De seguridad

La nota roja, impredecible siempre, hizo que, justo al término de un fin de semana por demás violento, con ejecuciones por día en León, quedara instalado el Consejo Estatal de Seguridad “con el fin de que la gente pueda salir a la calle, a la escuela y a las festividades tranquilamente”, según el parecer del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez.

Así que, ni modo, a la violencia y la impunidad de los criminales ofrecimos un acto protocolario, con la participación de la Procuraduría de Justicia del estado; la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, el Ejército, el Poder Judicial y hasta el Cisen…

El gobernador Márquez, en su calidad de presidente del Consejo, aseguró que mantener el orden y la paz es una de las prioridades de su gobierno. Dijo que los ciudadanos piden tres cosas: empleo, seguridad y un Guanajuato educado. La tercera quién sabe, pero las dos primeras, empleo y seguridad, están en todas las encuestas habidas y por haber.

En la consabida danza de los millones en los actos oficiales, el gobernador Márquez informó ahí que este año su gobierno invierte en el estado 681 millones de pesos en obras y acciones en procuración de justicia en los 46 municipios.

La buena nueva es que Miguel Márquez ordenó el cierre definitivo de las cárceles municipales, dijo, a recomendación de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, que tenía años en los archivos. El fin de semana se habrían cerrado los últimos seis de esos reclusorios que aún funcionaban en el estado, con el traslado respectivo de ciento once presos a distintos centros de readaptación social.

Las cárceles municipales que cerraron fueron las de Cortazar, Juventino Rosas, Uriangato, Moroleón, San Luis de la Paz y San José Iturbide. Guanajuato sería así el quinto estado en cerrar esas prisiones. Los otros cuatro son Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa.

Efectivamente, la medida se había pospuesto durante años, con todo tipo de pretextos; si bien los centros de readaptación de eso sólo tienen el nombre, las condiciones de los reos en las cárceles municipales son, simplemente, indignas. Insalubres, para comenzar.

Ahora nada más resta confirmar que el equipo de abogados del gobernador haya previsto la cascada de amparos que se les viene encima, por el traslado de los reos. Cosa de aguardar un poco.

En más de asuntos que tienen que ver con la seguridad, alguien debe ayudar ya -así sea por compasión- con su discurso al director de la Policía Municipal de León, Francisco Aguilera Candelas. Después del fin de semana de ejecuciones en la ciudad, salió a hacer un pronóstico: que agosto será un mes “atípico” en cuanto al número de homicidios por encima de la media.

Dijo más: que los restos humanos encontrados dentro de una bolsa son una situación “atípica” y que la ciudadanía debe estar tranquila. ¿Es en serio? Porque como broma, la expresión es de muy mal gusto.

Para Aguilera Candelas, fue una de esas ocasiones en que perdió una maravillosa oportunidad de quedarse callado. En fin.

La nueva de Ling

Ahora le tocaron al director de Desarrollo Urbano del municipio, Óscar Pons González, los escopetazos semanales del dirigente local del PAN, Alfredo Ling Altamirano. Ling acusa a Pons de no contar con las cartas credenciales suficientes para desempeñar el cargo en el que despacha.

En la versión de Ling, Óscar Pons se ostenta como ingeniero, sin contar con la cédula profesional correspondiente y no aparecer en el registro de profesiones de la SEP.

A más de censurar la falta de certificaciones del funcionario, Ling habló de 54 empresas que, dijo, se han acercado al PAN para buscar asesoría contra la regularización que dispuso Desarrollo Urbano, en un movimiento que llamarán “Salvemos tu empresa”.

Ling, experto en leyes de acceso a la información, docto en periodismo y comunicación y agudo asesor financiero, a juzgar por sus más recientes nóminas, en el Consejo del Iacip, la Universidad de La Salle y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, acusa de “incongruente” a Óscar Pons González. ¿Cómo iba aquella canción de Cri-Cri?

Los senadores con la CNTE

Antes que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los alcance, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, quienes siguen con sus movilizaciones en la ciudad de México, se sentaron a platicar con una representación del Senado de la República.

Por los senadores, asistieron el jefe de la Junta de Coordinación Política y de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón; los coordinadores de las fracciones del PRD, Miguel Barbosa, y del PAN, Jorge Luis Preciado. También llegaron el ahora petista Manuel Bartlett y la perredista Dolores Padierna, quien no se iba a perder una de esas.

Los senadores habrían escuchado las objeciones de los profesores a las leyes reglamentarias de la reforma educativa recién aprobada.

Mientras esas comisiones tomaban café, otros profes seguían las movilizaciones: se fueron hasta las puertas de la embajada de Estados Unidos, lo que provocó el cierre del paseo de la Reforma. Nada más. Hicieron lo mismo frente a las embajadas de Francia y España. Su idea era entregar a esas representaciones un documento con sus observaciones a la reforma educativa.

En Twitter, a lo largo del día, circuló una versión que indicaba que, de no recibir respuestas satisfactorias, con tope a las seis de la tarde, los profesores irían a tomar Televisa. Ups.

La Jaula

Ahora fue una pool party, sin permisos ni seguridad, la que cancelaron los inspectores de Protección Civil del municipio, así que parece que va en serio la advertencia de la administración de no permitir fiestas, reuniones o bailes y conciertos con cobros por acceso o venta de bebidas alcohólicas sin que hayan corrido el trámite de autorización.

Aquí el punto es que está tan extendida esa costumbre en la ciudad, que el número de inspectores y su capacidad de detección y movilización serán siempre muy limitados, en relación con el universo de convocatorias; nada mal vendría una campaña de información dirigida a inhibir la asistencia para acompañar los esfuerzos coercitivos del personal de Fiscalización.

Según informa el gobierno municipal, en la pool party, sobre la carretera León-Silao en el kilómetro 7 de la colonia San Carlos, había unas 200 personas. Ya era casi medianoche cuando se suspendió el festejo. El otro reto para los inspectores es el criterio, porque no tardan en intervenir en una fiesta que, efectivamente, sea privada. Al tiempo.

Comentarios y quejas: [email protected] y @FPacomares.