Guanajuato, Gto. Para impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y apoyar a las víctimas de este delito, la Comisión de Justicia aprobó dos dictámenes de reforma al Código Penal. 

Plantearon la adición de aspectos sobre la reparación del daño para los entes de gobierno y compradores de fracciones de lotes de asentamientos irregulares. También pretende garantizar el acceso de habitantes de esos asentamientos a servicios públicos.

En la sesión radicaron seis propuestas legales: cuatro iniciativas de reforma al Código Penal con el objeto de reducir el robo de alcantarillas y rejillas, derogar los artículos declarados inconstitucionales denominados “delitos de halconeo”, penalizar a los servidores públicos integrantes de cualquier institución de seguridad pública, impartición y procuración de justicia, que difundan cualquier tipo de contenido a través de imágenes, videos, documentos o información de la víctima, del cadáver o de sus restos; y tipificar de forma autónoma las conductas que realicen las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de la carpeta de investigación.

También radicaron dos puntos de acuerdo: uno para exhortar a la Fiscalía General para que refuerce su política criminal para combatir la trata de personas y que promueva investigaciones con perspectiva de género que permitan conocer la evolución de este fenómeno delictivo; así como a la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado a que confeccione el Programa Estatal en materia de trata de personas y establezca mecanismos de evaluación; el otro fue para solicitar al fiscal general que informe el número de carpetas de investigación que inició y, en su caso, judicializó.

En la reunión estuvieron presentes la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Cuauhtémoc Becerra González, Bricio Balderas Álvarez y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

Analizan iniciativa en materia de violencia con sustancias corrosivas o inflamables

Las Comisiones Unidas de Justicia y para la Igualdad de Género analizaron la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato y al Código Penal, que tiene la finalidad de visibilizar las agresiones con sustancias corrosivas o inflamables contra las mujeres.

Elizabeth Durán Isaís, representante de la Fiscalía General del Estado, dijo que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado ya incorpora lo que pretende la iniciativa. Respecto a las modificaciones al Código Penal, indicó que debe haber un planteamiento más específico.

Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de Derechos Humanos, sugirió valorar la incorporación de las definiciones previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en virtud de que lo que se enuncia resulta ser una cuestión más amplia y protectora.

Lluvia Marcela Martínez Franco, representante de la Universidad de Guanajuato, consideró adecuado considerar como un hecho más grave cuando la agresión se hace con las sustancias corrosivas. Viviana Sifuentes, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, apoyó la propuesta al calificar este tipo de agresión como un acto de odio contra las mujeres y, por tanto, es violencia de género.

Carlos Rodríguez Pacheco, representante de la Coordinación General Jurídica, estimó necesario el ampliar el catálogo de conductas que atentan contra la integridad física y emocional de las mujeres, al igual que en el Código Penal se pueda armonizar la redacción tomando en cuenta las reformas a la Ley General.

La diputada Susana Bermúdez Cano pidió ampliar el texto para incorporar otras formas de violencia. La priista Yulma Rocha Aguilar señaló que en el debate nacional se contempló agregarle el tipo de sustancias con las que se hace daño a la víctima, por lo que pidió no alejar la redacción de la iniciativa de los conceptos que se construyeron a nivel nacional, al igual que se debe buscar el apartado del Código Penal que tenga un mayor impacto por la naturaleza del acto y que no se pierda que la motivación de las conductas es una agresión en razón de género.

Laura Cristina Márquez Alcalá externó que se buscará la armonización con los términos de la Ley General y que es indispensable profundizar el estudio para que los actos que afectan a las mujeres no queden impunes, por lo que propuso la realización de una mesa de trabajo y atender las recomendaciones escuchadas. La propuesta fue aprobada.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Noemí Márquez Márquez y Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez, Cuauhtémoc Becerra González y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

Además participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, de la Coordinación General Jurídica y de la Universidad de Guanajuato.

Dan seguimiento a propuesta de crear procuradurías auxiliares para protección a menores

Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se dio seguimiento a la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y al Código Civil.

La propuesta busca incorporar la atribución de los ayuntamientos para establecer procuradurías auxiliares, a fin de garantizar el  efectivo   cumplimiento   de   las   obligaciones   generales, constitucionales  e  internacionales  de  promoción,  respeto,  protección  y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Las y los diputados acordaron llevar a cabo una reunión de comisión con la participación de los funcionarios a los que se les solicitó su opinión.

Estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados David Martínez Mendizábal, Bricio Balderas Álvarez, Cuauhtémoc Becerra González y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

Avanza propuesta para proteger a “momias” 

La Comisión de Asuntos Municipales radicó y aprobó las metodologías de análisis de tres iniciativas de reforma a la Ley Orgánica Municipal. La primera, con la finalidad de proteger el patrimonio cultural de los municipios correspondiente a los restos humanos áridos, la cual será remitida al Instituto Estatal de la Cultura, al Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) Guanajuato y a la Universidad de Guanajuato.

La segunda, busca que los vehículos utilizados en el transporte público urbano, suburbano, intermunicipal, turístico y el transporte escolar cuenten con un equipo de videograbación hacia el interior de la unidad para hacer viable el acceso de mujeres, niñas y adolescentes a transporte público seguro y de calidad para eliminar en esos espacios la violencia de género, el abuso y acoso sexual.

La propuesta será enviada a la Secretaría Seguridad Pública, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto de Investigaciones Legislativas y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas para que realicen un estudio de lo planteado en la iniciativa.

La tercera propuesta pretende que los municipios regulen políticas públicas o planes municipales para evitar la contaminación visual en todas sus vertientes. Para su estudio se mandará a la UNESCO México, a la Secretaría de Gobierno, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.

Las iniciativas se remitirán a la Coordinación General Jurídica y a los 46 ayuntamientos, los entes consultados tendrán 20 días hábiles para enviar sus comentarios; mientras que se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas un estudio y opinión de la viabilidad y se realizarán reuniones de grupo de trabajo permanentes.

Como parte del orden del día se radicaron tres puntos de acuerdo. El primero para exhortar al ayuntamiento de León para que inicie un proceso de reestructuración de su gasto, con la finalidad de reorientar los gastos no prioritarios hacia la disminución de la tarifa de transporte público cobrada al usuario.

El segundo, a fin de pedir al Poder Ejecutivo que inicie a la brevedad un procedimiento de revisión y análisis del estatus que guardan actualmente los avances en la implementación de los juzgados cívicos municipales en el estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y se establezcan e impulsen mecanismos de asesoría, planeación y financiamiento para generar la infraestructura necesaria en los municipios con el objetivo de que se cumpla con dicha implementación.

El último fue para pedir a los 46 ayuntamientos que, en la presidencia de sus Comisiones de Igualdad de Género, nombren a regidoras mujeres que dirijan los trabajos sustantivos de tan importante labor para sus municipios.

Finalmente, aprobaron el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal que buscaba que dentro del proceso de entrega-recepción en las administraciones municipales, en lo correspondiente a las aclaraciones, esas pudieran ser por escrito o mediante comparecencia personal.

Participaron en la sesión la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez, Jorge Ortiz Ortega, Armando Rangel Hernández y Ernesto Millán Soberanes.