miércoles. 28.09.2022
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ASESINAN A 195 MUJERES GUANAJUATENSES EN 1ER SEMESTRE DEL 2022

Debaten legisladores por Alerta de Violencia de Género en Guanajuato

La federación solicitó aplicar el mecanismo en la entidad
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Debaten legisladores por Alerta de Violencia de Género en Guanajuato
Debaten legisladores por Alerta de Violencia de Género en Guanajuato

Guanajuato, Gto. En el primer semestre de 2022, los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato señalan que 195 mujeres habían sido asesinadas en la entidad, un 27.4 por ciento más en relación con el mismo periodo de 2021.

Si bien sólo cinco casos eran considerados oficialmente como feminicidios, los números colocaron a Guanajuato como segundo lugar nacional en casos de violencia hacia las mujeres y el quinto en términos de asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes.

En lo relacionado con las violaciones sexuales a mujeres, la entidad registró 898 denuncias en 2021, un 50 por ciento más respecto a 2020. Estos números llevaron a ser uno de los estados con mayor índice de violencia sexual en el país.

Lo anterior llevó a que en abril pasado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), considerara necesaria establecer la Alerta por Violencia de Género en Guanajuato.

Esta postura fue asumida ese mismo mes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al solicitar a los poderes guanajuatenses declarar la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida (AVGM), basada en la situación por los feminicidios y también por la crisis de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Guanajuato.

La CNDH destacó que de 2012 a 2015, en Guanajuato fueron asesinadas mil 895 mujeres. Esto equivale al 8por cientos de los asesinatos de mujeres en el país en ese lapso. De esa cifra, 140 casos fueron clasificados como feminicidios.

Derivado de lo anterior, en mayo de este año, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, para proponer que en el mecanismo de Alerta de Género se establezcan las condiciones que permitan su ejecución, estableciendo formas de seguimiento y de evaluación respecto a las acciones preventivas de seguridad y justicia.

El tema es analizado y consultado en mesas de trabajo por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado.

Un tema debatido por años

La Alerta de Género es un mecanismo que busca establecer medidas inmediatas y urgentes para atender la problemática de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, con el fin de que, de manera progresiva, se elaboren los protocolos de actuación, se implementen recursos y se capacite a las y los servidores públicos que intervengan en su aplicación, para frenarla y erradicarla.

Dado que Guanajuato es una de las entidades donde más se registran los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, en 2009, 2013 y 2014, diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron esa medida. La primera vez para dar voz al Centro Las Libres en Educación Sexual y Reproductiva y el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, y las dos siguientes por Las Libres. Este mecanismo se ha repetido en la pasada y presente legislatura, pero ahora por parte de Morena. 

Martha Edith Moreno Valencia, diputada morenista, presentó el 5 de mayo un punto de acuerdo, de obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Gobierno, para que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, decretara la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Guanajuato, solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La legisladora argumentó que desde 2020, una de cada diez muertes violentas de mujeres en el país se comete en el estado de Guanajuato; asimismo, indicó que, durante los últimos dos años, más de una mujer ha sido asesinada por día de forma violenta.

Enumeró que de enero a diciembre de 2021 se reportaron 34 feminicidios y 344 homicidios dolosos de mujeres por lo que, argumentó, Guanajuato se posiciona en primer lugar como la entidad con más casos registrados.

La diputada panista Noemí Márquez Márquez pidió antes agotar todas las etapas del proceso de solicitud: admisión de la solicitud de alerta de violencia de género, la conformación del grupo de trabajo para atender dicha solicitud, la investigación del grupo de trabajo, la dictaminación y la Declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación. En votación, la propuesta se rechazó y archivó.

EL GPMorena no cejó y el 26 de mayo, la misma Edith Moreno Valencia y el diputado David Martínez Mendizábal, integrantes del GPMORENA, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, para proponer que en el mecanismo de Alerta de Género se establezcan las condiciones que permitan su ejecución, estableciendo formas de seguimiento y de evaluación respecto a las acciones preventivas de seguridad y justicia.

Enumeraron los casos de violencia contra las mujeres en la entidad y aludieron a las recomendaciones federales. La iniciativa fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.

Mesas de trabajo

Convocada por la Comisión para la Igualdad de Género, este martes se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la propuesta de Morena.

La asesoría de ese partido recalcó que la finalidad dela iniciativa es que en el mecanismo de Alerta de Género se establezcan las condiciones que permitan su ejecución, estableciendo formas de seguimiento y de evaluación respecto a las acciones preventivas de seguridad y justicia.

Para Bernardina Elizabeth Durán Isaís, directora general jurídica de la Fiscalía General del Estado, la reforma en los términos planteados sería inoperante porque el fundamento de la solicitud, del procedimiento y declaratoria se remite a una ley local cuando se lleva a cabo por una autoridad federal.

Alberto Estrella Ortega, representante de la Procuraduría de Derechos Humanos afirmó que la iniciativa era análoga al Decreto publicado en la federación, en materia de alerta de género contra las mujeres. Consideró adecuada la propuesta, pero destacó que hay regulaciones para autoridades federales que no corresponden a la competencia legislativa local.

La diputada panista Katya Cristina Soto Escamilla también consideró que el Congreso local no tenía facultades para establecer obligaciones fijadas por las autoridades federales. Propuso que se llevara a cabo una mesa de trabajo interna para analizar todos los comentarios expuestos ya que, dijo, estaban a favor de las mujeres y de construir un entorno seguro, pero se tendría que revisar de fondo para identificar los artículos que inciden en la competencia federal.

La priista Yulma Rocha Aguilar coincidió en que la propuesta implicaba que se invidiaralolocal con elementos federales, pero calificó la propuesta como presentada en momento adecuado debido a los niveles de violencia que afectan a las guanajuatenses y aseveró que esto “es una oportunidad para sacar de su zona de confort a las autoridades y establecer mecanismos para que la violencia feminicida pare”.

Propuso fortalecer el glosario con algunos términos, ampliar el concepto de violencia feminicida, perfeccionar el artículo relativo a garantizar los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, mencionar lo que es la alerta de género, entre otros, para reforzar la normatividad local.

Participaron en los trabajos de la mesa las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Katya Cristina Soto Escamilla; así como el diputado David Martínez Mendizábal. Además, asistieron funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado y asesores de los distintos grupos parlamentarios.

La presión nacional por establecerla alerta por violencia de género en Guanajuato persiste. EL GPPAN tiene el reto: rechazar la propuesta morenista o darle curso sin que se considere una derrota política en el parlamento estatal.

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