Aquí no hay novedad. Al corte del lunes, Guanajuato sigue a la cabeza de los estados con el mayor número de personas asesinadas en el país. Ya acaba noviembre. Le siguen Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Concentran el 50% de estos crímenes: 14 mil 065 casos.

La ciudad de León decora el 'top-5' de los municipios más violentos de México.

La ONU, que nos visita, exhuma los números rojos de las víctimas de desaparición forzada, que la autoridad prefiere sepultados en la clandestinidad.

Y voces informadas alertan del infierno que ocultan las cárceles de Guanajuato.

Mientras, el gobierno federal y el del estado se aferran a que la acometida de la delincuencia va a la baja.

Aquí advertimos que a mitad del sexenio, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador decidió predicar que la criminalidad cae mes a mes; el estatal de Diego Rodríguez hace lo propio.

En ese coro, la secretaria federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo en 'la mañanera' de abrir semana que el homicidio doloso en México cayó 3.9% en 10 meses, en relación con el número de víctimas en el mismo periodo del año anterior.

Como sea, seis estados concentran el 50% de las víctimas mortales de los delincuentes: Guanajuato -siempre Guanajuato-, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

Que bueno, sí, pero que en los 50 municipios con la mayor incidencia hubo una disminución del 2.2%, en el mismo lapso y categoría de comparación.

Tan bien va todo esto que son menos los delitos financieros, fiscales, de delincuencia organizada, patrimoniales, contra la salud y relacionados con armas de fuego y explosivos. En cambio, están al alza el tráfico de personas ¡199.8%!, los delitos electorales, 19.9%, y los delitos cometidos por servidores públicos, en 6.8% -a'i les hablan...

En la visión idílica del gobierno federal, hasta los feminicidios disminuyeron en 14.8% en octubre -así que octubre de 2021 sería el mes con menos feminicidios en lo que va de la administración de AMLO -'informa' doña Rosa Isela.

Aquí el gobierno federal de Morena, convenientemente, obvia sus propias acusaciones de manipulación de la estadística en las fiscalías estatales -como en la de Guanajuato, por ejemplo-, en las que cada una clasifica el asesinato a mujeres como mejor le viene. Peor, todavía, porque la sumatoria se reduce al número de carpetas de investigación abiertas que reportan los estados.

En la misma mañanera dieron cuenta de los cinco municipios más violentos en México: Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; León, Guanajuato; Cajeme, Sonora, y Fresnillo, Zacatecas -estado que estos días obsequió al mundo la imagen de diez cuerpos humanos colgados de un puente vehicular.

Aquí sí, el equipo del inquilino de Palacio Nacional reconoce que 22 municipios de los 50 con mayor incidencia delictiva registran un aumento del 32.8% en promedio. La violencia, entonces, como la política, es local.

En León, la retórica se agota rápidamente a la nueva alcaldesa, la panista Alejandra Gutiérrez -por más que se esmere en encapsular la atención pública, en sus 'selfies' de oficios y pasatiempos-: asoma de nuevo la vocación represora de sus gendarmes -como en el arresto arbitrario a un reportero- y se develan las acciones irresponsables que envuelven la necedad de convertir a los agentes viales en policías municipales.

El caos

Así nos encuentra el Comité contra la desaparición forzada de la ONU que visita Guanajuato, donde los colectivos de búsqueda acusan que la indolencia de las autoridades alienta que el fenómeno se generalice, en número y territorio, en la entidad.

Infortunadamente la reunión del Comité con integrantes de 14 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en la que estos insistieron en que se mantenga, se extienda y sea más enérgica la mirada de los organismos internacionales al desempeño de las autoridades locales, ocurrió en privado -una contradicción absurda, digan lo que digan.

La Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato, informó de 2 mil 619 personas desaparecidas en el estado, una tragedia que crece en la misma proporción en que disminuyen los esfuerzos oficiales de búsqueda de las víctimas. La Comisión estatal, desde su creación el año pasado, habría recuperado 230 cuerpos de personas y 129 bolsas con restos óseos, en apenas 13 municipios.

Los enviados de la ONU confirmarían que la difusión de los casos de desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas es reciente en la entidad. Como antes lo han hecho, los colectivos alzan la voz para denunciar que esos hechos son 'invisibilizados' por las autoridades, omisas y negligentes -transcurrieron años de gritos a oídos sordos, antes de que la fiscalía de Carlos Zamarripa, a regañadientes, aceptara que ello ocurre en Guanajuato.

Los colectivos difundieron en comunicado que: “La Fiscalía no ha dado respuesta efectiva, omitiendo realizar acciones de búsqueda inmediata, sin brindar información completa respecto de hallazgos en sitios localizados desde hace meses”, a lo que agregan “la entrega deficiente, poco digna y tardía e incluso incompleta de cuerpos y restos óseos identificados” -más claro, difícilmente.

Sus integrantes han pagado muy caro su iniciativa: el asesinato de tres personas buscadoras, familias desplazadas...

Para donde uno mire, hay alarma. El consultor David Saucedo alerta desde 'Milenio' sobre la verdad oculta en las cárceles de Guanajuato -identificadas todavía con el eufemismo arcaico de “Centros de Reinserción -antes, de 'Readaptación'- Social”.

Ahí conviven la sobrepoblación, que trae hacinamiento y lleva al 'autogobierno'. La operación criminal -a partir de la disponibilidad de telefonía y herramientas digitales- desde los reclusorios de Celaya o Valle de Santiago, mientras persiste la guerra entre los cárteles 'Jalisco Nueva Generación' y 'Santa Rosa de Lima', sería una realidad cruda y trágica.

La Paz de los Penales es una esquina que el secretario de Seguridad estatal, Alvar Cabeza de Vaca, se ha empeñado en defender públicamente -si usted, así sea por curiosidad morbosa, asoma alguna vez a un Informe de Gobierno, descubrirá que son el paraíso de la seguridad, el orden y las acciones positivas.

Los visitadores de la ONU comenzaron sus encuentros, de manera acertada, con los colectivos de buscadoras, y continuarían con la escucha de la versión oficial, en la que conocerían números y números y premios que 'reconocen' el trabajo de la secretaría de Seguridad y de la Fiscalía estatales -aunque no tendrían que hacer mucho caso de ellos.

Dejamos el análisis a los enterados, pero las autoridades mexicanas, federales o estatales, son en extremo sensibles a la prensa y a los gobiernos extranjeros. Que la ONU se ocupe de conocer de manera directa el fenómeno de los desaparecidos en Guanajuato, acarrea una nueva oportunidad para que la autoridad se aplique en el combate al delito, deje de lado las evasivas y acompañe -difícilmente va a liderar- la tarea de las buscadoras. A ver.

(A) La Jaula
Niños a salvo

El gobierno de Guanajuato presentó el 'Cuerpo Especializado de Seguridad', CES, de la Procuraduría Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes. El gober Diego Rodríguez dijo que se especializa en prevenir e investigar las afectaciones a los derechos de los menores. Están ahí profesionales en derecho, criminología, psicología, psicopedagogía, sociología y seguridad pública. Son 24 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública, calificados. En el mismo acto, la Procuradora de las Niñas, Niños y Adolescentes, Teresa Palomino, informó que durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 el maltrato infantil atendido se incrementó en 120%. Alrededor de 300 casos de violencia en su familia. No todos casos graves, al menos. Se concentran en León, Irapuato y Celaya. El estado tutela a 98 menores cuyos derechos fueron vulnerados por sus familiares. Parece poco el nuevo CES, pero es algo.

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