Guanajuato, Gto. Convocada por la Comisión de Justicia se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma al Código Penal en materia de terapias de conversión sexual.

La primera, busca sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género.

Además, se plantea considerar como delito las terapias de conversión sexual, sancionándolas con prisión, multa e inhabilitación; e imponer de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos cincuenta días de multa, y la inhabilitación de su ejercicio profesional por el mismo tiempo.

La segunda, con la finalidad de combatir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), también llamados terapias de conversión, desde un enfoque de prevención y sanción. Ésta propone incorporar el tipo penal denominado Delitos Contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, el cual contemple la imposición de una sanción de dos a seis años de prisión y multa de 1 mil a 2 mil UMAs a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Asimismo, prevé un agravante en caso de que la víctima sea menor de edad o de que quien comete el delito tenga una relación de superioridad jerárquica, emplee violencia o se valga de la función pública.

Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica comentó que la ubicación en el título tercero de los delitos contra la libertad sexual genera una falta de claridad. También, se advierte que no marca pautas de diferenciación para aquellos casos en que el resultado de la conducta ocasiona lesiones que, por su gravedad, deben sancionarse con una punibilidad mayor a la que se contempla para ese delito.

Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano señaló que todas las opiniones coinciden en los mismos puntos como torales, relativo a la proporcionalidad de la pena y algunos conceptos, por lo que pidió que se atiendan las observaciones. A su comentario se sumó la congresista María Eugenia García Oliveros, quien precisó que la Fiscalía General hizo buenas propuestas que habría que considerar.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez. Además, las acompañaron María Magdalena Acevedo Aguilar y Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica y personas asesoras parlamentarias.