Guanajuato, Gto. En la jornada de este martes, fueron aprobados el dictamen de iniciativa relacionada con la alerta de violencia de género y otro que derogó dos párrafos del Código Penal referente a la justicia para adolescentes.

También, en mesas de trabajo, analizaron una iniciativa sobre violencia obstétrica y fue aprobada la metodología para la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y al Código Civil estatal. En este rubro aprobaron la participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil

Dictaminan para la regulación de la alerta de género

La Comisión para la Igualdad de Género aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, que tiene el objeto de armonizar y regular, el mecanismo de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres en la legislación estatal.

La iniciativa busca generar un marco jurídico que garantice de manera plena los derechos humanos, así como el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas guanajuatenses y obedece a la armonización con las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales indican que la autoridad encargada de declarar la Alerta de Violencia de Género es la Secretaría de Gobernación, que deberá notificar a los estados o municipios, quienes deberán realizar las acciones necesarias para implementar las medidas establecidas del mecanismo mencionado.

La reforma incorpora en el marco normativo conceptos que no se contemplaban en las leyes locales favorables para erradicar la violencia contra las mujeres, y suma a los principios que deben observar las autoridades en el diseño y elaboración de políticas públicas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

La diputada Martha Guadalupe Hernández Camarena solicitó cambios en la redacción del artículo 6; el primero de ellos para modificar el término recursos presupuestales por acciones, para abarcar tanto las presupuestales como administrativas; así como la parte que enuncia autoridades del estado de Guanajuato y de los municipios, dejando la redacción como autoridades del estado de Guanajuato o de los municipios, con el objetivo de atender mejor lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Finalmente, en la parte que dice: el estado de Guanajuato deberá asignar los recursos presupuestales necesarios y suficientes para hacer frente a la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres, para que diga: el estado de Guanajuato deberá instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias y suficientes para hacer frente a la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres. La propuesta fue aprobada.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Yulma Rocha Aguilar (presidenta), Katya Cristina Soto Escamilla, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Noemí Márquez Márquez y Martha Edith Moreno Valencia.

Aprueban dictamen en materia de justicia para adolescentes

La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal mediante el cual se derogan párrafos en materia de justicia para adolescentes y avaló el dictamen para archivar de la propuesta para reformar la misma norma jurídica que tenía como finalidad armonizarla con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por la que se dejaban sin materia los delitos electorales y de violencia política contra las mujeres por razón de género, al considerar que no resultaba procedente.

En la sesión se radicaron dos iniciativas de reforma al anteriormente citado Código; una para incrementar la pena tratándose de encubrimiento de los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas, violación, violencia familiar o feminicidio; y la otra, para aumentar el castigo por la comisión de los delitos en contra de la libertad sexual, específicamente los cometidos en contra de menores de edad o personas incapaces.

De igual manera, revisaron dos iniciativas de reforma al Código Penal. La primera con el objetivo de impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y apoyar a las víctimas de este delito; la segunda, pretende que la población tenga acceso a servicios en materia de agua y otorgar certeza jurídica a los actos que realicen las autoridades locales en la provisión de servicios públicos en la materia.

Estuvieron presentes la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta); así como los diputados Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Cuauhtémoc Becerra González y Bricio Balderas Álvarez. Además, participaron representantes Elizabeth Durán Isaís de la Fiscalía General y de la Coordinación General Jurídica, Vicente Vázquez Bustos y Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco.

Analizan iniciativa sobre violencia obstétrica

La Comisión para la Igualdad de Género llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia obstétrica.

Durante el análisis de la propuesta, las diputadas panistas Katya Cristina Soto Escamilla, Noemí Márquez Márquez y Martha Guadalupe Hernández Camarena señalaron que el concepto de violencia obstétrica, ya se encuentra atendido en la norma en la entidad y es innecesario estabelcerlo de manera directa.

La priista Yulma Rocha Aguilar indicó que la iniciativa tiene un fondo más allá de la negligencia médica. Precisó que es necesario que se complemente el concepto para que se le garantice a la mujer el derecho a decidir y su autonomía. Refirió que la propuesta sigue la misma línea que la presentada ante el Senado, la cual busca una reconfiguración más adecuada y certera del concepto de violencia obstétrica. Puso como ejemplo que existe en otras entidades.

La morenista Martha Edith Moreno Valencia coincidió con su antecesora y agregó que era importante complementar en la legislación local la violencia obstétrica porque existen altos porcentajes de mujeres que la sufren en una de sus etapas más vulnerables y ha sido poco visibilizada. Aseveró que la capacidad de decidir con libertad de las mujeres es uno de los derechos mayormente vulnerados al momento de recibir atención obstétrica, de ahí la importancia de la propuesta.

Además de las diputadas citadas, participaron en la reunión representantes de la Fiscalía General, la Secretaría de Salud, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto de la Mujer Guanajuatense, la Coordinación General Jurídica y el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso.

La guerra sorda en derechos humanos

Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobaron la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y al Código Civil estatal.

La sesión fue breve y concisa y aprobaron también que en la correspondiente consulta participen organizaciones de la sociedad civil y especialistas. En ese punto hay una guerra sorda entre panistas y morenistas: la reticencia a que participen agrupaciones e investigadores que los azules consideran cercanos a la 4T.

La propuesta plantea incorporar la atribución de los ayuntamientos para establecer procuradurías auxiliares, para garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones generales, constitucionales e internacionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

La idea original de los azules era remitir la propuesta, para su estudio, al Supremo Tribunal de Justicia, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Coordinación General Jurídica y a los 46 ayuntamientos, quienes tendrán 10 días hábiles para remitir sus comentarios.

El morenista David Martínez Mendizábal intervino y propuso abrir la consulta a organismos de la sociedad civil que están especializados en los trabajos de la infancia, ya que en la mecánica se describen los organismos de gobierno a los que se va a solicitar la opinión, pero la consulta ciudadana se abre de manera dispersa, por lo que pidió que se invite explícitamente a dichos organismos.

Las panistas Laura Cristina Márquez Alcalá y Janet Melanie Murillo Chávez lo avalaron. El congreso difundió que “se habilitará una liga para consulta y participación ciudadana, a través del portal del Congreso, por el mismo periodo”.

El asunto se pondrá interesante, pues el panismo mayoritario suele convocar a personas y organizaciones afines cuando de consultas con la sociedad y especialistas se trata. El Movimiento de Regeneración Nacional ahora tiene la oportunidad de traer voces críticas, aunque eso pone en guardia a su contraparte panista.

Una de las manzanas de discordia es el especialista Fernando Gáal Rodríguez, carta fuerte de Martínez Mendizábal, reconocido especialista en asuntos de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes. Su “pero”: es parte de la nómina de la Secretaría de Gobernación. Habrá que esperar el correspondiente listado de invitados a la fiesta.

En la reunión participaron las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta de las Comisiones Unidas), Katya Cristina Soto Escamilla, Janet Melanie Murillo Chávez, Briseida Anabel Magdaleno González; así como los diputados David Martínez Mendizábal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Bricio Balderas Álvarez y Cuauhtémoc Becerra González. Además, los acompañó el legislador José Alfonso Borja Pimentel.