anual del ejercicio fiscal que corresponda.


Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Finalmente, sobre las reformas a la Ley referida, se contempla que los sujetos de la legislación por conducto de la Secretaría, la Tesorería o el Órgano de Administración según corresponda, deberán emitir los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que aplicarán los mismos.

Autorización para la contratación de un crédito

En otro punto del orden del día, las diputadas y los diputados autorizaron al Ejecutivo del Estado para que, directamente o por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración realice el proceso competitivo para la gestión y contratación de financiamientos con instituciones financieras que operen en territorio nacional, hasta por la cantidad de 5 mil millones de pesos, para destinarlos al financiamiento de proyectos de inversión pública productiva.

Los recursos monetarios que se obtengan de los financiamientos se destinarán precisa y exclusivamente a proyectos de inversión pública productiva de la siguiente manera

Rubros

Montos

  • Programa de infraestructura y equipamiento educativo

$660’000,000.00

  • Infraestructura social, sostenible y para el desarrollo regional

$1,000’000,000.00

  • Programa de infraestructura de conectividad terrestre y movilidad

$1,840’000,000.00

  • Fortalecimiento del sistema de salud pública

$300’000,000.00

  • Fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica
  •  

$1,200’000,000.00

Total

$5,000’000,000.00

 

Cabe precisar que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, podrá efectuar movimientos compensados entre los montos que se consignan dentro de los rubros anteriores, sin que se rebase la cantidad total autorizada. Además, el pago del financiamiento se realizará a través del esquema jurídico y financiero que se elija y en un plazo que no excederá de 20 años, contados a partir de la primera disposición.

Al hablar en contra del dictamen, el diputado Raúl Márquez Albo señaló que con base al informe público de las finanzas del tercer trimestre del presente año, se detecta que en el ejercicio de recursos de libre disposición del gobierno estatal hay remanentes que permiten fondear alguno de los proyectos de presupuesto de egreso del 2021, por lo que no es necesario adquirir un mayor endeudamiento.

“El día de hoy se pretende aprobar una deuda pública de 5 mil  millones de pesos adicionales, lo que implica que los ciudadanos guanajuatenses estaremos pagando al final del periodo a contratar, un 80% más de lo adquirido. Esto es que estaríamos pagando los ciudadanos guanajuatenses 9 mil millones de pesos. Se estarían pagando al final del contrato, tan sólo 4 mil millones de pesos en intereses de esta nueva deuda. Sin embargo, existen alternativas basadas en la austeridad y racionalidad republicana para evitar el endeudamiento constante que el gobierno estatal ha adquirido”, subrayó.

Indicó que existen dos alternativas para evitar el endeudamiento, ya sea la reducción de un 10% en los recursos de libre disposición, o bien, la reasignación de los recursos remanentes que no están contemplados en la proyección de ingresos del ejercicio fiscal 2021.

En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos explicó las implicaciones de los ingresos de libre disposición. Mencionó que dicho concepto no permite que se manejen de forma arbitraria los recursos, sino que se cuente con una cantidad que de soporte a los rubros que lo requieran.

El diputado Raúl Márquez Albo comentó que los recursos que podrían someterse a una disminución porcentual son los aplicados de manera discrecional. De igual forma, expuso que existe un subejercicio que tiene recursos no ejercidos por el Ejecutivo estatal y que podrían servir para atender la situación económica por la que atraviesa el estado.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos reiteró que los ingresos de libre disposición no se encuentran a disposición del Ejecutivo estatal, sino que son recursos no etiquetados que pueden atender los rubros que lo necesiten, como lo es salud, seguridad, educación, etc.

Por su parte, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera habló a favor del dictamen. Precisó que como se pudo advertir en el análisis del paquete fiscal estatal, la Ley de Ingresos del Estado que estará vigente para el ejercicio fiscal 2021, respecto al presente año y sin contar la solicitud de crédito, presentaría una disminución significativa de recursos, lo cual rompería con el crecimiento constante que ha caracterizado a la entidad año con año.

“Una vez que se recibió la solicitud del Ejecutivo, nos dimos a la tarea de analizar la propuesta de manera responsable, a efecto de tomar la mejor decisión técnica, jurídica y financiera. Por ello, valoramos las calificaciones crediticias del Estado, advirtiendo que, desde 2019, se mantiene el grado más alto de calificación al que puede aspirar una entidad federativa en escala nacional; siendo que, Fitch Ratings, en cuanto a su perfil crediticio independiente, para 2020, posiciona a Guanajuato con un perfil superior al soberano”, acentuó.

El legislador destacó que dentro del dictamen en mención se incorpora la necesidad de que la contratación de los financiamientos debe hacerse bajo las mejores condiciones de mercado, por lo que es recomendable que pueda contratar a través del mecanismo de subasta electrónica inversa.

Además de que el Poder Ejecutivo del Estado deberá informar en un apartado especial de los informes financieros trimestrales y de la cuenta pública anual sobre el avance físico y financiero de las obras y acciones a ejecutar con los recursos de los financiamientos materia de la presente autorización; y se deberán restringir las partidas de gasto corriente, a fin de que se cubran sin contratiempos los compromisos que se adquieran con la contratación de los financiamientos.

En rectificación de hechos, el diputado Ernesto Prieto Gallardo expuso que existen remanentes que pueden utilizarse para evitar la adquisición de una deuda. Además, señaló que el verdadero motivo del gobierno estatal para solicitar los 5 mil millones de pesos es tener recursos que les ayude en el próximo proceso electoral. “Nosotros realmente conocemos lo que está sucediendo. El afán es fortalecer las finanzas del gobierno panista con miras a la contienda electoral en la que ya nos encontramos, por cierto, y que va a comenzar la campaña en el mes de abril. Esa es la verdadera razón, no nos hagamos”.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos acentuó las disminuciones en las aportaciones federales que recibe el gobierno estatal de Guanajuato. En este sentido, comentó que la actual administración federal ha “castigado” a la entidad con menores recursos, lo cual trae complicaciones para mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses, de ahí dijo, la relevancia de autorizar la contratación de un crédito.

Por su parte, el diputado Jaime Hernández Centeno consideró que la austeridad republicana no es más que una simulación, pues dijo, no se han hecho públicas las comprobaciones de los recursos obtenidos de la disminución del sueldo de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Asimismo, pidió a sus homólogos que hagan públicas las presuntas pruebas que tienen en contra del gobierno estatal por el mal manejo de recursos públicos.

El legislador Ernesto Prieto Gallardo refirió que al inicio de la LXIV legislatura, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena decidieron no ganar más que el presidente de la República. En este sentido, hizo un llamado a sus homólogos para que se sumen a dicha medida.

En rectificación de hechos, el diputado Raúl Márquez Albo reiteró que al término del presente ejercicio fiscal se tendrá un remanente de 5 mil millones de pesos, por lo que el endeudamiento podría evitarse. “Estamos de acuerdo con los proyectos y apoyamos que se invierta en Guanajuato, pero en lo que si no estamos de acuerdo es en cómo se pretende gastar, pues el gobierno estatal no se está apretando el cinturón, debería evitar gastos innecesarios”.